El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta un proyecto de ley orgánica que regula el derecho a la rectificación, en sustitución de la normativa vigente de 1984, para adaptarlo al ecosistema mediático actual e incluir a los medios digitales y publicaciones de influencers en redes sociales.
- Este cambio de la ley del derecho a la rectificación forma parte del Plan de Acción por la Democracia.
Contexto. Como explicó a Newtral.es Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, el derecho a la rectificación “es el derecho recogido por ley que tenemos todas las personas, todos los ciudadanos, de que cuando se da alguna información o algún tipo de dato sobre nosotros que es falso, inexacto o parcial, esa mentira se corrija”.
- La ley vigente es de 1984 y en ella no se incluye ninguna referencia al entorno digital, donde este derecho “queda indefenso”, según señaló el experto.
El proyecto de ley. Esta propuesta legislativa plantea que los ciudadanos puedan pedir que se rectifique información publicada tanto en medios de comunicación tradicionales como en digitales y plataformas en línea.
- Según ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, esta iniciativa busca adaptar la ley a los nuevos tipos de medios de comunicación y plataformas digitales, así como reforzar la efectividad del derecho a la rectificación y agilizar los procedimientos judiciales en este ámbito.
Estas son las principales novedades que contempla el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de rectificación:
Sujetos de rectificación. La norma plantea que se pueda pedir la rectificación de las informaciones difundidas en medios de comunicación tradicionales y digitales, así como aquellas publicadas en plataformas en línea o en redes sociales.
- En el caso de las redes sociales, la norma se aplicaría a los denominados “usuarios de especial relevancia”. Esto significa que afectaría a los influencers que tengan más de 100.000 seguidores en una plataforma concreta o más de 200.000 si se suman todas las redes sociales de esa persona.
Mecanismos accesibles y visibles. Según ha explicado Bolaños, el proyecto de ley también propone que los medios digitales cuenten con un mecanismo “gratuito, fácilmente accesible y perfectamente visible” que permita al ciudadano enviar “de manera inmediata” una solicitud de rectificación.
- Los usuarios de especial relevancia también deberían informar en un lugar visible sobre los medios en los que se puede ejercer el derecho a la rectificación.
Solicitudes y plazos para ejercer el derecho. El texto suprime la obligación de dirigir la solicitud de rectificación a los directores de los medios de comunicación y bastaría con enviarla al medio para que se gestione. En el caso de las plataformas en línea y redes sociales, se debería remitir a la persona que ejerza el control efectivo sobre ese usuario o sobre la información publicada en el perfil.
- La propuesta plantea que el plazo para presentar la solicitud sea de diez días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales. Este se ampliaría a 20 días si ha sido en medios digitales o en cuentas de influencers.
Proceso de rectificación. El proyecto de ley orgánica mantiene la obligación de publicar la rectificación en tres días, aunque se podrían incorporar opiniones o valoraciones que “no resulten excesivas ni sean impertinentes” en el objeto de la rectificación. Cuando la publicación original fuese rectificada, habría que comunicarlo.
- Los medios digitales deberían crear un nuevo enlace a la información original. Las plataformas en línea, deberán publicarla en un lugar visible junto con la información original.
Próximos pasos. Una vez aprobado en el Consejo de Ministros, el proyecto de ley comenzará su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales.
- Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
- Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco
- Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación
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