“Le sometieron con 16 años a desnudos y exploración”: las “pruebas invasivas” para saber la edad de menores no acompañados tienen los días contados

El Gobierno quiere terminar con las llamadas “pruebas invasivas” para determinar la edad de los menores no acompañados que llegan a España.

Se busca prohibir las pruebas invasivas en menores que se realizaban y que podían implicar hasta desnudos integrales para el menor.

El Consejo de Ministros ya ha aprobado el anteproyecto de ley. Aunque, antes de convertirse en una ley tendrá que pasar por una fase de consulta pública para que tanto particulares como entidades sociales aporten propuestas.  

El objetivo es terminar con casos como el de Esperanza, que llegó a España con 16 años en agosto de 2017. Huia de la violencia sexual que padecía desde niña en Camerún, su país. Cuando llegó al aeropuerto de Madrid, la Policía la identificó y registró como menor de edad y posible solicitante de asilo. 

Sin embargo, en noviembre de 2018 la Fiscalía inició el procedimiento para determinar su edad. La sometió a pruebas invasivas como la exploración física “con desnudo integral y exploración de sus genitales”. Lo explica la Fundación Raíces, que llevó el caso a los tribunales. 

De dichas pruebas, se concluyó por “el vello pubiano y el desarrollo mamario” que podía tener 18 años. Esperanza se quedó en la calle.

La decisión sobre su edad suponía dejar de estar bajo la tutela pública. No podía acceder a la protección que da la ley a los menores que llegan a España.

La Fundación Raíces la acogió e inició un procedimiento legal que ganó. Cuatro años más tarde se conoció la sentencia del el Tribunal Supremo.

“Ante la ausencia de una conclusión inequívoca de que fuera mayor de edad, debió ser considerada como menor, tal como ella declaraba, y coincidente con la documentación escolar y sanitaria que portaba”, sentenció.

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Unas pruebas contrarias a los derechos del niño

Esta decisión de prohibir este tipo de pruebas invasivas a menores está en línea con lo que reclama las Naciones Unidas (ONU).

La Convención sobre los Derechos del Niño pide que las pruebas se realicen “evitando todo riesgo de violación de la integridad física” del menor.

“El Gobierno inició un grupo de trabajo hace un par de años del que formábamos parte», explica a Newtral.es Rosa Otero, del departamento de comunicación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  

«Ha concluido con este anteproyecto que esperamos estudiar pronto pero que, en principio, es positivo”, asegura.

Para ACNUR, “es necesario que se reconozca a los menores como niños pero también identificar a aquellos que necesiten protección internacional”.

En España, no son pocas las sentencias judiciales contrarias a este tipo de procedimientos. La última del pasado 21 de marzo, del Tribunal Supremo.

“El criterio prioritario en esta materia es el de la protección del menor, que se encuentra en nuestro país sin familia, lo que hace de él un menor muy vulnerable”, sentencia.

Un clamor de las entidades 

Las diferentes organizaciones que trabajan con los menores que llegan a España ya pedían la supresión de este tipo de pruebas.

“Han estado siempre en tela de juicio”, comienza Catalina Perazzo, directora de incidencia y políticas de infancia de Save The Children. “Atentan contra la dignidad de las personas e implican procedimientos, como el desnudo integral, que no son estrictamente necesarios para determinar la edad”, prosigue. 

Por ese motivo, consideran que esta reforma es “muy necesaria”. Y piden intentar buscar “un método holístico” y se tengan en cuenta a otros profesionales también, como pediatras y psicólogos. 

Es decir, “buscar otro tipo de herramientas que no sean nada invasivas para los niños”, dice. 

En ese sentido, desde la Fundación Raíces, que lleva más de 10 años atendiendo a estos menores, denuncian que “los derechos fundamentales de estas personas han sido vulnerados».

«Este procedimiento para determinar su edad sin garantías ha sometido a miles de estos niños y niñas a pruebas radiológicas, desnudos integrales, exploración de sus genitales, etc.”, insisten.

Fruto de la oposición firme de todas las organizaciones ante estas pruebas, “el Gobierno se ha visto obligado a modificar dicho procedimiento y a elaborar una nueva Ley que lo regule”, celebra la asociación.

Son pruebas con “grandes márgenes de error”

La propia comunidad científica advierte de que las técnicas para estimar la edad a través de radiografías óseas tienen un importante margen de error.

“Son pruebas con grandes márgenes de error apreciados por la comunidad científica”, explican a Newtral.es desde Médicos del Mundo. Además, llevan pidiendo desde hace tiempo “una evaluación global de los resultados que sea llevada a cabo por un médico especialista en medicina legal con formación específica”. Y así evitar que todo se reduzca a la “interpretación de pruebas radiológicas aisladas”.

En esa misma línea se pronuncia un exhaustivo informe encargado por el Defensor del Pueblo en España en 2011.

El doctor Pedro Manuel Garamendi González, médico forense del  Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Huelva, asegura que estas pruebas no implican certeza.

“La estimación forense de la edad es una valoración médico legal que nunca, ni siquiera en aquellos casos en los que la bibliografía médica parece apoyar conclusiones absolutamente certeras, constituye un diagnóstico de certeza”, asegura el doctor. 

Es decir, que “todas las valoraciones médicas que pueden hacerse sobre el diagnóstico de la edad en la actualidad no pasan de constituir meras estimaciones de probabilidad de que un sujeto de estudio tenga una u otra edad cronológica”, insiste el doctor. 

Y lo mismo concluye el Tribunal Supremo en la sentencia del 21 de marzo sobre Esperanza: “las pruebas médicas practicadas no se extrae una determinación segura y exacta de la edad de la joven, cuya apariencia de menor de edad no fue puesta en duda por la policía del puesto fronterizo”.