El debate en torno a la fiscalidad se ha polarizado y la presión fiscal que soporta cada comunidad autónoma se ha convertido en un arma arrojadiza en todos los encuentros que se producen estas semanas entre los candidatos que se presentan a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.
El concepto de presión fiscal es la cantidad de dinero que recauda una Administración a través de los impuestos dividido entre el tamaño de la economía, es decir, el Producto Interior Bruto (PIB). Así lo explica a Newtral.es Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Un indicador que, como te explicamos en Newtral.es, no refleja el esfuerzo fiscal, es decir, cuánto aportan los ciudadanos a esa recaudación.
Analizar la presión fiscal de un país y compararlo con la que soportan otros Estados es posible gracias a los datos de la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No obstante, para medir la presión fiscal de las comunidades autónomas no hay datos ni fuentes oficiales concluyentes y la razón es que necesita de un cálculo muy complejo que produce distorsiones debido principalmente a dos razones. Por un lado, es necesario contabilizar las transferencias de fondos en la financiación autonómica. Por otro, no todos los tributos son de competencia autonómica, como el impuesto de Sociedades o el IVA.
La complejidad de los tributos autonómicos generan distorsiones para calcular la presión fiscal
Las comunidades autónomas de régimen común –es decir, todas menos País Vasco y Navarra– tienen capacidad normativa y de participación en una parte de la recaudación a través de los impuestos estatales. Además, tienen competencias exclusivas en cuanto a sus impuestos propios: tienen tasas, contribuciones especiales y fondos de compensación (el mecanismo que financia proyectos de inversión para tratar de corregir los desequilibrios económicos entre las comunidades autónomas por criterios de renta y población).
“La cantidad y variedad de impuestos en las comunidades autónomas, los tramos autonómicos y estatales del mismo tributo, como es el caso del IRPF, o las transferencias entre comunidades autónomas provocan distorsiones a la hora de calcular la presión fiscal de cada región”, explica Sanabria, que añade que “por eso no hay un dato oficial y objetivo sobre este concepto económico”.
Según el experto, el concepto de presión fiscal se sobreutiliza en el debate político cuando, en realidad, no mide cuestiones distributivas ni aspectos de eficiencia económica ni consideraciones de bienestar social. “Este indicador es imperfecto porque no tiene en cuenta cuánto se recibe a cambio de sostener una presión fiscal concreta”, explica Sanabria.
Por ejemplo, el caso de la Comunidad de Madrid: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha eliminado todos los impuestos propios y defiende una política de rebajas fiscales. “Madrid es la comunidad que menos gasto público destina por habitante y, al mismo tiempo, la que cuenta con mayor gasto privado”, dice Sanabria. Es decir, en las comunidades autónomas con menor presión fiscal se pagan menos impuestos pero, a cambio, se pagan más por colegios privados o concertados, y por seguros de salud.
Para Sanabria, el debate de la fiscalidad autonómica debería centrarse en términos de los costes y beneficios que generan los gravámenes, en lugar de fijarse en el concepto de presión fiscal. “Bajar impuestos en una comunidad autónoma implica, necesariamente, empeorar la calidad de los servicios públicos que gestionan en gran medida las autonomías, ya que se financian con impuestos”, indica el profesor de la Complutense.
Fernando Rodrigo, doctor en Economía del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza ilustra la explicación de Sanabria con un ejemplo. “Si una comunidad autónoma decide suprimir por completo su Impuesto de Patrimonio, tendrá que elegir qué servicios regionales (financiados en parte hasta entonces con los millones de euros proporcionados por ese tributo) ofrece en menor cantidad y calidad“, indica. “Al suprimir ese impuesto, la autonomía está eligiendo a qué contribuyentes (en este caso, los de mayor capacidad económica) residentes en su región va a favorecer relativamente. Por no hablar de los problemas de movilidad inducida de contribuyentes (ricos) entre regiones que este efecto puede provocar (con la merma de recaudación de este impuesto en el resto de regiones)“, añade el experto.
