Así ha sido la postura del PSOE sobre una ley trans desde 2017 hasta ahora

La ley trans y LGTBI que está en tramitación en el Congreso ha vuelto a estar en el centro del desacuerdo entre los socios de Gobierno después de que el PSOE votara a favor, junto al PP, de prorrogar una semana más el periodo para presentar enmiendas. La postura del PSOE sobre la ley trans (y LGTBI, ya que trata de garantizar derechos para todo el colectivo) no siempre ha sido la misma. “Es una mala noticia que PSOE y PP decidan retrasar la tramitación de la Ley Trans y de Derechos LGTBI”, señalaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, en su cuenta de Twitter. 

La secretaria general del grupo parlamentario socialista, Isaura Leal, explicaba que respecto a la voluntad del PSOE sobre  la ley trans “no se está produciendo ningún retraso”. Sin embargo, la militante socialista y exdiputada de  la Asamblea de Madrid Carla Antonelli solicitaba ese mismo día su baja del PSOE alegando, precisamente, un retraso, y urgía a Pedro Sánchez para que, en el seno de su partido, “ponga la ley en su sitio” para que esta “continúe su trámite de urgencia”.

El pasado septiembre, Carmen Calvo, diputada y actual presidenta de la Comisión de Igualdad, señalaba en una entrevista en El Mundo que la futura ley trans podría poner en riesgo la ley de violencia de género, sin ahondar de qué forma, así como a los menores. 

Sin embargo, en 2017 fue el grupo parlamentario socialista el que redactó y registró una proposición de ley que, respecto al cambio de la mención registral del sexo, era muy similar a la que se está tramitando ahora, incluso en lo relativo a los menores.

El PSOE y la ley trans: lo que propuso en 2017

En febrero de 2017, el PSOE emitía un comunicado informando de que había presentado una iniciativa legislativa para que “la solicitud de rectificación de la mención de sexo en el Registro Civil no precise de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y que no se podrá condicionar, en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugía, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”. 

Así, fue el PSOE quien abrió el camino para introducir la autodeterminación de género en el ordenamiento jurídico español (en el ámbito estatal). En noviembre de 2017, el Congreso dio luz verde a la tramitación de la “proposición de ley para la reforma de la Ley 3/2007 para permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales y/o trans, para modificar exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo, y para posibilitar medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España”.

La magistrada y entonces diputada socialista Dolores Galovart fue la encargada de defender, en nombre del grupo socialista, la admisión a trámite de la propuesta. En la sesión plenaria, Galovart señalaba la necesidad de reformar la ley de 2007, especificando que se permitirá el cambio de la mención registral del sexo en menores, alegando que  “lo advierte ya el Consejo de Europa”.

La norma propuesta por el PSOE, y admitida a trámite, contemplaba que cualquier persona a partir de los 16 años podría efectuar la solicitud de cambio registral por sí misma. Para menores de 16 años no se vetaba la posibilidad de cambiar el sexo legal, sino que la proposición planteaba que la podría efectuar “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose la expresa conformidad del menor”. 

La propuesta socialista que se tramitó —y que no llegó a aprobarse porque caducó al disolverse las Cortes por la convocatoria de elecciones— exponía que el único requisito para rectificar la mención registral del sexo era la “declaración expresa de la persona interesada”.

La Ponencia de 2019 para legislar la autodeterminación de género

Dos años más tarde, la Ponencia —en la que también hay diputados del PSOE— aprueba un informe en el que se mantiene el texto registrado por el grupo socialista y, además, añade puntos relacionados con la autodeterminación de género en menores en una línea muy similar con la proposición legislativa actual del Gobierno de coalición. 

Así, respecto a los menores, esta propuesta de la Ponencia de 2019 sobre la proposición de ley del PSOE es menos restrictiva que la proposición legislativa que se está tramitando ahora. Por ejemplo, señala que “las personas de entre doce y dieciséis años podrán efectuar la solicitud por sí mismas o con sus representantes legales, debiendo en el primer supuesto contar con el asentimiento de sus progenitores”.

La norma proyectada ahora solo permite que los menores a partir de los 14 lo pidan por sí mismos si van acompañados y tienen consentimiento parental, frente a los 12 que establecía la propuesta socialista. A los 12 y 13 años, la norma que se tramita en la actualidad permite el cambio del sexo legal pero con requisitos, mientras que el informe acordado por la Ponencia de 2019 planteaba el cambio sin requisitos.

Otra diferencia: la norma propuesta por el Gobierno de coalición no permite el cambio del sexo legal antes de los 12, mientras que el informe de la Ponencia de 2019 sí. Así lo señalaba el documento: “La solicitud la podrán realizar sus padres o tutor, debiendo el menor ser oído mediante una comunicación comprensible por el mismo y adaptada a su edad y grado de madurez”. 

