El 20 de enero de 2021, el presidente número 46 de Estados Unidos tomará posesión de su cargo. Llegará a la Casa Blanca tras un camino plagado de cuestionamientos, pleitos legales y estrategias desde el día de las elecciones y desde el entorno del presidente saliente, Donald Trump, para revertir el resultado que revelan las proyecciones que desde el 7 de noviembre le concedieron la victoria al candidato demócrata, Joe Biden.
No ha pasado prácticamente ni una semana desde el 3 de noviembre sin que Donald Trump haya hablado de “abuso” o “fraude electoral” en algún momento. Y tampoco ha llegado a reconocer su derrota, aunque pasos como dar luz verde al inicio de la transición de poderes o anunciar que abandonaría la Casa Blanca si el Colegio Electoral declara a Biden ganador puedan hacer pensar que es consciente de lo cerca que está la puerta de salida.
En paralelo, la presión política y en los tribunales no ha cesado desde varios frentes republicanos a medida que se han ido acercando las fechas clave para consolidar los resultados electorales que ratifican el triunfo de Biden, trámites que en anteriores ocasiones pasaron desapercibidos. Ante un sistema electoral indirecto como el estadounidense, en el que el voto popular no elige directamente al presidente, analizamos qué puede pasar hasta el 20 de enero.
Y fijamos 4 hitos o fechas clave:
8 de diciembre: el “puerto seguro”, el fin de plazo para confirmar sus votos que todos los estados han cumplido, a pesar de los casos judiciales.
14 de diciembre: el Colegio Electoral, que es el encargado de certificar la victoria del ganador de las elecciones, emite sus votos y los envía al Congreso.
6 de enero: el Congreso (Senado y Cámara de Representantes en sesión conjunta) recibe y valida de forma oficial el recuento del Colegio Electoral de los estados y anuncia el nombre del presidente electo.
20 de enero: se celebra la ceremonia de investidura, como marca la Constitución estadounidense.
¿Cuál es el capítulo más reciente de la ofensiva judicial de Trump para bloquear la victoria de Biden?
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, pidió justo el martes 8 de diciembre, día del “puerto seguro”, que el Tribunal Supremo de EE.UU. impida a cuatro estados clave que certifiquen la victoria de Biden: Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. En todos ganó el candidato demócrata. El objetivo de esta medida era impedir que el lunes 14 de diciembre, estos estados, que suman 62 de los 538 electores que conforman el Colegio Electoral, envíen sus resultados.
De acuerdo con las proyecciones, Joe Biden cuenta con 306 votos asegurados y Donald Trump, con 232. La barrera para ganar llegar a la Casa Blanca se fija en los 270 votos y la diferencia de 62 votos podría dar un vuelco a los resultados.
Trump respaldó esta petición al Supremo, en cuyo texto se argumentaba que los cuatro estados en entredicho cambiaron las reglas electorales y para ello utilizaron la pandemia como un “pretexto” que permitiera extender el voto por correo. El jueves 10, un total de 106 legisladores de la Cámara Baja de EE.UU. y 17 fiscales apoyaron la demanda del estado de Texas. Por su parte, los fiscales de Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia pidieron que el Supremo la rechace.
Y el viernes, el Supremo estadounidense rechazó la demanda sin aclarar qué votó cada uno de los nueve jueces: «Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible sobre la manera en que otros estados llevaron a cabo las elecciones. El resto de mociones son rechazadas como irrelevantes». Recordemos que la Corte Suprema cuenta en este momento con tres jueces progresistas y seis conservadores, de los cuales, tres fueron nombrados por Trump.
Esta es la segunda vez que el Tribunal Supremo declina una demanda interpuesta por aliados de Trump para revertir la victoria de Biden, y llega en tiempo de descuento para la confirmación de los resultados electorales. La primera buscaba anular el resultado en Pensilvania y fue saldada por el Alto tribuna con una frase aséptica: “La solicitud de una medida cautelar presentada al juez (conservador Samuel) Alito y por él remitida al Tribunal ha sido denegada”.
Las elecciones del año 2000 que enfrentaron a George W. Bush y al demócrata Al Gore se resolvieron finalmente mediante una decisión de la Corte Suprema por el recuento en Florida, pasada la fecha del “puerto seguro” y a días de la reunión del Colegio Electoral. Por el momento, la estrategia judicial acumula una cincuentena de derrotas en tribunales estatales.
¿Y en qué consisten los intentos políticos de invalidar la victoria de Biden?
Según han revelado medios como el Washington Post, el presidente intenta influir en los legislativos de estados con mayorías republicanas, como son Georgia, Michigan o Pensilvania. La estrategia pasa por desoír el resultado electoral para que los legislativos asignen directamente a compromisarios republicanos la labor de enviar sus votos al Colegio Electoral.
¿Han confirmado ya los estados sus resultados electorales?
Sí, todos los estados certificaron su voto, también aquellos donde se presentaron impugnaciones legales (Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania, Arizona y Wisconsin), pasada la fecha del llamado ‘safe harbor’ o ‘puerto seguro’. Es el día 8 de diciembre cuando, por ley, se considera que los resultados que han sido certificados son concluyentes para determinar qué lista electoral enviará cada estado.
