Puerto Rico, la crisis de deuda del territorio que quiere ser estado

Este septiembre, una tormenta tropical volvió a cebarse con los boricuas. Puerto Rico cumplía cinco años desde que el huracán María devastara la isla y frenara en seco el crecimiento de este territorio estadounidense. Tras María, la crisis económica de Puerto Rico parecía perpetuarse. La tormenta Fiona de este mes no ha hecho más que constatar esos presagios.

Pero para entender la situación de este territorio primero merece la pena detenerse en qué es Puerto Rico. Y no, no es un estado como lo son Florida, Kansas o California.

• La isla es un territorio estadounidense sin poder de voto en las cámaras federales ni en las elecciones presidenciales.
• Los boricuas tampoco tienen acceso a muchos de los programas federales de los que gozan el resto de estadounidenses —aunque tampoco pagan algunos impuestos—.
• Todo y pese a que es una isla en la que viven más personas que en 21 estados del país.

Porque sí, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Pero muchos críticos con el statu quo alegan que en realidad solo son ciudadanos de segunda. Y vistas las carencias de la isla en los años desde el paso de María, una parte importante de los 3 millones de personas que residen allí piensan parecido.

Entonces, ¿por qué sigue Puerto Rico en este limbo en el que es territorio, pero no estado? ¿En qué se traduce ser una cosa, pero no la otra? ¿Y cómo ha afectado esa situación a agravar la crisis económica y de deuda por la que pasa la isla?

La historia de Puerto Rico como parte de EEUU

Puerto Rico pasó a ser parte de Estados Unidos tras la guerra hispano-estadounidense de finales del XIX. España perdió el conflicto y cedió la isla tras la firma del Tratado de París, iniciando más de un siglo de cambios políticos en Puerto Rico.

• Casi dos décadas después, las cámaras estadounidenses aprobaron una ley que concedía la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños.
• La legislación también creó una cámara senatorial y estableció una declaración de derechos, pero abrió la veda para que los boricuas pudieran ser reclutados para el ejército.
• Como resultado de un par de leyes, casi 20.000 puertorriqueños pudieron ser reclutados para luchar en la Primera Guerra Mundial en el bando estadounidense.

A finales de los 40, el gobierno del presidente Harry Truman y varios líderes políticos en Puerto Rico ayudaron a aplacar el ascenso del movimiento independentista.

• Las cámaras de Washington D.C. aprobaron una ley para que los puertorriqueños pudieran votar por su propio gobernador.
• Mientras que los líderes boricuas en las cámaras estatales aprobaron otro texto para atentar contra los derechos de los independentistas. La ley sería declarada anticonstitucional casi una década después.

Llegado 1950, las cámaras federales aprobaron que Puerto Rico pudiera celebrar un referéndum para decidir si aceptar o rechazar una ley que proponía reconocer al territorio como commonwealth.

• Traducido al español como Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en realidad la commonwealth era solo un eufemismo para mantener algo similar al statu quo.
• Puerto Rico adoptó una Constitución propia, votada primero por los boricuas, y modificada y aprobada después por las cámaras federales.

Ascenso y caída de una promesa

Las siguientes décadas probaron ser una oportunidad excepcional para el crecimiento económico de la isla. Puerto Rico no era un estado, pero sí un territorio con ventajas fiscales perfectas para dejar atrás su economía agraria y atraer a la industria manufacturera.

• El proyecto partía de la Operación Manos a la Obra que recortaba los impuestos a las fábricas que quisieran establecer base en la isla.
• Entre 1950 y 1980, el crecimiento per cápita del territorio se multiplicó por diez.
• La capacidad económica y el nivel educativo de los puertorriqueños se disparó.

El inicio de los problemas llegó en 1976, cuando se aprobó un recorte fiscal que permitía a las compañías manufactureras evitar pagar el impuesto de sociedades con los beneficios que hicieran en territorios estadounidenses, incluido Puerto Rico.

• La provisión concreta que lo permitía era conocida como la Sección 936 y desencadenó la entrada en tropel de la industria farmacéutica en la isla.
• Pero en los 90, la medida empezó a tener críticos que la consideraban como una ayuda innecesaria a las empresas y que le costaba demasiado dinero al fisco.
• En 1996, el presidente Bill Clinton aprobó una ley que acabaría con la Sección 936 a lo largo de la siguiente década.

Las consecuencias tardaron poco en hacerse notar. El cierre de fábricas y la fuga de cerebros hacía presagiar lo peor. La crisis económica de 2008 solo hizo que dinamitar el poco optimismo que quedaba.

• A día de hoy, Puerto Rico tiene una deuda desmesurada de más de 74.000 millones de dólares, o un 70% del producto interior bruto del territorio cuando la media de los estados del país está en un 17%.
• Más del 40% de los ciudadanos de la isla viven ahora bajo el umbral de la pobreza, una situación agravada con alevosía por las tormentas.

El control de Puerto Rico, a ‘la junta’

En ese contexto, el presidente Barack Obama aprobó en 2016 una ley llamada PROMESA que establecía la creación de una junta de supervisión financiera para arreglar los problemas económicos de la isla. Y mucho tenía que ver con la crisis de deuda que se remonta a inicios del siglo XX.

• Con la ley de 1917 que reconocía a los puertorriqueños como ciudadanos estadounidenses, también se aprobó una triple exención fiscal para los bonos municipales de deuda de Puerto Rico.
• Esa triple exención la tienen aquellos ciudadanos de un estado que compren deuda del estado en el que residen. Por ejemplo, alguien de Wisconsin comprando bonos de Wisconsin.
• Pero los bonos municipales de deuda en Puerto Rico tenían triple exención fiscal para los ciudadanos de los 50 estados de Estados Unidos. Es decir, para todos.

Durante décadas, la triple exención llenó las arcas de Puerto Rico y sustentó gran parte de su crecimiento económico. Pero en los años 70 las autoridades decidieron empezar a usar dinero prestado en vez de ingresos para ajustar presupuestos.

• La deuda se disparó, lo que sumado a la huida de compañías y la fuga de contribuyentes solo agravó la situación financiera.
• Mantener la red de seguridad social de Puerto Rico, con pensiones, sanidad y ayudas a los más vulnerables, se hacía cada vez más cuesta arriba.

La junta aprobada por Obama llegaba con la intención de sanar las cuentas de un Puerto Rico en crisis, pero los recortes duros en materia de educación, pensiones y ayudas sociales enemistó a sus miembros no-electos con gran parte de los puertorriqueños.

Tormentas, electricidad y un gobierno federal ausente

La llegada del huracán María en 2017 destrozó la red eléctrica de Puerto Rico y devastó la isla, sumiéndola en una crisis económica todavía más aciaga. Pero a diferencia de otros estados, Puerto Rico carece de opciones para reestructurar su deuda o pedir una bancarrota.

• También carece de acceso a muchos fondos y programas federales, en parte porque los puertorriqueños no pagan impuestos sobre la renta.
• De haber sido reconocido como un estado, podría haber percibido miles de millones de dólares más en programas federales, incluidos aquellos que ofrecen seguros médicos y suplementos de comida a decenas de millones de estadounidenses.

Puerto Rico ha recibido ayudas federales de emergencia para paliar sus crisis, pero sus ciudadanos están lejos de tener acceso a algunas de las ayudas que reciben los 50 estados. Y tampoco es como que tengan mucho que decir al respecto.

El limbo político en el que se encuentra la isla limita las posibilidades de sus 3 millones de ciudadanos. Los boricuas siguen hundidos en las miserias generadas por la corrupción y la mala gestión, pero también por los vendavales políticos y económicos han determinado desde Washington D.C.