El informe de la ponencia de 2019 fue acordado y firmado por los  grupos parlamentarios de PSOE, PP, Podemos, Esquerra Republicana, PNV y los partidos del Grupo Mixto. El Partido Popular solo votó en contra de dos de los puntos de la ley que no guardaban relación con el cambio de sexo registral sin requisitos: en concreto, la disposición adicional segunda y el apartado 1 de la disposición final segunda. Estos dos puntos eran los referentes a la elaboración de un informe sobre cómo se modificaría el ordenamiento jurídico español para reconocer el género no binario, así como a la posibilidad de que los progenitores de un bebé con una intersexualidad acreditada en el nacimiento pudieran dejar en blanco la mención del sexo en el Registro.

2020: el PSOE considera que la autodeterminación carece de racionalidad jurídica

En 2019, se convocan elecciones y se disuelven las Cortes, dando como resultado, en enero de 2020, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. A pesar de que la ley trans del PSOE se había tramitado en la anterior legislatura, con la disolución de las Cortes, la norma caduca, lo que obliga a volver a empezar de nuevo el proceso parlamentario. 

Menos de un año después, conformado ya el Gobierno de coalición, el PSOE emite un comunicado interno (en junio de 2020) en el que habla “de una polémica creciente respecto a la utilización y la confusión, en ocasiones interesada, de algunos conceptos fundamentales en el feminismo, como son el sexo y el género”: “Hay teorías (concretamente la Teoría Queer) que van ganando terreno en el mundo académico y activista, y que niegan la existencia del sexo biológico, por lo que desdibujan y difuminan la realidad de las mujeres. Si se niega el sexo, se niega la desigualdad que se mide y se construye en base a este hecho biológico”, señalaba el escrito.

El documento, dirigido a secretarías y portavocías del propio partido, estaba firmado por los entonces cargos socialistas José Luis Ábalos, secretario de Organización, Carmen Calvo, vicepresidenta primera y secretaria de Igualdad, Santos Cerdán, secretario de Coordinación Territorial, y Alfonso Rodríguez, secretario de Relaciones Institucionales.

El comunicado iba acompañado de un argumentario donde se manifestaba la oposición a la libre determinación de la identidad de género. Así, argumentaba el PSOE en su documento, el partido se mostraría contrario “a los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos”, ya que la autodeterminación de la identidad de género “carece de racionalidad jurídica”.

2021: Igualdad prepara su primer borrador de ley trans

A principios de 2021 se hace público el primer borrador de ley trans a cargo del Ministerio de Igualdad. La entonces vicepresidenta Carmen Calvo apuntaba entonces, en declaraciones a la SER, que su principal preocupación era la posibilidad de modificar la mención registral relativa al sexo “sin más que la mera voluntad o el deseo”, ya que esto podría generar inseguridad jurídica.

“A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”, apuntaba Calvo.

Este borrador de la ley finalmente se fusiona con el borrador de otra norma, la LGTBI. Tras varios cambios consensuados entre los socios de Gobierno, se propone un único texto: la ley trans y LGTBI o Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

El Consejo de Ministros aprueba la ley trans y LGTBI

En junio de 2021, el Consejo de Ministros aprobaba en primera vuelta el anteproyecto de ley, que incluía la autodeterminación de género. La misma herramienta jurídica que aparecía en la proposición del PSOE de ley trans y que no solo fue defendida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, sino también por la entonces portavoz del Gobierno y actual número dos del PSOE, María Jesús Montero: “Lo que establece es justamente ese derecho a la libre determinación del género, siempre desde la madurez y desde la estabilidad, que son elementos imprescindibles para las garantías jurídicas que tiene que tener el ejercicio de los derechos”, aseguraba justo antes de afirmar que por su parte no había posibilidad de haber redactado un texto más positivo: “Yo creo que es el mejor texto que este Gobierno ha podido producir y por tanto, todos los miembros de este Gobierno formamos parte de este texto legislativo, hayamos contribuido o no con nuestros párrafos o con nuestras aportaciones a su mejora”.

El PSOE y el Congreso de 2021 en defensa de la ley trans

Solo unos meses después, el partido socialista celebraba su 40 Congreso e incluía en las resoluciones aprobadas una mención expresa a la futura ley trans y a la “manifestación de la propia identidad” incluida en esta.

Según quedó escrito en el documento, la formación consideraba que con este texto materializaba “un compromiso histórico tanto programático como orgánico del PSOE” y ponía fin a “las dificultades administrativas actuales” con las que se enfrenta el colectivo: “Esta futura legislación aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso, tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido”.

En junio de 2022, el Consejo de Ministros aprobaba el texto definitivo para remitirlo a las Cortes, cuando empezó su tramitación.