Preguntas y respuestas | Qué dice el BOE sobre el “procedimiento de actuación” contra la desinformación impulsado por el Gobierno

¿Qué ha aprobado el Gobierno?

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el “procedimiento de actuación contra la desinformación” que el Gobierno ha aprobado con el objetivo de “monitorizar y detener” de forma temprana campañas de desinformación. 

“Los procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática, de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”, dice el documento. 

El organismo que ha desarrollado este plan es el Consejo de Seguridad Nacional. 

¿Qué es la desinformación? 

La desinformación, según la define la Comisión Europea, es un contenido falso o engañoso “que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público”. 

De hecho, el Gobierno sustenta la aprobación de este plan en que es un camino que ya se ha iniciado en Europa , y pone de ejemplo el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 o el European Democracy Action Plan, impulsado por la Comisión para “garantizar que los ciudadanos” estén “libres de interferencias y manipulaciones ilegales” a la hora de tomar sus decisiones políticas. 

¿Qué organismos formarán parte del procedimiento?

El Ejecutivo español habla de la necesidad de luchar contra este tipo de falsedades no solamente desde los medios de comunicación sino también desde las propias autoridades públicas.

“En la lucha contra la desinformación, los ciudadanos consideran que los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales son los principales responsables de frenar la divulgación de noticias falsas”, expone en el texto del plan. 

Para lograr este objetivo, los organismos públicos involucrados en el procedimiento serán el Consejo de Seguridad Nacional, la Secretaría de Estado de Comunicación y la Comisión Permanente contra la desinformación (que se encargará de facilitar la coordinación interministerial), entre otros. 

El Gobierno asegura en que podrá “solicitar la colaboración” del sector privado: medios de comunicación, plataformas digitales, asociaciones, ONG y aquellas personas en su condición de expertos cuya contribución se considere relevante. 

¿Cómo han reaccionado algunas organizaciones civiles?

Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y Desarrollo Global del Instituto de Salud Global de Barcelona considera importante pararse en el punto de colaboración del sector privado. “Es responsabilidad de un Gobierno preocuparse por su comunidad, pero este plan lo veo insuficiente. Para poder frenar la desinformación hacen falta organizaciones que trabajen de forma independiente para buscar la evidencia en múltiples fuentes”, explica. 

«Para poder frenar la desinformación hacen falta organizaciones que trabajen de forma independiente»

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Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y Desarrollo Global del Instituto de Salud Global de Barcelona

“Y además, lo más importante: los criterios, de partida, no deben depender de un Gobierno o de la oposición. No hay ningún problema en que un Gobierno pueda investigar sobre un contenido que esté afectando a la comunidad y esté basado en mentiras, pero para la parte de recopilación de evidencias sería mejor generar un equipo de expertos que luego respondan a demandas gubernamentales pero que sean expertos independientes”, asegura.  

Este procedimiento, insiste Vilasanjuan, no debería suponer en ningún caso “un control” de los medios de comunicación sino “un sistema de alerta” de lo que circula por la red.

“Es decir, el momento en el que alguien esté difundiendo algo falso, la respuesta no debe ser la censura sino un sistema que alerte de ese contenido”, explica. “Se podría asemejar como a un sello de calidad”, describe. 

En esa misma línea se pronuncia Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. «Yo echo de menos la participación de la sociedad civil incluso en la elaboración de la norma. Este tema es sensible, importante y, por lo tanto, se debería de haber abierto un proceso plural antes de su aprobación», dice.

«El Gobierno tiene que involucrarse, claro, pero no solo ellos. Además, tambien me pregunto cómo se va a funcionar y dónde están los límites». En definitiva, dice de la Nuez, «esto es lo suficiente importante y delicado como para haber esperado unos meses pero haber hecho la norma oyendo a la sociedad civil».

Por su parte, Cristina Tardáguila, directora adjunta del International Fact-Checking Network (IFCN), la red de verificadores internacional, advierte de que «la lucha contra la desinformación es un problema de todos pero es importante que no avance sobre las libertades individuales y los derechos humanos”, asegura.

“No hay datos que relacionen la existencia de leyes con una bajada de los contenidos desinformativos”

Cristina Tardáguila, directora adjunta del International Fact-Checking Network (IFCN)

Además, Tardáguila insiste en que en el IFCN “no hay datos que relacionen la existencia de leyes y comisiones con una bajada de los contenidos desinformativos”. Y es que la asociación tiene una base de datos sobre las medidas adoptadas en cerca de 60 países y “lo que se ve en esta base de dados que ya tiene casi 3 años es que la lucha contra la desinformación a partir de Gobierno termina en censura, prisiones, cortes de internet y creación de entidades que hacen fact-checking partidario”, asevera. 

Por otro lado, Borja Adsuara, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital, carga contra la “inseguridad jurídica” que genera este procedimiento. 

