Dos años de juicio por una herencia o un contrato: la larga condena de los procesos judiciales

En 2020, la duración estimada de un proceso judicial en España fue de 255 días, casi un mes más que en 2019, según las estadísticas anuales del informe Justicia dato a dato 2020 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero responder a la pregunta de cuánto dura un juicio es complejo, porque depende de muchos factores, como el tribunal que lo juzga, la región a la que se pertenece o el tipo de juicio que se aborda.

En la siguiente calculadora se puede buscar el tiempo medio de duración de un juicio por tipo, órgano y comunidad autónoma.

Un proceso judicial hace referencia al período comprendido “desde que empieza la fase declarativa, en la que se interpone una demanda o denuncia, hasta que se conoce la sentencia o resolución del procedimiento”, explica a Newtral.es Julio César Tejedor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. 

La irrupción de la covid causó una saturación en el sistema judicial, paralizando toda actividad procesal excepto la estrictamente necesaria. La situación era tan crítica que, en abril de 2020, el Gobierno aprobó un decreto ley para agilizar la acumulación de procedimientos. “La pandemia produjo impactos extraños, difíciles de medir, porque nunca la administración de justicia había estado tanto tiempo teóricamente inactiva”, señala el catedrático.

No obstante, la duración de los juicios ya venía incrementándose desde 2016. Hace cinco años, la mediana* de tiempo de espera para finalizar un litigio en España era de 201 días. En 2019, antes de la llegada de la covid, la cifra había aumentado hasta los 227.

Julio César Tejedor aclara que el aumento no es homogéneo en todas las comunidades, pero no hay duda de que “la crisis económica previa a la pandemia provocó un incremento de litigiosidad en diversos órdenes jurisdiccionales”.

La ciudadanía lleva años reflejando el malestar con la lentitud de la Justicia. El ejemplo más reciente es el informe del Defensor del Pueblo de 2021, donde se manifiestan “un número considerable de quejas” sobre los retrasos. El Defensor expone un caso particular que lleva en trámite más de 24 años en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Collado-Villalba, en Madrid.

De los siete años en Andalucía a menos de un año en Murcia: las diferencias entre comunidades autónomas y procesos judiciales

De acuerdo con las estimaciones del CGPJ, si iniciamos un proceso judicial el 1 de enero de 2022, tendremos que esperar hasta el 12 de septiembre para su finalización, 255 días después. En el año 2019, la espera habría sido hasta el 15 de agosto, casi un mes menos.

Sin embargo, el proceso durará más o menos dependiendo de la clase de juicio, el órgano que lo juzga y la comunidad autónoma a la que se acuda. Además, Tejedor añade como factor decisivo el grado de transformación digital. “En Aragón, al haberse implantado el expediente judicial electrónico y la posibilidad de teletrabajar, durante la pandemia fue posible seguir trabajando y sacar los procedimientos que se presentaban”, aclara.

Si se clasifican por tipo de juicio (penal, civil, contencioso-administrativo o laboral), los tiempos de espera cambian drásticamente. La diferencia entre un juicio por lo penal y uno por lo civil, por ejemplo, es de 169 días, casi el triple de tiempo. 

Si se clasifican los juicios por tipo de órgano que juzga, los del TSJ Contencioso-Administrativo son los que duran más. En Andalucía y Cataluña, un juicio contencioso-administrativo sobre medio ambiente ante el Tribunal Superior de Justicia puede alargarse 2.520 días, casi siete años de proceso. En cambio, el mismo juicio en Murcia, Canarias o la Comunidad Valenciana no supera el año.

“Es un tiempo excesivo y, falle lo que falle el Tribunal, el resultado será dañino o para la Administración y el interés general o para el interesado”, opina el catedrático. “Una justicia rápida evitaría muchos, muchísimos problemas, abusos y corruptelas”.

El número de jueces, un factor determinante para la rapidez de los procesos

Teniendo en cuenta todos los tipos de causas en las Audiencias Provinciales y Juzgados de Instrucción, las comunidades más lentas son Cataluña y Murcia, y las más rápidas Asturias, Castilla y León y Cantabria, que coinciden en ser las que tienen más jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, según los datos del informe del CGPJ.

El profesor de Derecho reafirma que esta diferencia de duración entre comunidades autónomas se debe, en parte, a la cantidad de los medios con los que cuentan los órganos judiciales, el sistema de gestión procesal o la dotación de plantillas de jueces y de funcionarios.

Iniciar un juicio por lo civil en la Audiencia Provincial, como una reclamación por daños y perjuicios, la nulidad de un contrato o un divorcio puede suponer hasta 462 días en Navarra y 432 en La Rioja, mientras que se reduce a 162 si es en Castilla-La Mancha.

Los juzgados de lo social o laboral son aquellos relacionados con temas profesionales, y sus procedimientos duran unos nueve meses. Pero si se trata de un juicio por un accidente de trabajo, la mediana de duración es de más de 18 meses, mientras que hay que esperar menos de la mitad para un caso de despido (siete meses).

Un sistema judicial saturado y con poco personal

Problemas estructurales, cargas de trabajo desproporcionadas, plantillas insuficientes o propuestas no atendidas son las principales causas que el CGPJ achaca al problema de los retrasos en los procesos judiciales, según el informe del Defensor del Pueblo. Además, a estos factores hay que añadir la llegada de la pandemia en 2020.

En el estudio Retrasos en la Administración de Justicia (2018), el Defensor del Pueblo añadía como causas de dilación “la complejidad de las leyes, los problemas estructurales, la excesiva judicialización de la vida cotidiana, o la mala práctica administrativa por el abuso de resoluciones idénticas o de la figura del silencio administrativo”.

Respecto al personal que trabaja en el sistema judicial, España cuenta con tan solo 12 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, según el CGPJ, frente a los 21 de media europea. En cambio, el número de abogados en España es de 328 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media de la UE, que es de 164.

España es el cuarto país con los procesos judiciales más lentos de la UE

Si, tal y como señala el CGPJ, la duración de los procedimientos es una métrica importante para “valorar la eficacia y calidad del sistema judicial de un país”, España está a la cola de Europa.

El nuestro es el cuarto país con un sistema judicial más lento, de acuerdo con los indicadores de la UE de 2018, solo superado por Malta, Italia, Francia y Chipre. Los países más eficientes son Dinamarca, Letonia o Estonia, con una media de espera que no supera los 30 días, frente a las medias de España (276) o Chipre (737).

Para mejorar nuestro sistema judicial, Tejedor apunta algunas medidas como simplificar los procedimientos, concretar el acceso a los recursos y potenciar sistemas de resolución extrajudicial de conflictos. “La solución rápida por un órgano administrativo especializado es preferida por las partes en conflicto al largo e incierto proceso judicial”, reconoce.

*Metodología* Para los datos de la calculadora de duración de procesos judiciales se han usado las medias que publica el CGPJ en su plataforma. Para el resto de análisis hemos usado la mediana, que es el valor central del conjunto de datos ordenados. En este caso se considera más adecuada que la media por la gran diferencia de días entre órganos, comunidades autónomas y tipo de juicios.