El mapa de las protecciones temporales a ucranianos en España un año después sitúa a Valencia como la comunidad con más refugiados

Cuando se cumple un año del comienzo de la invasión rusa, España ya ha concedido 168.131 solicitudes de protección temporal a refugiados ucranianos, de los que el 63% son mujeres. La Comunidad Valenciana y Cataluña acumulan la mitad de estos permisos, seguidos por Andalucía y la Comunidad de Madrid.

Analizamos cómo se ha distribuido hasta ahora la protección temporal a lo largo del territorio español.

Así ha sido la distribución de las concesiones de protección temporal por comunidades

Para los mayores de edad la aceptación de la solicitud también conlleva el permiso de trabajo (por cuenta propia o ajena) y de conducir. Para los menores, el derecho a acceder a la educación en las mismas condiciones que los españoles. También tienen todas las prestaciones previstas en el sistema de acogida y atención médica.

Pero la concesión no significa que estos refugiados se encuentren en el punto geográfico en el que se les ha concedido, pues la protección temporal les habilita a desplazarse por toda España y también para volver a Ucrania. 

Solo un 7% es mayor de 65 años

La mayor parte de refugiados tienen entre 36 y 64 años —34,5%—, mientras que los menores de 18 son un 33%. El resto tienen entre 19 y 35 años y solo un 7% son mayores de 65. 

La protección temporal a ucranianos tiene una duración de un año, aunque se puede prorrogar otro, y “excepcionalmente”, por uno más. La solicitud se resuelve en un plazo máximo de 24 horas a través de correo electrónico, postal o en las comisarías o centros de acogida. 

Para 2023 el Gobierno ha dotado con 163,5 millones de euros a las ONG de acogida a refugiados ucranianos 

Para este 2023, como publicó en noviembre el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Inclusión dotó de una planificación extraordinaria de 163,5 millones de euros para la acción concertada (ONG) de acogida a ucranianos. 

Algunas de sus funciones son proporcionar asistencia jurídica, enseñar el idioma, orientación cultural y apoyo psicológico, entre otras, y la cuantía se ha establecido en función de la estimación de personas que serán atendidas durante a lo largo de este año en España.