El Defensor del Pueblo, una renovación necesaria para salir del ‘impasse’ institucional

El Defensor del Pueblo, institución encargada de supervisar la actividad de las administraciones públicas para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, acumula más de tres años con un puesto en funciones.

• Joaquín Ruiz-Giménez Cortés se convirtió en 1982 en el primer Defensor del Pueblo de España. Desde entonces, cinco personas más han ocupado este cargo.

• Desde el 20 de julio de 2017, Francisco Fernández Marugán es Adjunto Primero del Defensor y Defensor del Pueblo en funciones.

Lo más importante

La Constitución Española configura al Defensor del Pueblo como el Alto Comisionado de las Cortes Generales.

• Designado por el Parlamento, la institución defiende los derechos inviolables inherentes al individuo, la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

• Igualmente, supervisa la actuación de las administraciones públicas en ámbitos como la educación, el empleo, la igualdad de trato, las migraciones, el urbanismo o la sanidad.

En lo que respecta a la presentación de quejas, cualquier ciudadano, español o extranjero, independientemente de su edad o de su situación legal en España, puede acudir al Defensor del Pueblo de manera gratuita.

• También puede hacerlo cualquier persona jurídica, como empresas, asociaciones y fundaciones.

• No siempre se da el caso de que sea el ciudadano o persona jurídica quien acude a la institución; el Defensor del Pueblo también puede intervenir de oficio en determinadas situaciones de las que tenga constancia aunque no se haya comunicado la queja.

La institución tiene sus limitaciones y existen algunos casos en los que no puede actuar.

• Por ejemplo, no tiene capacidad para intervenir si en el conflicto no ha existido intervención de las administraciones públicas, si se trata de un problema entre particulares o con empresas privadas o si ha transcurrido más de un año desde el momento en que se haya tenido constancia de los hechos de la queja.

• Las resoluciones del Defensor del Pueblo no tienen carácter vinculante. Es decir, las administraciones sobre las que se presenta una queja no tienen la obligación de acatar su respuesta, pero por ley deben contestar.

[Defensor del Pueblo: al servicio de los ciudadanos y las libertades públicas]

¿Cuál es el contexto?

El cargo de Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años.

• Tal y como recoge la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, podrá ser elegido para el cargo “cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos”.

• Para ello, es necesario obtener una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado.

• Además, tal y como establece su reglamento, el Defensor “no estará sujeto a mandato imperativo alguno, no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio”.

En estos más de tres años de puesto sin renovar y con Fernández Marugán como Defensor del Pueblo en funciones, las comunidades autónomas han ido creando instituciones análogas que vienen recogidas en los distintos estatutos de autonomía o leyes aprobadas al respecto. 

• El objetivo de estas figuras se basa en “la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución, con la facultad de supervisar la actividad de la administración pública en el ámbito de cada comunidad autónoma”.

¿Qué hay que tener en cuenta?

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha instado a todas las fuerzas parlamentarias a que cumplan con el mandato constitucional de renovación de “tres de las más importantes instituciones democráticas”: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC) y el Defensor del Pueblo.

• La presidenta de la asociación y fiscal ante el Tribunal Constitucional, Teresa Peramato, ha señalado este 31 de agosto que deben ser “renovados sin demora, porque ningún poder del Estado puede sustraerse al mandato de la ley”.

• Según la jurista, la “no renovación” de estos órganos constitucionales “no es una opción”, porque la Carta Magna “obliga” a todos los poderes públicos y, por tanto, al Congreso de los Diputados y al Senado, a “cumplir con sus obligaciones”.

• En la misma línea, la asociación Jueces Francisco de Vitoria (FdV) exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como al líder del Partido Popular, Pablo Casado, que impulsen una renovación de dichos organismos, “pero siempre de la forma más independiente posible” y “no como se ha venido haciendo en las últimas décadas”, a lo largo de las cuales ambos partidos “han politizado esta elección fundamental para la Justicia”.

Para aprobar la renovación del Defensor del Pueblo, se precisa el apoyo de una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso (210 diputados).

• Las fuerzas que componen el Gobierno –el PSOE y Unidas Podemos–, solo suman 155 escaños en el Congreso y deben sumar 55 votos adicionales.

• Por ello, los socialistas (120 escaños) y la formación morada (35) necesitan principalmente el concurso del Partido Popular, que ocupa 88 asientos en la Cámara Baja.

El jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición se han reunido este miércoles 2 de septiembre para abordar la situación actual, que está impidiendo los nombramientos pendientes desde hace meses en los citados órganos, además de en otras instituciones como el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE).

• Sin embargo, el secretario de Justicia del PP, Enrique López, uno de los actores principales de las negociaciones en esta problemática, ha advertido este martes que un acuerdo entre partidos es, a día de hoy, “muy difícil” mientras el PSOE siga gobernando en coalición con Unidas Podemos, partido que califica de “antisistema”.

#Fact

• En 2019, el Defensor del Pueblo recibió 20.215 escritos de queja de los ciudadanos, a los que se debe añadir 135 solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y de amparo. Como respuesta, la institución ha formulado ante las distintas administraciones un total de 574 recomendaciones y 490 sugerencias.

• En lo respectivo a las quejas presentadas en 2020, la cifra global asciende a 17.949 a 24 de agosto. Las solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional suman un total de 775 y las actuaciones de oficio, 186.

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