Doce provincias no realizaron abortos en 2022 y otras han empezado a notificar más interrupciones en centros públicos

Hay 12 provincias que no notificaron abortos en 2022 y esta prestación se sigue llevando a cabo mayoritariamente en centros privados. Son dos de las principales conclusiones del último informe anual de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el número de abortos en centros públicos sigue aumentando ligeramente, ya que hay provincias que han comenzado a notificar más interrupciones, en hospitales principalmente, que en años anteriores.

El informe anual de IVE permite realizar una radiografía, tanto nacional como regional, sobre esta prestación. Estas son las claves respecto al último año, 2022.

Provincias que no realizaron abortos en 2022

Hasta 12 provincias no practicaron abortos en 2022, siguiendo con la tendencia de años anteriores. Se trata de Jaén (Andalucía); Huesca y Teruel (Aragón); Cuenca, Toledo y Guadalajara (Castilla-La Mancha); Palencia, Soria, Ávila, Segovia y Zamora (Castilla y León); y Cáceres (Extremadura).

Esto implica que las mujeres residentes en dichas provincias han sido derivadas a otras provincias de su comunidad autónoma, o incluso a otras CCAA, para poder abortar. Por otro lado, hay provincias que sí notifican abortos pero que también derivan a las pacientes a otras regiones, como contábamos en Newtral.es.

El dato que podemos extraer del informe de Sanidad es que hasta 4.452 abortos fueron solicitados en esas 12 provincias pero no se practicaron ahí, por lo que las mujeres tuvieron que viajar para interrumpir su embarazo. 

El 82,7% de interrupciones se realiza en centros privados

La prestación de la interrupción voluntaria del embarazo está financiada, es decir, está incluida en la cartera de servicios de la sanidad pública. Sin embargo, la mayoría de comunidades autónomas siguen derivando esta prestación a centros privados acreditados con los que tiene concertado este servicio. Cuando hay una derivación a una clínica privada, si se hace a través del sistema público, la paciente no paga por abortar. Pero tal y como contábamos en Newtral.es, todavía hay mujeres que acuden directamente a una clínica privada para interrumpir su embarazo, costeándolo de su bolsillo.

En 2022, el 82,7% de abortos se realizaron en centros privados. Aunque muestra que la mayoría de interrupciones son externalizadas, el porcentaje sigue disminuyendo ligeramente respecto a años anteriores.

Si analizamos los datos por comunidades autónomas, vemos que la mayoría de CCAA practican más del 90% de abortos en centros privados: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja. 

Hay otras tres que realizan más del 50% en centros públicos: es el caso de Baleares (60,7%), de Cantabria (73%) y de Cataluña (52,7%). Por último, Galicia realiza el 42% de interrupciones en la pública y Navarra, el 31,2%. En el caso de Galicia, además, ha habido un aumento significativo respecto al año anterior, cuando el 22% de los abortos se realizaron en centros públicos.

Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) explican a Newtral.es que el hecho de que los centros públicos en determinadas CCAA asuman cada vez más abortos “se sustenta en la utilización exclusiva del método farmacológico relegando la técnica instrumental, que es la elegida mayoritariamente por las mujeres cuando estas pueden elegir libremente”. Por ello, desde ACAI alertan de que “se está implementando el aborto” en la sanidad pública “a costa de la calidad de la prestación”. “Las mujeres tienen que poder elegir qué método quieren”, concluyen.

En Newtral.es contamos el caso específico de Burgos, donde hay dos hospitales públicos que realizan abortos: el Santiago Apóstol, desde 2012, y el Universitario de Burgos (HUBU), desde 2022. Como explicaba a este medio el ginecólogo Abel Renuncio, que ejerce en el HUBU pero también lo hizo el Santiago Apóstol, el HUBU de momento “solo realiza interrupciones farmacológicas hasta la semana 12”. ¿Y si una usuaria prefiere el método instrumental? En ese caso, el sistema público la deriva a la única clínica privada de Castilla y León con la que la administración tiene concierto: la de Valladolid. 

