Impuesto a las grandes fortunas y proxenetismo: UP y PSOE llevan al Congreso propuestas sobre las que su socio de coalición ha mostrado reticencias

Poco después de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, Pedro Sánchez concedió una entrevista en la que daba una razón para rechazar una coalición con Unidas Podemos: “No queremos dos gobiernos en uno”, aseguraba. Meses después, y una repetición electoral mediante, aseguraba que “el mandato de las urnas” había sido claro y firmaba un acuerdo de coalición con Pablo Iglesias. Un acuerdo que fusionó propuestas de UP y del PSOE.

Como han repetido dirigentes socialistas y morados desde entonces, el Consejo de Ministros lo componen dirigentes de diferentes partidos, con formas de pensar dispares y medidas estrella diferentes. Y aunque las desavenencias no han sido pocas, nunca se había dado la situación que vive este martes el pleno del Congreso: los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos someten respectivamente a debate una iniciativa sobre la que su socio de Gobierno ha mostrado recelos. El fin del proxenetismo en el caso de los socialistas y el impuesto a las grandes fortunas, en el de UP. 

La propuesta del PSOE para acabar con el proxenetismo “en todas sus formas”

En pocas palabras. Los socialistas plantean no solo endurecer las penas contra los proxenetas, sino también castigar a quienes prestan con ánimo de lucro un lugar para que se ejerza la prostitución (tercería locativa) y sancionar tanto a los clientes como a las empresas que se lucren con ello. 

• Endurecimiento de penas. Proponen que se castigue con una pena de tres a seis años de cárcel y una multa de 18 a 24 meses a quien “empleando la violencia, intimidación o engaño” o abusando de su superioridad o de la vulnerabilidad de la víctima determine a alguien mayor de edad a ejercer o mantenerse en la prostitución. 
  • Cómo es ahora. La sanción va de los dos a los cinco años de prisión con una multa de 12 a 24 meses. 
• Tercería locativa. Quien con ánimo de lucro destine habitualmente “un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución” será castigado con una pena de dos a cuatro años de cárcel y una multa de 18 a 24 meses, aun cuando cuente con el consentimiento de la persona. 
• Multa a clientes. Se les podrá imponer una sanción económica que irá de 12 a 24 meses. Si la persona que presta el acto sexual es menor, la multa se duplica (de 24 a 48 meses) y la pena de cárcel podría ir de uno a los tres años.
• Sanciones a empresas. Cuando la responsable sea una persona jurídica, el texto contempla sanciones que van del triple al quíntuple de los réditos obtenidos o, incluso, la disolución de la entidad. 

Lo que hay detrás. El proyecto de ley de libertad sexual -impulsado por el Gobierno- planteaba ya la tercería locativa pero, durante su tramitación en la comisión de Igualdad, los socialistas quisieron introducir una enmienda con los puntos que después ha recogido el grupo parlamentario en esta iniciativa.

Si ha tenido que trasladarlo a una proposición de ley ha sido porque la propuesta del PSOE no contó con el apoyo de sus tradicionales socios, incluido UP: “Plantean ustedes una redacción sobre el proxenetismo en el Código Penal y sobre la tercería locativa que (…) no permite resolver las carencias actuales de la legislación para combatir la industria proxeneta y, al mismo tiempo, deja en riesgo a las mujeres que ejercen la prostitución, porque no tienen otra salida”, argumentó la diputada morada Martina Velarde durante el debate. 

A pesar de estos recelos, fuentes de Podemos han confirmado a Newtral.es que votarán a favor de que se empiece a tramitar la iniciativa del PSOE. Un extremo que, posteriormente, ha confirmado en rueda de prensa el portavoz morado, Pablo Echenique.

El siguiente paso. Si se obtienen más síes que noes, la proposición de ley pasará a la comisión correspondiente, donde los grupos podrán introducir enmiendas.