La presión fiscal que calcula el Instituto de Estudios Económicos tiene limitaciones
A falta de datos oficiales, existen estudios de organizaciones privadas que estiman la presión fiscal, como el que elabora el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Aunque con cierto sesgo ideológico y bajo una óptica de tributación baja, según puntualizan los expertos consultados, la publicación titulada La competitividad fiscal de las entidades locales y de las comunidades autónomas recoge una estimación del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal. En cualquier caso, el IEE indica en la propia portada que el documento es una “opinión”.
Se trata de un indicador de elaboración propia a partir de diferentes análisis, como los de la Fundación para el Avance de la Libertad que evalúa los sistemas fiscales de cada comunidad autónoma. En 2022, “los cinco mejores resultados de este indicador se han obtenido en las regiones de Madrid, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Canarias”. Por su parte, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias y Extremadura ocuparon los peores puestos en el ranking.
No obstante, el propio IEE reconoce que el indicador de presión fiscal muestra “ciertas limitaciones” para poder tener una visión completa sobre la eficiencia del marco tributario, puesto que no tiene en cuenta la estructura y composición del mismo, ni mide los efectos económicos indirectos que tiene la carga fiscal sobre los contribuyentes asociada a un tributo específico. Para Sanabria, este indicador del IEE explica la presión fiscal “normativa”, es decir, la carga impositiva en cada región al margen de su recaudación real, lo que a su juicio le hace un indicador dudoso.
Por otro lado, el IEE también recoge en su Libro blanco para la reforma fiscal en España los niveles de presión fiscal antes y después del ajuste de los fondos de compensación (página 265) a partir de análisis propios. “En todo caso son indicadores muy limitados por muy bien calculados que estén”, añade al respecto Sanabria.
Los datos del Ministerio de Hacienda son incompletos
El Ministerio de Hacienda y Función Pública recoge un mapa de contabilidad por comunidades autónomas en su informe anual. Los últimos datos disponibles son de 2021 y el total de ingresos por impuestos como porcentaje del PIB incluye tres tipos: impuestos sobre la producción y las importaciones, impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, e impuestos sobre el capital.
Sanabria indica que estos datos no se refieren a presión fiscal, ya que solo incluyen impuestos y estos no son todos los tributos. “Hacienda no incluye las tasas ni las contribuciones especiales ni tampoco están las cotizaciones sociales”, comenta el experto. Por tanto, no es un indicador completo.
Para Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública y Sistema fiscal español de la Universidad de Oviedo, tampoco es una manera de comparar la presión fiscal de cada autonomía. “Se trata de la recaudación por delegaciones de Hacienda, imputan los impuestos donde se recaudan, no donde se soporta la carga tributaria”.
El REAF no calcula la presión fiscal autonómica pero es la fuente de referencia para medir la carga fiscal de las autonomías
Aunque el Colegio de Economistas del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) tampoco calcula la presión fiscal autonómica, sí analiza cuánto paga una persona soltera y sin hijos con una renta de 16.000 euros al año en cada comunidad autónoma. “Es una buena aproximación, pero tampoco serviría como indicador de presión fiscal autonómica”, indica Sanabria.
De la misma manera se expresa Álvarez al considerar que los informes del REAF son los que más se acercan a comprender la carga fiscal de cada comunidad autónoma. “Aunque no especifican la presión fiscal, sí señalan dónde se pagan impuestos más altos y dónde más bajos”, indica Álvarez, que insiste: “La presión fiscal es un concepto mucho más complejo”.
En Newtral.es, hemos realizado verificaciones sobre impuestos autonómicos a partir de los análisis de REAF en varias ocasiones.
- Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid
- Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública y Sistema fiscal español de la Universidad de Oviedo
- Fernando Rodrigo, doctor en Economía del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza
- Colegio de Economistas del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF)
- Ministerio de Hacienda y Función Pública
- Instituto de Estudios Económicos
