Preguntas y respuestas: el proyecto de ley de Memoria Democrática

El Gobierno de coalición ha llevado este martes en segunda vuelta al Consejo de Ministros el proyecto de ley de Memoria Democrática para enviarlo al Congreso de los Diputados y que se inicie su tramitación parlamentaria. Se trata de un texto que sustituirá una vez aprobado a la Ley de Memoria Histórica de 2007 del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, con el fin de ajustarse a algunas recomendaciones de los organismos internacionales, según el Gobierno. 

La ex vicepresidenta segunda y extitular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, fue la impulsora de la iniciativa, que desde el pasado 12 de julio ha quedado en manos de su sucesor en ese ministerio, Félix Bolaños. 

Estaba previsto que el proyecto de ley de Memoria Democrática se presentara en el Consejo de Ministros del 13 de julio, pero el Gobierno decidió aplazarlo una semana tras el relevo en el ministerio. Bolaños ha calificado la norma como “un avance muy importante” y ha trasladado la apertura del Gobierno a que “en la tramitación parlamentaria (se registre) cualquier aportación que se haga para mejorarla y conseguir un consenso más amplio”. 

¿Cuál es el objeto y la finalidad del texto?

La recuperación de la memoria democrática, así como el reconocimiento de las víctimas y su “reparación moral”, están en el centro de esta nueva norma. En el artículo 1 del anteproyecto así lo exponía el anteproyecto, sobre los principios de “verdad, justicia, reparación” y deber de memoria o garantías de no repetición.

• Entre otras iniciativas, el texto plantea declarar el 31 de octubre como “Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura”, y el 8 de mayo, el “Día de homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra y la Dictadura”. 
• Además, se identifica el concepto de víctimas como aquellas pesonas que “con independencia de su nacionalidad, haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violación de derechos humanos durante el periodo que abarca el Golpe de Estado de 18 de Julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978”.

¿Cuáles son los puntos clave del proyecto de ley de Memoria Democrática?

Según ha expuesto el ministro Bolaños, estas son algunos puntos clave del proyecto de ley de Memoria Democrática: 

1. Condena y repudia el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura. 
2. Declara la ilegalidad de los tribunales y juicios, y la nulidad de determinadas condenas y sentencias dictadas durante la guerra y la dictadura. Se refiere en concreto a aquellas motivadas por razones “políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación sexual”. Además, se reconoce el derecho a obtener una declaración moral e histórica pero no patrimonial del Estado de reparación y reconocimiento personal de las víctimas.
3. Auditoría e inventario de bienes expoliados por el régimen franquista por razones políticas, de conciencia e ideológicas.
4. Destaca el papel de las mujeres durante este periodo político. Se busca reparar la memoria de aquellas víctimas de la represión cuyo sufrimiento se agravó por su condición de mujeres; tanto por ser señaladas por sus compañeros o familiares como por haber sido condenadas por adulterio o interrupción voluntaria del embarazo. También aspira a reivindicar el rol del “movimiento memorialista”.
5. Búsqueda de desaparecidos y exhumación (en su caso) a cargo del Estado. El texto reivindica la responsabilidad del Estado para coordinar las operaciones en una planificación cuatrienal. Además, impulsa la creación de un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura.
6. Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo. Se propone la creación de un fiscal de sala que identifique potenciales violaciones de los derechos humanos para investigar y abrir diligencias sobre crímenes cometidos durante la guerra, la dictadura y hasta 1978.
7. Creación de un Centro Documental de Memoria Democrática en Salamanca. Se recogerán los archivos documentales desde el golpe de Estado hasta la proclamación de la Constitución en 1978.
8. Régimen sancionador de hasta 150.000 euros. A diferencia de la ley de Memoria Histórica de hace 14 años, esta norma sí estipula un régimen sancionador que según el anteproyecto de ley era de entre 200 y 150.000 euros para infracciones leves, graves o muy graves. Son infracciones muy graves, por ejemplo, la destrucción de fosas o el menoscabo de los lugares de memoria democrática.
9. Extinción de fundaciones. Se modificará la ley de asociaciones y de fundaciones  para que se puedan extinguir organizaciones “que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio. Será causa de extinción de las fundaciones”, explicó el ministro. En concreto, según ha explicado, la ley de fundaciones quedará enmendada con esta norma de Memoria Democrática de manera inmediata. Este punto puede comprometer la existencia de la Fundación Francisco Franco, algo que podría suceder después de un procedimiento que no llevará a “una extinción inmediata si es que así se insta”, detalló Bolaños.
10. Resignificación del Valle de los Caídos y extinción de la Fundación de la Santa Cruz. Un futuro real decreto establecerá el marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos y definirá la fecha de entrada en vigor de esta fundación que concedía a los benedictinos la custodia del monumento. También se regularán los llamados lugares de Memoria Democrática.
11. Actualización de los contenidos educativos para la ESO, Bachillerato y FP. El texto prevé que las administraciones educativas adopten medidas para poner en marcha formaciones, actualizaciones científicas, didácticas y pedagógicas sobre memoria democrática. 
12. Retirada de “símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”. El texto contempla que las administraciones “adoptarán las medidas oportunas para la retirada” de escudos, insignias, placas y otros elementos ubicados en el espacio público que “realicen menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones” del régimen.

