El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Antonio del Moral había citado para hoy al diputado de Unidas Podemos y secretario de organización de la formación ‘morada’, Alberto Rodríguez, en calidad de investigado para que preste declaración voluntaria en relación con la causa en la que investiga un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad.
Sin embargo, Rodríguez anunció este lunes que daría plantón al juez. «Desde el respeto a los procesos judiciales establecidos no me acojo al ofrecimiento del instructor», explicó a El Periódico el diputado canario.
Lo más importante
- El juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de La Laguna remitió en diciembre de 2019 al Tribunal Supremo testimonio del procedimiento abreviado seguido, entre otros, contra el diputado de Unidas Podemos en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna, por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.
Sobre estos hechos el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación contra Alberto Rodríguez al considerarlo autor de estos delitos, y había solicitado la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.
- Sin embargo, al acreditar el juzgado la condición de parlamentario de Rodríguez y, por tanto, de aforado, acordó la nulidad parcial de ese auto en la parte referida al dirigente de Podemos.
¿Cuál es el contexto?
Los hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.
- La Sala de lo Penal del Supremo acordó abrir causa Rodríguez después de que el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) enviase testimonio de un procedimiento seguido contra él en virtud del atestado mencionado.
El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha mostrado su apoyo al número tres de su partido a través de su cuenta personal de Twitter.
«En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios y canarias a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica. Prueba de la contundencia de mis afirmaciones es que no fui ni detenido ni siquiera identificado por esos supuestos hechos en ningún momento. Gobiernos anteriores pretendieron criminalizar la protesta, pero no lo vamos a consentir«, asevera.
¿Qué hay que tener en cuenta?
- Según la documentación remitida por el juzgado canario, el actual diputado de Podemos supuestamente “propinó una patada” a un policía durante los altercados que se produjeron hace seis años en el transcurso de la inauguración de una catedral en la isla a la que asistía el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert. Rodríguez participaba en la manifestación que, aprovechando la presencia del miembro del Gobierno de Mariano Rajoy, protestaba por la puesta en marcha de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que había impulsado el propio ministro.
- La concentración acabó con el lanzamiento de objetos y la supuesta agresión a los agentes que protegían el acto. Uno de ellos sufrió un traumatismo en un dedo de la mano derecha y contusión en la rodilla izquierda que requirieron asistencia médica y por los que estuvo cinco días sin poder trabajar.
Al negarse a declarar de manera voluntaria, el siguiente paso que deberá dar el instructor es solicitar el suplicatorio a la cámara baja para que le autorice a investigar a uno de sus miembros. Cuando esto ocurra, Rodríguez tendrá que acudir obligatoriamente.
- Lo habitual es que la Cámara conceda la petición del Poder Judicial y de hecho el último que se denegó data de 1988, según recoge Europa Press.
#Fact
Respecto a este mismo diputado, el Tribunal Supremo abrió una causa en el 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre del 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.
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