La iniciativa de Unidas Podemos que crea un impuesto a las grandes fortunas

• De 10 millones para arriba. Los morados plantean que quienes tengan un patrimonio superior a 10 millones paguen un impuesto como forma de “complementar” el actual impuesto de Patrimonio y como vía para “hacer frente a los gastos ocasionados por la actual crisis económica”.
  • Cosas a incluir. Se tendrán en cuenta los bienes inmuebles, los depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, los seguros de vida y las joyas, las pieles de “carácter suntuario”, los vehículos, las embarcaciones o las aeronaves, entre otros. 
  • Sumas y restas. A la cifra final de patrimonio se llegará tras aplicar las bonificaciones y exenciones que correspondan. 
• Gravamen. Se incluye una nueva escala con ocho tramos que van del 3,6% al 5% sobre el patrimonio total, pudiéndose reducir la cuota con la ingresada por el contribuyente por el impuesto de Patrimonio. 
• Base imponible. Plantean que se reduzca la base imponible hasta el millón de euros. 
• Toda España. Es un impuesto estatal, por lo que se aplicaría en todo el territorio y las comunidades no podrían bonificarlo de forma unilateral. 
• Entrada en vigor. La idea recogida en el texto es que, si se aprueba, esta norma entre en vigor el 1 de enero de 2023. 

La intrahistoria. Los morados presentaron esta proposición de ley en el mes de abril, justo después de que se entregara a la ministra de Hacienda el informe del comité de expertos sobre la reforma fiscal, que todavía no se ha concretado en medidas por parte del Gobierno. Preguntada por la propuesta de UP de crear un impuesto a las grandes fortunas, María Jesús Montero (PSOE) ha rechazado en el pasado esta posibilidad y, desde el inicio de la guerra de Ucrania, también ha descartado cualquier subida de impuestos por ahora: “No es el momento”. 

En la misma línea se van a manifestar los diputados del PSOE este martes, según ha confirmado el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez: “Votaremos en contra de esta iniciativa porque lo hemos explicado en numerosas ocasiones. El Ministerio de Hacienda está haciendo un trabajo minucioso de estudio en el ámbito fiscal y en esa línea de trabajo vamos a permanecer, desde la rigurosidad, desde el trabajo que tiene que estar perfectamente coordinado con otras acciones del Ejecutivo en el ámbito económico y fiscal”. 

El siguiente paso. Si se obtienen más síes que noes, la proposición de ley pasará a la comisión correspondiente, donde los grupos podrán introducir enmiendas.

El acuerdo coordinación de PSOE y UP: “unidad de criterio” y posiciones “no contradictorias” en las propuestas

Según el documento de coordinación firmado por PSOE y Unidas Podemos, se comprometían a “actuar con unidad de criterio y de sentido de voto en lo que afecte a acuerdos explícitos alcanzados en el programa de gobierno progresista”. 

De igual modo, si cualquiera de los grupos presenta una iniciativa que afecta “a la acción del Gobierno”, debe comunicarlo previamente a su socio de coalición y acordar una posición conjunta de voto.

Y si se diera el caso de que registra una iniciativa “ajena a la acción del Gobierno o a los acuerdos explícitos alcanzados en el programa del gobierno progresista pero que tiene una alta repercusión en la escena política”, PSOE y Unidas Podemos deben “consultar su posición respectiva y buscar que las mismas no sean contradictorias”.

El proxenetismo y los impuestos a las grandes fortunas en el pacto de coalición

Las propuestas de este martes de PSOE y UP se esbozan en el acuerdo de coalición firmado por Sánchez e Iglesias, pero no de forma explícita. En el documento no se incluye el concepto de “proxenetismo”. Se habla de la explotación sexual y se engloba la lucha contra esta dentro de la promesa de aprobar una ley integral contra la Trata de mujeres con fines de explotación sexual. 

Respecto a los impuestos a las grandes fortunas, solo se hace la siguiente referencia: “Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”.