El Congreso vota la tramitación de la propuesta de ley del PSOE sobre enfermedades neurodegenerativas

El Congreso de los Diputados ha decidido este martes, 23 de abril, por unanimidad comenzar la tramitación de la proposición de ley del PSOE sobre enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer o la ELA. Ahora, esta iniciativa será remitida a la comisión correspondiente para que los grupos parlamentarios presenten las enmiendas que consideren oportunas.

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Puntos clave de la proposición de ley del PSOE sobre enfermedades neurodegenerativas

Acreditar la discapacidad. Se considerará que presentan una discapacidad de grado igual o superior al 33% las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan una pensión de incapacidad permanente de “total, absoluta o gran invalidez”, o que tengan reconocida la situación de dependencia “en cualquiera de sus grados”.

Revisar la dependencia. La iniciativa prevé que la revisión del grado de dependencia deberá gestionarse en tres meses como máximo si se determina “la necesidad de un trámite de urgencia, atendiendo a la esperanza de vida y a la evolución de la enfermedad”.

Residencias para personas con ELA. La futura ley del PSOE sobre enfermedades neurodegenerativas establece que, en el plazo máximo de seis meses desde que entre en vigor este texto, el Gobierno creará residencias para personas con ELA, adaptadas “de forma específica a sus necesidades”.

Ayudas a las personas electrodependientes. Se incluirá a este grupo como consumidores vulnerables para que puedan beneficiarse del bono social eléctrico.

• La condición de electrodependiente se acreditará con base en los términos que establezca el Ministerio de Sanidad, que también elaborará un catálogo de enfermedades que determinan la electrodependencia.

Atención sociosanitaria para pacientes con déficit funcional. La rehabilitación de estos tendrá como objetivo “facilitarles, mantenerles o devolverles el mayor grado de capacidad funcional e independencia posible”.

• Se propone reforzar la coordinación entre las Administraciones públicas mediante “la constitución de órganos de coordinación sociosanitaria” para, así, “responder de forma integral a las necesidades de las personas con enfermedades que por su evolución generan dependencia y discapacidad”.