Qué se vota en el Congreso: las enmiendas a la totalidad a la propuesta del PSOE y Unidas Podemos que reforma el delito de sedición

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves, 1 de diciembre, las enmiendas a la totalidad de texto alternativo a la propuesta del PSOE y Unidas Podemos que reforma el delito de sedición. El PP, Vox, Ciudadanos, JxCat y la CUP presentaron cinco enmiendas de este tipo para modificar la redacción inicial de la iniciativa. Asimismo, la proposición también incluye la transposición de varias directivas europeas y crea una nueva falta para castigar si se oculta un cadáver.

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Más ‘rápido’. Las formaciones socialista y morada se han decantado por registrar una proposición de ley en la Cámara Baja y no optar por un proyecto de ley. Esta elección implica que la reforma de dicho delito se podrá aprobar de una forma más rápida, pues, en este caso, no se necesitan los informes de los órganos consultivos, como el del Consejo General del Poder Judicial, que sí son necesarios cuando el Gobierno impulsa una norma con rango de ley. Además, la iniciativa se tramitará (si recibe el visto bueno) por el procedimiento de urgencia, es decir, se acortan los plazos a la mitad.

Sin vinculación con ERC. Pedro Sánchez negó en una entrevista a Al Rojo Vivo (laSexta) que dicha propuesta se trate de una exigencia de ERC -uno de los principales socios parlamentarios del Ejecutivo- para aprobar los Presupuestos de 2023. Y no solo eso, también separó la decisión de las demandas del partido catalán, ya que en el lado independentista no se quería esta reforma, sino que se demandaba una “amnistía”, explicó Sánchez.

Por qué es importante la propuesta que reforma el delito de sedición (y otras cuestiones). Rebaja de 15 a cinco años la pena máxima de prisión por esta infracción. También incluye directivas europeas sobre delitos económicos, lucha contra el fraude y falsificación de medios de pago, e introduce una modalidad específica en el Código Penal si se oculta un cadáver.

A quién afecta. A aquellas personas que sean condenadas, a partir de la aprobación definitiva de esta iniciativa, por un delito de ‘desórdenes públicos agravados’.

Las enmiendas a la totalidad del PP, Vox, Ciudadanos, JxCat y la CUP

PP

La propuesta de los populares consistía en mantener como hasta ahora las penas previstas por sedición, incorporar como delito la convocatoria ilegal de referéndums, y castigar con prisión permanente revisable a los condenados por asesinato que además oculten el cadáver.

Misma redacción para el delito de sedición. Esta formación política quiere mantener la redacción actual del delito de sedición del Código Penal. Es decir, penas de prisión de ocho a 10 años a los que cometan esta infracción, y de 10 a 15 años a quienes los realicen siendo una autoridad pública.

Convocatoria de un referéndum. La enmienda a la totalidad añade un artículo a la propuesta que reforma el delito de sedición para penalizar la convocatoria de un referéndum o de unas elecciones de forma ilegal por no tener competencia legal para llevarlas a cabo. Así, esta convocatoria conlleva unas penas de tres a cinco años de prisión y una inhabilitación absoluta “por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta”.

• Castigo a los interventores. El PP apuesta por castigar con penas de cárcel de seis meses a un año a quienes actúen como interventores en dichas consultas ilegales, “o faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso”. Estas penas pueden ser sustituidas por multa de 12 a 24 meses.

Ocultar un cadáver. Se modifica el artículo 140 del Código Penal para introducir entre las circunstancias por las que el asesinato será castigado con prisión permanente revisable cuando el reo hubiese hecho desaparecer el cadáver de la víctima o no diese razón de su paradero. También se impondrá este castigo si el autor hubiese sido condenado “con anterioridad como reo de delito de asesinato”.

Vox

Los de Santiago Abascal abogaban por agravar las penas establecidas del actual delito de sedición, así como implantar un mayor castigo para los casos en los que la infracción la cometa un órgano de Gobierno.

Promotores de la sedición. Esta formación quiere que los promotores de un delito de sedición sean condenados por una pena de cárcel de 10 a 12 años, y de 12 a 15 años si son autoridad pública.

‘Contra la unidad de la Nación’. La enmienda a la totalidad de Vox incorpora un nuevo tipo delictivo ‘contra la unidad de la Nación’ en el Código Penal. Cualquier autoridad o funcionario que “por acción u omisión con abuso de su cargo” facilite la aprobación de normas con el objetivo de “atentar contra la unidad o la integridad territorial de España o facilitar la independencia de una parte de la Nación” se le castigaría con una pena de prisión de 10 a 20 años.

• Conductas realizadas por el Gobierno. Si las anteriores conductas fuesen llevadas a cabo por los ministros, se impondrá la pena superior en grado -la que corresponde a la comisión de un delito con agravante-; mientras que será superior en dos grados si lo hiciese el presidente del Ejecutivo.

Ciudadanos

El texto de la formación naranja introducía en la propuesta que reforma el delito de sedición penas por si se repiten los sucesos de 2017, pues su idea es que estos episodios pudiesen encajar en el delito de rebelión. También se añadía la imposibilidad de que corra la prescripción cuando una persona huía de la Justicia española.

Convocatoria de un referéndum. Si una autoridad pública sin capacidad legal para convocar elecciones o consultas mediante un referéndum lo hace, será castigado con una pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por “un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta”.

• Facilitar un referéndum. La autoridad pública que facilite o promueva cualquier tipo de comicios o consultas por vía de referéndum convocados por una persona que no posee la capacidad legal será condenada con una pena de cárcel de uno a tres años.

