La okupación ha formado parte de la parrilla informativa y del argumentario político durante los meses de verano. También fue parte, aunque de forma breve y al final, del discurso que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado hizo en el acto de apertura del Año Judicial que presidió el rey Felipe VI en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Delgado aseguró que dictará una instrucción para hacer frente a la ocupación ilegal tras registrarse 7.540 okupaciones en el primer semestre, según los datos del Ministerio del Interior. Esto son 350 más que en el mismo periodo del año anterior.
Lo más importante
- El propósito de la instrucción, que Delgado no detalló, sería proporcionar seguridad jurídica y despejar dudas ante los casos que se planteen, pero no se habla de reformas legislativas en profundidad.
- Por el contrario, Delgado subrayó que no faltan resortes en las leyes para impedir o corregir las okupaciones ilegales.
- En la Memoria de la propia Fiscalía relativa a 2019 se recoge que las okupaciones disminuyeron “levemente” el año pasado. En parte, puede ser por la actuación especialmente enérgica de algunas fiscalías territoriales, que han dado inmediata cobertura a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en supuestos en los que consideraron que procedía el rápido desalojo de viviendas ilegalmente okupadas.
¿Cuál es el contexto?
La okupación es desigual en el territorio. Mientras en la provincia de Barcelona se producen 192 denuncias de okupación por cada 100.000 viviendas, en Asturias o en La Rioja solo cinco. La comparación entre los datos de Interior y el Ministerio de Agenda Urbana sobre la estimación del parque de viviendas, da como resultado que, en promedio, en 2019 hubo 57 denuncias de okupación por cada 100.000 viviendas.
- La cifra de denuncias que se convierten en procesos judiciales es mucho menor. En 2019 se ingresaron 4.017 trámites por ocupación ilegal de viviendas, un 131% más que en 2018, según el Consejo General del Poder Judicial. De los nuevos procesos, un 18,6% corresponden a la provincia de Barcelona y un 11% a Madrid.
- Algunas comunidades también han tratado de registrar sus propios datos, como la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que en septiembre de 2018 contabilizaba 4.717 viviendas okupadas; 2.890 en Madrid y 1.582 en municipios grandes. De todas ellas, un 28% eran propiedad del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).
¿Qué hay que tener en cuenta?
- En su discurso, Delgado anunció que «en los próximos días» va a dictar una instrucción que aborde el tratamiento de la «ocupaciones de morada» por parte de todos los fiscales.
- La mayoría de las propuestas que han presentado los grupos políticos se basan en modificar la ley para facilitar los desalojos y aumentar las penas. Sin embargo, los expertos señalaron en este artículo de Newtral.es que el foco debería estar en crear vivienda social, una de las causas que más se repiten sobre el origen de este problema.
#Fact
- Si se encuentra su casa okupada, el propietario debe interponer una denuncia e iniciar acciones legales, que pueden ser por la vía penal o a través de una demanda civil. Además, en este último caso puede recurrir a la vía exprés para recuperar la posesión de una vivienda en un plazo de cinco días si los okupantes no aportan una justificación de la posesión de la vivienda.
- Por otro lado, una persona a la que denuncian por okupación, puede solicitar que le asignen un abogado para intentar aplazar el desahucio y que la administración le ofrezca una alternativa habitacional.
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