En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles 15 de diciembre se publica una prórroga de las limitaciones de los vuelos entre algunos países de África y los aeropuertos españoles para limitar la propagación de la COVID.
Con motivo de la aparición de la variante Ómicron, el pasado 30 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el establecimiento de estas medidas excepcionales hasta el día 15 de diciembre incluido. Con la publicación de esta orden, quedan prorrogadas las limitaciones de vuelos hasta el 29 de diciembre de 2021.
Además, incluye en el listado de países que se ven afectados por estas restricciones a la República de Malawi y a la República de Zambia “dada su situación epidemiológica y su proximidad con la zona afectada”. Con esta actualización, los países que se ven afectados por la limitación de vuelos con África son:
- Botsuana
- Eswatini
- Lesotho
- Malawi
- Mozambique
- Namibia
- Sudáfrica
- Zambia
- Zimbabue
Así, la realización de vuelos desde cualquier aeropuerto situado en uno de estos países africanos solo podrá llevarse a cabo cuando transporten exclusivamente nacionales o residentes en España o Andorra, o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.
No obstante, el acuerdo recoge algunas excepciones a las limitaciones de estos vuelos con África. Entre ellas se encuentran casos como los vuelos de aviones de Estado, servicios de búsqueda y salvamento o los vuelos exclusivos de carga.
Nuevas ayudas a entidades en el ámbito de la transición ecológica
El BOE recoge también el real decreto que regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito de la transición ecológica. En concreto, estas ayudas se destinan a actividades consideradas de interés social, y se financian con cargo a la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades.
La cuantía total de estas subvenciones es de 1.043.347,94 euros, con un ligero aumento respecto a las concedidas en 2020, cuyo presupuesto fue de 959.999,98 euros. En 2021, el presupuesto se ha repartido entre cinco entidades:
- Amigos de la Tierra España: 144.807,44 euros.
- Confederación de Ecologistas en Acción-CODA: 289.513,50 euros.
- WWF. Asociación en defensa de la naturaleza: 289.513,50 euros.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife): 289.513,50 euros.
- Consejo General de Economistas de España: 30.000 euros.
Estas entidades deben enfocar sus líneas de actuación en la mitigación del cambio climático, el uso sostenible de los recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular, la prevención de la contaminación o la protección de la biodiversidad, entre otros.
La novedad respecto a 2020 es que ha entrado en el reparto de estas ayudas el Consejo General de Economistas. Según recoge el documento, este organismo deberá destinar la subvención a “investigaciones dentro de su ámbito de especialización profesional de interés para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, especialmente referidos a sostenibilidad y taxonomía de la información no financiera”.
118 millones de euros para la transformación digital de las comunidades autónomas
A través de una resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, ha quedado establecido el reparto entre las comunidades autónomas del crédito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la transformación digital y modernización de las comunidades y ciudades autónomas.
El documento recoge lo que recibirá cada comunidad autónoma en 2021, cuya suma total supera los 118 millones de euros. Por su parte, la cuantía para la anualidad 2022 será de 239.072.255 euros y la de 2023, 221.300.000 euros. Entre los tres años, se distribuirán 578.600.000 euros.
El reparto del 100% de los fondos se ha hecho siguiendo como criterio único la cifra oficial de población de acuerdo al padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ello, Andalucía es la comunidad autónoma que más recibe, en torno a los 21 millones de euros. A continuación, se sitúa Cataluña, con 19 millones; y la Comunidad de Madrid, con casi 17.
Modificación de la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
El pasado 2 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la ley de la cadena alimentaria. El objetivo es establecer una relación más justa entre agricultores, ganaderos, industria y distribución.
[Qué es la ley de la cadena alimentaria y cómo afecta a ganaderos, supermercados y consumidores]
Con esta modificación de la ley de 2013, se actualizan diferentes puntos entre los que se encuentran el ámbito de aplicación, distintos aspectos sobre el régimen de contratación y prácticas comerciales desleales o las infracciones en materia de contratación alimentaria.
