Conocer el coste de la estancia de Juan Carlos I en Abu Dhabi desde su marcha o los detalles de la regularización de su situación tributaria es, a día de hoy, una tarea imposible. Algunos diputados del Congreso han solicitado al Gobierno esta información, además de otros datos sobre el rey emérito y sus gastos asociados a las arcas públicas, mediante preguntas parlamentarias con respuesta escrita. Sin embargo, el Ejecutivo en la mayoría de las respuestas no proporciona la información solicitada. En ellas, por lo general, remite a leyes, intervenciones de los ministros o se ampara en que “ni puede ni debe emitir opinión alguna”.
Con el fin de promover la publicación de estas informaciones, el Grupo Republicano registró el 17 de mayo una proposición no de ley (PNL) en la que solicita al Gobierno mayor transparencia respecto a los asuntos relacionados con Juan Carlos I, específicamente aquellos vinculados a los gastos asociados a las arcas públicas.
La información que facilita el Gobierno sobre el rey emérito a través de las preguntas parlamentarias
En la misma línea, el BNG ha presentado una lista de preguntas en el Congreso para conocer el coste público que supondrá la estancia del rey emérito en Sanxenxo y el papel que va a desempeñar el Gobierno en este contexto. Para conocer la respuesta habrá que esperar al menos 20 días hábiles –plazo máximo establecido por el Reglamento del Congreso–, que podría ser prorrogado otros 20 días más a petición del Ejecutivo y previo acuerdo de la Mesa.
Sin embargo, en los últimos años, distintos parlamentarios han registrado preguntas dirigidas al Gobierno por escrito sobre cuestiones relacionadas con el gasto público vinculado al rey emérito que formalmente han sido resueltas, aunque en la mayoría de los casos no se han proporcionado los datos requeridos.
Abu Dhabi y el viaje de las infantas Elena y Cristina
Miriam Nogueras, diputada de Junts per Catalunya, preguntó en 2021 por el coste de la estancia de Juan Carlos I en Abu Dhabi desde su marcha en agosto de 2020. En su respuesta, el Gobierno apela al personal eventual de los miembros de la Familia Real, señalando la normativa por la que se rige y cómo se fijan sus sueldos. Sin embargo, no proporciona ningún dato económico.
En esta misma línea, Nogueras también preguntó acerca del coste para las arcas públicas del viaje de las infantas Elena y Cristina a Abu Dhabi para reunirse con su padre y recibir la vacuna contra el coronavirus. En esta ocasión, la respuesta del Gobierno apunta a que Patrimonio Nacional únicamente gestiona los bienes de titularidad del Estado que usa el rey y los miembros de la Familia Real.
Por tanto, el Gobierno asegura que al ser las infantas familia del rey –y no Familia Real– este organismo no se habría hecho cargo de ningún gasto. No obstante, no se hace ninguna referencia a si hubo costes de seguridad derivados de otros organismos como el Ministerio del Interior.
Esta pregunta también fue registrada por Newtral.es a través del Portal de Transparencia, información que fue denegada apelando a la Ley de Secretos Oficiales, donde se otorga la calificación de información reservada a los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos y a los de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma.
Presuntos actos delictivos y Agencia Tributaria
Más allá del ámbito económico, Mariona Illamola, también de Junts, pidió al Gobierno conocer de qué forma afecta a la imagen de España la investigación sobre presuntos actos delictivos del rey emérito. Esta fue la respuesta del Gobierno: “Cabe señalar que tal y como recoge el último barómetro de la imagen de España realizado por el Real Instituto Elcano, España se sitúa entre los países de nuestro entorno mejor valorados”.
Respecto a las cuestiones tributarias, Gabriel Rufián y Joan Margall (ambos de ERC) solicitaron información acerca de si se había producido algún intercambio de información entre el Gobierno y la Agencia Tributaria sobre las regularizaciones del rey emérito o si se había dado alguna instrucción a algún miembro de dicho organismo sobre este tema.
En su respuesta, el Ejecutivo remarca el respeto a la independencia del Poder Judicial y remite a las declaraciones de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el pleno del Congreso de los Diputados del 10 de marzo de 2021. En su intervención, la diputada Carolina Telechea preguntó a la ministra por la regularización de 4,4 millones de euros por rentas que el rey emérito no había declarado. Montero respondió: “Todo lo que usted ha dicho en su intervención, esa mezcla de cuestiones que ha mencionado intentando aparentar que hay un trato distinto, un trato de favor por parte de este Gobierno con la Casa Real, es falso”.
La pregunta al Gobierno sobre la igualdad ante la ley
Por otra parte, respecto a la división de poderes, el Gobierno también ha recibido preguntas. El Grupo Plural planteó una cuestión sobre si tenían conocimiento de haber actuado conforme al artículo 14 de la Constitución Española –referente a la igualdad de los españoles ante la ley– en la desimputación del rey emérito.
En este caso, el Gobierno señaló que “ni puede ni debe emitir opinión alguna relativa a decisiones de los Tribunales ni de la Fiscalía, por impedirlo el más escrupuloso respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial, así como a la plena autonomía del Ministerio Fiscal, principio este esencial en todo Estado democrático de Derecho”.
Las claves de la PNL que insta al Gobierno a ser más transparente con la información del rey emérito
Esta propuesta se basa en las especulaciones originadas en torno al regreso de Juan Carlos I a España y los gastos públicos que podrían derivarse de su manutención, alojamiento o seguridad, una información que todavía no ha sido aclarada, tal y como contó Newtral.es.
“Es imprescindible para disipar las sombras de duda sobre la más alta magistratura del Estado, que se ponga luz sobre todas las cuentas y gastos públicos que son destinados a los miembros de la Casa Real”, recoge el documento. De este modo, la PNL presentada por el Grupo Republicano se articula en torno a tres ejes:
- Auditoría de gastos. A través de esta PNL se insta al Gobierno a elaborar, en el plazo de tres meses, una auditoría de todos los gastos atribuibles a los departamentos del Gobierno que son destinados a los miembros de la Casa Real.
- Informe de gastos. En el mismo periodo de tiempo, si se cumpliera con lo establecido en la iniciativa, el Ejecutivo debería desarrollar un informe con los gastos destinados a la manutención, seguridad y representación del rey emérito durante su estancia en los Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020, que fue cuando se fue de España.
- Publicidad activa. En caso de llevarse a cabo, el Gobierno tendría que publicar los resultados de la auditoría y del informe en el Portal de Transparencia y en la página de la Casa Real.
No vinculantes. No obstante, las PNL son herramientas que tienen como objetivo orientar la acción del Ejecutivo, pero el Consejo de Ministros no tiene la obligación de materializar estas iniciativas. Por lo tanto, en caso de que el Congreso aprobara esta iniciativa el Gobierno no estaría comprometido a cumplirla.
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