La norma de la UE para prohibir los productos fabricados con trabajo forzado choca con el trabajo infantil

Fernando Morales de la Cruz cree que si se prohiben los productos hechos a partir de trabajo infantil, Europa se quedaría sin cacao. En Costa de Marfil y Ghana, los países con mayor exportación de este producto, hay 1,5 millones de niños trabajando en la producción de cacao, la mayoría expuestos a herramientas peligrosas o plaguicidas nocivos, según un informe del Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago. 

El activista por los derechos de la niñez recuerda estas cifras en pleno debate por el nuevo reglamento propuesto por la Unión Europea para prohibir la venta de productos fabricados con trabajos forzados, y mientras el resto del mundo celebra el Día Internacional de la Niña este 11 de octubre. 

Aunque la nueva norma solo se refiere al trabajo forzado, la estrategia de la UE sobre los derechos del niño también se compromete a que las cadenas de suministro de las empresas de la UE estén libres de trabajo infantil, y las cifras de este último son mucho más elevadas. 

En el mundo hay 27,6 millones de personas sometidas a trabajo forzoso y 160 millones de niños trabajando. La cifra puede ser peor a fin de año, cuando los modelos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevén que haya nueve millones más de niños trabajando, como recoge Unicef.

La solución propuesta por la UE deja en manos de los países miembros las mejoras en el control de la cadena de suministros con un sistema de información sobre los productos y áreas más vulnerables. Además, impulsa las auditorías que realizan las empresas en su propia cadena de suministros y sobre las que algunos países ya han aprobado leyes recientes. 

La UE busca cómo erradicar los productos del trabajo forzado a través de una base de datos, investigaciones y due diligence

La propuesta de Bruselas abarca tanto los productos fabricados en la UE como los importados, incluyendo todas las industrias en las que haya participado una persona “bajo la amenaza de una pena y para el cual no se ha ofrecido voluntariamente”, como define la OIT el trabajo forzado. 

Para ello, la Comisión Europea busca elaborar una base de datos con las zonas y los sectores más susceptibles a emplear trabajo forzado. Con ella, los Estados miembros podrán llevar a cabo investigaciones, solicitar información a las empresas y retirar del mercado los productos. 

Si las autoridades nacionales no pueden reunir todas las pruebas que necesitan por la falta de cooperación de una empresa o de una autoridad de otro Estado, pueden tomar la decisión sobre la base de los hechos disponibles, señala la UE.

El otro pilar de la norma se basa en las due diligence, o las auditorías que las empresas deben realizar sobre su propia cadena.

En febrero de 2022, la Comisión estableció la obligación de elaborar estas diligencias debidas a las grandes empresas para que identifiquen, prevengan, mitiguen y den cuenta de los peligros reales y potenciales sobre los derechos humanos, incluidos los derechos laborales y el medio ambiente a lo largo de las cadenas de suministro.

Sin embargo, esta directiva no prohibía la venta de productos en caso de detectar estas irregularidades. En cualquier caso, se trata de una medida a medio plazo, ya que primero tiene que pasar por la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, y después tardará 24 meses en aplicarse tras su entrada en vigor. 

Uno de cada 10 niños está sometido a trabajo infantil

La UE justifica esta nueva propuesta debido a que el trabajo forzado, incluido el trabajo infantil forzoso, sigue siendo un importante problema mundial.

Los avances para acabar con el trabajo infantil se han estancado, y en los últimos seis años la tendencia se ha revertido, Mientras que el trabajo infantil se redujo en 94 millones entre 2000 y 2016, en los últimos cuatro años aumentó en 8,4 millones, y los organismos esperan que haya 8,9 millones más a fin de este año. 

Esto implica que uno de cada diez niños en el mundo esté sometido al trabajo infantil, lo que repercute en decenas de productos de consumo diario. 

“En la práctica, cada café, cada té, cada cola-cao que tomamos tiene trabajo infantil. La Comisión Europea tiene la obligación de velar por que se cumplan las leyes, pero no siempre se cumplen. Esta, de nuevo, no va a eliminar el trabajo forzado y no tiene ninguna mención al trabajo infantil, salvo que fuera forzado, aunque las circunstancias lo hayan obligado a trabajar”, considera Morales, que se muestra crítico con la propuesta.

Como ejemplo, cita el cacao. La UE es el mayor importador de este producto, acaparando el 60% de las importaciones mundiales. Costa de Marfil, Ghana y Camerún son los principales proveedores de un mercado valorado de 4.600 millones de euros, según la propia UE. 

Pero los estudios arrojan que una gran parte de ese mercado emplea trabajo infantil, y el Barómetro del Cacao refleja que ni las empresas ni los gobiernos han cumplido ni uno solo de los compromisos de la última década para erradicar esta forma de explotación.  

“La UE tiene una responsabilidad muy grande en la protección al consumidor, pero no hay la voluntad política para utilizar las leyes que ya existen”, resume Morales.

Sucede también con el algodón: el 71% del trabajo infantil se da en la agricultura. La UE también lleva a cabo proyectos de cooperación al desarrollo con los países productores de cacao y algodón con el compromiso de eliminar el trabajo infantil por 10 millones de euros.

Sin datos sobre los productos hechos con trabajo infantil en la Unión Europea

La nueva política de Bruselas tiene un alcance difícil de dimensionar, ya que no hay cifras sobre el trabajo forzado ni el trabajo infantil en las cadenas de suministro europeas, como refleja el informe Erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas mundiales de suministro, de la OIT (p. 18). 

Lo que sí deja claro es que los países europeos tendrán que buscar en el origen, ya que entre el 28% y el 43% del trabajo infantil en las cadenas mundiales de suministro tiene lugar en los niveles iniciales del proceso productivo.

“Estos resultados ponen de manifiesto que una respuesta que se centre únicamente en los proveedores que intervienen en los niveles finales no será suficiente”, refleja el informe, que subraya la extracción de materias primas y la agricultura.

En cuanto a la debida diligencia que tienen que seguir las empresas, el estudio apunta a que “las empresas dejen de concentrar sus esfuerzos en los puntos sobre los que tienen mayor control, en particular, sus proveedores inmediatos, para centrarse en aquellos en que presentan un mayor riesgo, es decir, en los niveles más profundos de cadena de suministro y en los entornos de trabajo informales”.

Además, añade que “las empresas puede que tengan menos visibilidad y una influencia más limitada sobre los proveedores que operan en los niveles iniciales de las cadenas de suministro, pero estos problemas no deben servir de pretexto para dejar de actuar con la debida diligencia más allá de los proveedores inmediatos”.