“Había que decidir entre comenzar la prestación del servicio a través de la vía farmacológica o demorarla hasta poder ofrecer también el método instrumental. Optamos por la primera opción, pero somos conscientes de que la paciente tiene que poder elegir. A día de hoy, es complicado contar con ambas opciones porque un aborto instrumental requiere unos recursos extra: quirófanos, personal de anestesia y enfermería…”, aclaraba el ginecólogo Abel Renuncio. 

Hay provincias que aumentan su porcentaje de abortos en centros públicos, el camino que marca la ley del aborto aprobada en 2023

Y es Burgos precisamente una de las provincias que destaca por realizar abortos en la pública en 2022. Tal y como se observa a través de los informes autonómicos de Castilla y León, en 2021 el 17,1% de los abortos en Burgos se realizaron en un centro público (el Santiago Apóstol). Pero en 2022, este porcentaje aumentó hasta alcanzar el 56,8% gracias al servicio que ha comenzado a prestar el HUBU. 

De hecho, son las únicas interrupciones en toda Castilla y León que se realizan en centros públicos. Suponen el 8,7% del total de toda la comunidad autónoma. 

Hay más provincias que en 2022 comenzaron a notificar abortos a través de centros públicos. Por ejemplo, Zaragoza. El informe del Ministerio de Sanidad indica que el Hospital Clínico Universitario habría realizado interrupciones, aunque no es posible saber cuántas porque el documento no desagrega datos por provincias. Tampoco es posible averiguarlo a través de los datos autonómicos que ofrece Aragón sobre abortos. Sí podemos saber a través del informe del Ministerio de Sanidad que no suponen un gran porcentaje. Teniendo en cuenta que ni Huesca ni Teruel notifican abortos, las 12 interrupciones realizadas en centros públicos en 2022 deben de haber sido en Zaragoza. Un porcentaje que no llega al 1%. 

En Castellón también se suma el Hospital Comarcal de Vinaròs —ya había otros dos hospitales públicos que notificaban abortos en años anteriores—. Pero, sin duda, el lugar donde más aumentan los centros públicos que notifican interrupciones del embarazo es Galicia. En A Coruña aparecen seis nuevos centros respecto a 2021, en Lugo dos, y en Ourense uno. Como explicábamos, el informe del Ministerio de Sanidad no desagrega datos por provincias y el tipo de centro, y tampoco hay datos autonómicos, pero sí se observa que en toda la comunidad autónoma, los abortos en la pública han pasado del 22% en 2021 al 42% en 2022. 

Por último, en la Comunidad de Madrid también hay hospitales públicos que notificaron abortos, a diferencia de años anteriores. Los que aparecen son Fundación Hospital Alcorcón, Hospital de Fuenlabrada, Hospital de Torrejón y Hospital Severo Ochoa. En Newtral.es ya contamos que Madrid sí realizaba abortos en centros públicos, pero no se notificaban oficialmente. Por ejemplo, para nuestra investigación accedimos al historial de una paciente que abortó en 2022 en el Hospital Gregorio Marañón. Sin embargo, este hospital no aparece como uno de los centros que ha notificado abortos. 

En conversación con Newtral.es, Raquel Hurtado, coordinadora del área de intervención social de la Federación de Planificación Familiar Estatal (SEDRA-FPFE), explica que “esto evidencia que algunos hospitales estarían empezando a enmendar ese error de practicar abortos y no informar de ello”. Hurtado recalca que “en todo caso, la cifra es mínima”. Es decir, en Madrid, “la inmensa mayoría de interrupciones se realizan en clínicas privadas”.

Este es el camino que marca la reforma de la ley del aborto, aprobada en febrero de este año, ya que uno de sus principales objetivos es que las interrupciones del embarazo se realicen en centros públicos. Para ello, una de las herramientas clave que contempla la norma es la creación de un registro de objetores de conciencia en cada comunidad autónoma para que, de esta forma, los hospitales puedan organizar sus servicios garantizando la prestación sin derivarla a clínicas privadas y/o a otras provincias o CCAA.