La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al expresidente autonómico de la región, Pedro Antonio Sánchez, a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y tres meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público al considerarlo culpable de prevaricación y falsedad en relación al proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras. Sánchez fue procesado por estos delitos cometidos mientras fue alcalde entre 2003 y 2013 de la citada localidad, y se convierte así en el séptimo político que alcanza la presidencia de una autonomía y es condenado por corrupción por un Tribunal desde la transición.
Hormaechea, el primer presidente autonómico condenado
El primer presidente autonómico condenado lo fue por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo: el cántabro Juan Hormaechea. En 1994, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le impuso una pena de seis años y un día de prisión por un delito de malversación de caudales públicos y otros siete años de inhabilitación por prevaricación ante unos actos delictivos cometidos durante su primer mandato, al que accedió tras liderar las listas de Alianza Popular por la comunidad.
Un año después fue indultado por el Gobierno de Felipe González, pero en 2002 volvió a recibir una pena de tres años de cárcel por un delito de malversación y siete de inhabilitación por malversación de fondos públicos. En 2011, el Ejecutivo Zapatero indultó a Hormaechea por segunda vez y no llegó a entrar en prisión.
Urralburu y Matas sí acabaron en prisión
Quien sí ingresó en la cárcel fue Gabriel Urralburu, presidente socialista de la Comunidad Foral de Navarra entre 1984 y 1991. En 1998 este expresidente autonómico fue condenado a once años de prisión por un delito continuado de cohecho a través de ocho constructoras y dos delitos contra la Hacienda Foral en el marco de la trama navarra del caso Roldán, según refleja la hemeroteca del diario El País. Urralburu entró en la prisión de Pamplona en 2001 después de que el Tribunal Supremo rebajara su condena hasta los cuatro años.
Lo mismo ocurrió con el expresidente balear Jaume Matas (PP), a quien la Audiencia Provincial de Palma condenó en 2012 a seis años de cárcel por prevaricación, malversación, falsedad en documento público y mercantil, fraude y tráfico de influencias por el caso Palma Arena. En 2013, el Alto Tribunal absolvió al exmandatario de cinco de los seis delitos y redujo su pena a nueve meses y un día de prisión. Pese a ello, Matas acabó ingresando en la cárcel en 2014, y unos años más tarde fue condenado nuevamente en otras piezas del mismo asunto y de los casos Nóos y Son Espases.
Chaves y Griñán, condenados por el caso ERE
En 2019 también se produjo la condena de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE. El Supremo ratificó en septiembre de 2022 las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla a los exdirigentes socialistas por permitir un sistema fraudulento para distribuir ayudas sociolaborales.
El expresidente Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación y Griñán a seis años de prisión y quince de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación. El tribunal provincial aplazó en enero el ingreso en prisión de José Antonio Griñán, de 76 años y afectado por un cáncer de próstata.
- Tribunal Supremo
- Consejo General del Poder Judicial (CPGJ)
- Hemeroteca del diario El País
- Boletín Oficial del Estado (BOE)
- Agencia Efe