JxCat

Esta formación política abogaba por mantener el delito de rebelión siempre y cuando se requiera el uso de armas -actualmente, esta infracción se recoge si una persona se alza “violenta y públicamente”-. Por otro lado, apostaba por cancelar las sentencias impuestas y todos los procesos que siguen abiertos a políticos independentistas a causa de la eliminación del delito de sedición.

Si existe uso de armas. El delito de rebelión siempre ha de conllevar “el uso de armas”. De esta forma, se aplicaría esta infracción a quien pretenda derogar o modificar la Constitución; destituir al Rey de sus prerrogativas; impedir la libre celebración de elecciones; o declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

CUP

La CUP suprimía el delito de sedición, eliminaba la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de agravar el delito de desórdenes públicos y buscaba derogar la ley de protección de la seguridad ciudadana de 2015, más conocida como la ‘ley mordaza’.

Puntos clave de la propuesta que reforma el delito de sedición de PSOE y UP

1. Derogación del delito de sedición. Se deroga del Código Penal el actual delito de sedición y se propone sustituirlo por otro, llamado de ‘desórdenes públicos agravados’. Esta nueva figura contempla penas para las autoridades de tres a cinco años de prisión -frente a los 10 y 15 años que recoge actualmente el Código Penal para dicha infracción-.

2. ¿Cómo queda el delito de ‘desórdenes públicos agravados’?

• Pena de prisión de seis meses a tres años para los que actúen en grupo y lleven a cabo actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas; obstaculicen las vías públicas ocasionando “un peligro para la vida o para la salud de las personas”; o invadan instalaciones o edificios.

• Pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial si se tratase de un empleado o un cargo público quien realiza estos hechos.

• Pena de inhabilitación de seis a ocho años en caso de hallarse los autores “constituidos en autoridad”.

• Pena de prisión de seis meses a dos años si una persona, en un lugar concurrido, provocase una avalancha, una estampida u otra reacción similar que ponga en peligro la vida o la salud de otras.

• Matiz. Las mencionadas penas se impondrán sin perjuicio de las que les puedan corresponder por lesiones, amenazas, coacciones o daños que se hubiesen realizado.

3. Ocultación de cadáver. La propuesta que plantea la reforma del delito de sedición también recoge cambios en otros puntos. Ocultar de “modo reiterado” el paradero del cadáver de una persona, aun teniendo conocimiento de ello, a los familiares o a los allegados será castigado con una pena de entre seis meses y dos años de cárcel.

4. Contrabando de material de defensa. Se castigarán las conductas de “conspiración y proposición” de operaciones de comercio exterior para cometer un delito de contrabando de material de defensa o de productos y tecnologías de doble uso. Para ello, se le atribuye a la Audiencia Nacional la instrucción y el enjuiciamiento de causas por este tipo de acciones delictivas.

5. ‘Demás instrumentos de pago distintos del efectivo’. La iniciativa, en línea con la normativa europea, incluye en el Código Penal los medios de pago inmateriales como formas susceptibles de cometer fraudes a la hora de usarse como método de pago. Entre ellos, los soportes digitales de intercambio que permiten hacer transferencias de dinero electrónico, de monedas virtuales y de otros criptoactivos.

6. Delitos de información privilegiada. Cuando las personas que no tienen acceso reservado a información privilegiada la obtengan y la utilicen, serán castigadas con penas de cárcel con una duración máxima de, al menos, cuatro años.

7. Aplicación retroactiva. El contenido de la propuesta que reforma el delito de sedición (y otras cuestiones) se aplicará de forma retroactiva “si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor”.

Una “moneda de cambio” y un paso “más en la infamia”: las críticas de la oposición

Esta reforma no ha estado exenta de polémica por parte de la oposición, mientras que el Gobierno justifica la decisión en aras por “trabajar por la convivencia” en Cataluña. La derogación del actual delito de sedición, previsiblemente, tendrá consecuencias para los líderes independentistas que ya fueron condenados por la causa del procés y para los que están pendientes de juicio y se encuentran fuera de España.

PP. Para los populares, Pedro Sánchez confirmó con esta reforma que el Código Penal es “la moneda de cambio con el independentismo para facilitar su permanencia en La Moncloa un año más”. Al mismo tiempo que subrayaron que las leyes de España “no pueden redactarse en la sede de ERC”. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, apuesta por que la sedición se quede en el Código Penal y pide que se introduzca “de nuevo como delito la convocatoria de referéndum ilegal”.

Vox. Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox, acusó al Gobierno de “armar con gasolina a los golpistas” con la propuesta que reforma el delito de sedición y de “alentar” a que se cometa un nuevo “golpe de Estado” en Cataluña. Desde su punto de vista, Sánchez ha dado “un paso más en la infamia” al derogar esta infracción a cambio del apoyo a los PGE del 2023.

Ciudadanos. Para Inés Arrimadas, presidenta de la formación naranja, esta iniciativa sienta un “antecedente muy peligroso” contra el “consenso constitucional”, además de suponer una “cesión arbitraria al separatismo”. Asimismo, Arrimadas ha planteado que se presente una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

¿Qué se vota hoy?: las enmiendas a la totalidad a la propuesta que reforma el delito de sedición

Las formaciones políticas PP, Vox, Ciudadanos, JxCat y la CUP presentaron sendas enmiendas a la totalidad con la finalidad de que el texto de la propuesta que reforma el delito de sedición (y otras cuestiones) fuese cambiado por uno que propusieron estas formaciones. Por lo tanto, el pleno de la Cámara Baja votaba si apoyaba estas propuestas o si, por el contrario, esta iniciativa continuaba con su tramitación parlamentaria sin cambios en su versión inicial.

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• Jerga parlamentaria. Según el Reglamento del Congreso, a esta fase se la conoce como ‘debate de totalidad’.