Tras una visita a España en 2014, el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, detectó la existencia de manuales que mantenían “la idea de una responsabilidad simétrica” entre las partes en conflicto. También criticaba la “privatización” de las exhumaciones, que quedaban en manos de asociaciones y víctimas y cuestionaba las “interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía” de 1977.

Además, el ministro Bolaños ha añadido novedades como la apertura de dos nuevos supuestos de nacionalidad para optar a la nacionalidad española:

• Para los hijos de españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura.
• Para los hijos mayores de edad de aquellos que tuvieron esta posibilidad a raíz de la ley de Memoria Histórica de 2007. Esta vez se amplía la opción a los hijos que en ese momento eran mayores de edad.

También se creará un Consejo Interterritorial para favorecer la cooperación entre administraciones y se fundará un Consejo de Memoria Democrática con las asociaciones memorialistas.

¿Qué camino ha recorrido el texto hasta ahora?

La “recuperación de nuestra memoria democrática” fue el punto 5.4 del acuerdo de coalición del PSOE y Unidas Podemos acordado para sentar las bases del Gobierno. Después, y tras la exhumación de Francisco Franco el 24 de octubre de 2019, el texto fue tomando forma hasta que en septiembre de 2020, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley de Memoria Histórica. Al anteproyecto de septiembre de 2020 se presentaron más de un millar de alegaciones.

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Tras esa primera lectura, el anteproyecto de 66 páginas ha pasado por audiencia pública y los órganos consultivos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal. Sus informes no vinculantes han sido tenidos en cuenta e incorporados al proyecto de ley presentado este 20 de julio.

¿Y en qué punto de la tramitación se encuentra?

Tras la presentación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros, el Gobierno remitirá el proyecto de ley a la Mesa del Congreso con una exposición de motivos y antecedentes. Empieza así el proceso parlamentario, a pesar de que en el Congreso de los Diputados el primer periodo ordinario de sesiones ha concluido y el segundo comienza en septiembre. 

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No obstante, la Cámara puede celebrar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, la Diputación permanente o la mayoría absoluta de los diputados. Los grupos parlamentarios podrán después plantear más modificaciones.

Añadidos durante la tramitación

En la fase de consultas con organismos como el CGPJ o el Consejo Fiscal, se han conocido matizaciones de los respectivos informes. En concreto, con respecto al primer borrador del anteproyecto de ley de Memoria Democrática, el Pleno del CGPJ dio luz verde el 7 de junio a un informe que hacía las siguientes recomendaciones:

• Disolución de entidades que enaltezcan la figura de Franco. La cita de la “apología del franquismo” como condición para extinguir una fundación —como la Fundación Francisco Franco— “sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas”, apunta el informe, esas manifestaciones están “amparadas por la libertad de expresión”. Por lo tanto, sugiere que se precise ese punto, como ha añadido el ministro Bolaño. 
• Nulidad de las condenas y sanciones. El CGPJ sugiere que se limite la nulidad “a la existencia de un contenido específico de condena o sanción”. 

¿Qué acogida tendrá el proyecto de ley de Memoria Democrática en el Congreso?

Un día antes de la llegada del proyecto de ley al Consejo de Ministros, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, anunció que su partido recurrirá la ley “sin verla” al considerar de entrada que se vulneran “cinco o seis” artículos de la Constitución sobre libertad ideológica, religiosa, de información, de expresión y de cátedra. 

Por su parte, el líder del PP y de la oposición, Pablo Casado, prometió que de llegar a La Moncloa, su formación derogará la ley de Memoria Democrática si sale adelante a través de una ley de Concordia que, según dijo, ya está escrita.

Fuentes:

• Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
• Informe de 2014 tras una misión a España del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.
• Nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ponencia de los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea con respecto a la Ley de Memoria Democrática.