Es lo que concluye un apartado de la Ley federal de Conteo Electoral de 1887, que dice que si hay disputas en un estado sobre los resultados de unas elecciones pero estos se resuelven “al menos seis días antes de la hora fijada para la reunión de electores”, estos serán “concluyentes y regirán en el cómputo de los votos electorales conforme a lo dispuesto en la Constitución”. Según la ley federal en su disposición séptima, los electores se reúnen el lunes posterior al segundo miércoles de diciembre; en esta ocasión, el lunes 14 de diciembre. Por lo que la fecha de puerto seguro es el 8 de diciembre.
En las semanas posteriores a las presidenciales, los funcionarios se han centrado en la certificación o verificación de los recuentos de votos en un sistema progresivo que empezaba en el condado o municipio, seguía en la junta estatal y acaba con la firma del gobernador y su remisión al Congreso con los nombres de las autoridades electorales del estado. Cada uno, además, sigue una metodología y tiene un plazo diferente pero en cualquier caso, los gobernadores habrán tenido que enviar los recuentos con su certificado de verificación antes del 14 de diciembre.
El cierre de las certificaciones implica que los estados han resuelto todas las disputas, de manera que se blindan ante posibles desafíos legales y se da un paso seguro hacia el envío de delegados del ganador en cada estado al Colegio Electoral. La estrategia de Trump consistía en retrasar la certificación en los estados pendulares que ganó Biden para que se incumplieran los plazos y los legisladores subvertieran el voto popular, con lo que podrían nombrar listas pro-Trump en el Colegio Electoral.
¿Qué pasa con el Colegio Electoral el 14 de diciembre?
Como decíamos antes, las proyecciones apuntan a que Biden cuenta con 306 electores del Colegio Electoral y Trump, con 232. El sufragio estadounidense es indirecto y los ciudadanos no eligen directamente un candidato, sino a representantes de cada estado que votan a su vez al candidato a presidente en nombre de la ciudadanía. Por eso hablamos de voto popular y voto electoral.
El 14 de enero, los electores se reunirán en cada uno de los 50 estados y en el Distrito de Columbia para emitir sus votos, como indica la ley electoral que hemos mencionado antes. Algunos estados —al menos 32 y el Distrito de Columbia, según la monitorización de la organización partidaria de reformas electorales Fair Vote— requieren por ley que los electores voten por el candidato por el que se comprometieron a votar y no se conviertan en “faithless electors” o “electores infieles”.
En 2016 hubo electores que se desmarcaron y votaron por un candidato que no era el nominado de sus partidos: dos electores de Texas no votaron por Trump y uno de Hawái y cuatro de Washington no lo hicieron por Hillary Clinton. Pero no se llegó a desestabilizar la balanza.
La ley federal dispone que los electores firmarán y sellarán seis certificados para el vicepresidente y para el presidente: uno se enviará al presidente del Senado (que es el vicepresidente saliente Mike Pence), dos al secretario de estado correspondiente, dos a Archivos Nacionales y Administración de Documentos (la agencia que publica las actas del Congreso, NARA) y uno al tribunal del distrito donde se hayan reunido los electores. El plazo para enviarlos será el 23 de diciembre, el cuarto miércoles de diciembre según la ley federal.
¿Quién tiene la última palabra?
El Congreso federal, que en Estados Unidos se compone por la Cámara de Representantes y el Senado reunidos en sesión conjunta, se habrá conformado el 3 de enero. Es el organismo habilitado para contar y certificar los votos emitidos por el Colegio Electoral. Y en caso de que haya disputas entre listas republicanas y demócratas, el responsable de resolverlos.
¿Y cuándo se oficializan definitivamente los resultados en el Congreso?
El 6 de enero. La ley federal lo especifica claramente en la disposición 15: “El Senado y la Cámara de Representantes se reunirán en el Salón de la Cámara de Representantes a la 1 de la tarde de ese día, y el presidente del Senado (Pence) será su presidente”. Habrá dos escrutadores de la Cámara y dos del Senado, y leerán por orden alfabético los documentos y certificados de cada estado, que permitirán conformar una lista de los votos. Esta pasará a manos del presidente del Senado que anunciará el estado de la votación, que se considera como una declaración suficiente.
Después, solicitará objeciones, que si existen deberán presentarse por escrito y cada cámara deliberará por su cuenta, en un máximo de dos horas. En la ley federal hay un artículo que estipula que esta reunión conjunta no se disolverá hasta que se complete el conteo de votos y se declare el resultado, y que no habrá recesos a menos que surja algún problema con el recuento.
En cualquier caso, la ley fija un límite para la reunión conjunta de las cámaras: no irá “más allá del día siguiente del calendario, excepto el domingo, a las 10 de la mañana” y “no se permitirá ningún debate” ni quien preside la sesión “planteará ninguna pregunta”.
En cuanto a las posibilidades de que una objeción prospere, ambas cámaras deberían estar de acuerdo y hay que recordar que en el Senado hay mayoría republicana y en la Cámara de Representantes, demócrata. El legislador republicano Mo Brooks, de Alabama, avanzó que cuestionará la victoria de Biden.
¿Cuándo termina todo esto?
A mediodía del 20 de enero. Esta fecha la marca la Constitución para la investidura y es el momento en el que terminarán, por fin, las agónicas elecciones presidenciales de 2020.
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