La familia de José Couso, el periodista español que murió en 2003 durante un ataque de Estados Unidos contra el hotel donde se alojaban los informadores en Bagdad en la guerra de Irak, llevó en diciembre de 2019 el archivo de la causa por el fallecimiento del cámara de televisión por parte del Constitucional hasta Estrasburgo, en un intento de reactivar la investigación judicial. Ahora, el Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, ha instado a Estrasburgo a la desestimación de la demanda.
En Pronóstika hacemos un repaso del caso después de casi 20 años en los que la familia del cámara español no ha cesado en una batalla judicial que ha seguido distintos cauces judiciales.
Lo más importante
La familia de Couso expuso que, «agotada la vía jurisdiccional«, recurrían al TEDH.
- «Nuestra pretensión es que el TEDH determine si la reforma de la normativa española sobre jurisdicción universal supuso una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos«, explicaron en un comunicado conjunto la familia y la Asociación de Hermanos, Amigos y Compañeros de Couso.
- «No existe actualmente ninguna posibilidad de que el mismo sea enjuiciado, por lo que quedará impune. Es decir, el Estado español no pone actualmente a disposición de la familia Couso ningún recurso ni mecanismo que permita la denuncia, investigación y enjuiciamiento», explica el recurso, según el escrito presentado en el TEDH por su abogado, Eduardo Gómez Cuadrado, que recoge la exposición de los hechos.
La reforma a la que hacen referencia en el comunicado es la aprobada en 2014 con la mayoría absoluta del PP, que restringió los supuestos en los que los tribunales de España pueden perseguir delitos de justicia universal, la herramienta que permite a los jueces españoles perseguir delitos cometidos en el extranjero.
- Este precepto, en concreto, establece unos requisitos para que los tribunales españoles puedan perseguir a los presuntos responsables de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometido fuera del territorio nacional.
¿Cuál es el contexto?
Entre sus argumentos, la Abogacía del Estado alude la regulación de la jurisdicción universal llevada a cabo por el anterior gobierno del PP en el 2014 para justificar que las autoridades españolas carecen de competencia legal para perseguir a los responsables de un crimen «cometido fuera de su territorio por agentes de un tercer Estado, mientras no se cumplan los requisitos de procedibilidad, esencialmente, que los responsables se encuentren en territorio español».
«No ha existido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Reino de España», subraya el documento, al que ha tenido acceso El País y elaborado por la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia.
- Siempre según este diario, el Gobierno defiende que España realizó una «investigación judicial plena» y que solo se archivó tras entrar en vigor la reforma del PP.
Por otro lado, los abogados dependientes del Ministerio de Justicia aluden que a pesar de la modificación legal que restringió la jurisdicción universal en España, se continuó con las diligencias judiciales para esclarecer la permanencia o no de su jurisdicción.
- «Ya antes de la entrada en vigor de la LO 1/2014, la instrucción había llegado a un punto muerto» por la actuación de EEUU. En ese mismo contexto, defienden que el archivo se hubiese producido igual «dada la falta de disponibilidad de los acusados para comparecer ante las autoridades judiciales españolas».
¿Qué hay que tener en cuenta?
Ante esta exposición, solicitan la inadmisión del recurso, alegando que «durante el tiempo en que España tuvo jurisdicción la ejerció, investigando efectivamente el crimen hasta que no pudo continuar, por ausencia de los presuntos responsables del territorio español».
- El escrito de la Abogacía también incide en que «no existe un consenso entre los Estados miembros del Consejo de Europa» sobre cómo tiene que ser el sistema de jurisdicción universal y, por tanto, España puede desarrollarlo internamente como considere oportuno.
Estrasburgo deberá ahora estudiar todos estos argumentos y pronunciarse sobre el archivo de la causa penal.
Sin embargo, este no es el primer revés que reciben por parte del estado. El Gobierno ha recurrido al Supremo la indemnización de cerca de 182.000 euros a la que la Audiencia Nacional le ha condenado por no haberles prestado ayuda diplomática para que EE UU «reparara el daño causado».
- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha justificado esta decisión del Gobierno por las implicaciones que puede tener el fallo ante futuros casos, tratando de desvincular el recurso de la indemnización a la familia del periodista.
#Fact
Una de las promesas de la anterior legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez fue revocar la reforma de la justicia universal del PP que supuso limitar la persecución en España de los crímenes contra la humanidad. La entonces ministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, creó incluso una comisión de expertos para volver a la legislación anterior, pero nunca se hizo. Ahora esa norma es a la que se remite el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, para oponerse a la demanda presentada ante el TEDH por la familia del periodista José Couso.
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