“Las normas tienen que ser claras y comprensibles por el destinatario de la norma y esto está expresamente redactado con una ambigüedad para que quepa cualquier cosa”, denuncia. “Y nos tenemos que fiar de que tienen que hacer un buen uso. Es una norma que afecta a derechos fundamentales: derecho a la información y a la libertad de expresión. ¿Se puede considerar que una opinión amenaza también a un bien público?”, se pregunta. 

Además, Adsuara insiste en que “tampoco están publicadas las sanciones que se llevarían a cabo contra los responsables, ni las garantías y la supervisión judicial porque es una norma que afecta a los derechos fundamentales”. 

Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) prefieren por ahora ser «prudentes» con respecto a este procedimiento publicado en el BOE. Su director legal, Carlos Sánchez Almeida, asegura a Newtral.es que «lo aprobado en el BOE, por ahora, es humo» porque «no incluye ni siquiera un listado de sanciones», dice.

«Lo publicado por ahora es humo, es un plan de organización».

Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)

Para Almeida, «este paso había que darlo porque está claro que los trolls organizados con fines ideológicos y comerciales son un problema para la democracia» pero que lo publicado en el BOE, en este momento, «solamente es un plan de organización» y no tiene nada «sustancial», por eso también califica de «vergüenza ajena» las denuncias de algunos miembros de la oposición. «Están diciendo barbaridades sin tener en cuenta la norma», asegura.

En todo caso, Almeida insiste en que «el día que se publique una norma que permita censurar información tendrán a la Plataforma en frente pero eso solo se podrá hacer, seguramente, mediante Ley Orgánica». 

Horas después de la publicación del BOE, fuentes del Gobierno han asegurado que “en ningún caso” se “vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones”. 

¿Cómo se llevará a cabo el procedimiento de actuación?

El procedimiento publicado por el gobierno en el BOE establece cuatro niveles diferentes de actuación que servirán para la “detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional”. En cada uno de los niveles estará involucrado un actor público diferente. 

Empezando en orden, el nivel 1 contará con la capacidad “para actuar a nivel técnico” y “realizar la alerta temprana” de las campañas de falsedades en la red. En este nivel se encuentran la Secretaría de Estado de Comunicación, el Departamento de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, entre otros. 

El nivel 2 se encargará, entre otros, de “evaluar las consecuencias y el impacto” de las medidas de “mitigación” de las campañas de desinformación. Formarán parte del mismo la Secretaría de Estado de Comunicación de nuevo y una célula de coordinación de lucha contra la desinformación junto con la Comisión Permanente contra la Desinformación. 

Por su parte, el nivel 3 es el que adoptará las decisiones y marcará los objetivos de “carácter político-estratégico” para hacer frente a una campaña de desinformación. Aquí se encuentra el llamado Comité de Situación. 

Y por último, el cuarto nivel es el que hará la “gestión política” de respuesta a la crisis mediante una campaña de comunicación. En este nivel está involucrado el Consejo de Seguridad Nacional.  

¿Cómo ha reaccionado la Comisión Europea?

Señalando que no tiene «razones para pensar» que el plan del Gobierno de España para combatir las fake news suponga un ataque a la libertad de prensa o la libertad de expresión. El lunes 9 de noviembre el portavoz comunitario Johannes Bahrke aseguró que el Ejecutivo europeo está «al tanto» de la orden ministerial aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que aporta «herramientas y actores» para asegurar que España pueda participar «en los diferentes instrumentos previstos en el Plan Europeo de Acción contra la Desinformación de 2018 para fortalecer respuestas coordinadas y conjuntas». Para Bahrke, el documento publicado en el BOE no tiene otro objeto que «asegurar la participación de España en el sistema europeo” de lucha contra la desinformación, que prevé el diálogo con representantes de los medios y la sociedad civil.

¿Y qué ocurre con la desinformación a nivel europeo?

El procedimiento publicado por el Gobierno también se especifica que se trabajará a fin de “detectar campañas de desinformación de bajo impacto” pero que, en este caso, también “puedan estar relacionadas con información relativa a la Unión Europea”. 

Supondrá una “colaboración” en el ámbito europeo que consistirá en un “intercambio de buenas prácticas y procedimientos en la detección y análisis de campañas de desinformación con el resto de países miembros” con el fin de “identificar” y analizar “eventos desinformativos” y, sobre todo, “de aquellos que tengan estrecha vinculación con España o le afecten de forma evidente”. 

Y en base a la información se podrá tomar decisiones de actuación coordinadas a nivel político por el Consejo de Seguridad Nacional. 

¿Cuál ha sido la reacción de la oposición? 

Por el momento, el Grupo Popular en el Congreso ha registrado la solicitud de comparecencia urgente de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y del director del gabinete del presidente, Iván Redondo, para que den explicaciones sobre este plan contra la desinformación publicado en el BOE. 

El PP ha pedido al Ejecutivo “la retirada inmediata de la orden ministerial”, la cual califican como un “escándalo”. “El Gobierno se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera. ¿Van a censurar aquellas noticias que no les gustan? ¿Van a poner multas a los periodistas?”, se preguntaba esta mañana el vicesecretario de Comunicación popular, Pablo Montesinos.