Qué dice sobre la explotación laboral la nueva directiva sobre empresas que PP y Vox rechazaron en el Parlamento Europeo

A raíz de una votación en el Parlamento Europeo, varios medios han afirmado que el PP y Vox han votado en contra de una directiva europea para erradicar la explotación laboral y el trabajo infantil, algo que niegan desde el PP. ¿Qué dice exactamente la norma? ¿Qué han votado los eurodiputados españoles?

Los miembros del PP y Vox en el Parlamento Europeo han votado en contra de las 381 enmiendas presentadas a una propuesta de la Comisión para generar obligaciones a las empresas europeas –o a las que tengan una gran presencia en el territorio– en materia de derechos laborales y medio ambiente denominada Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

Según informan fuentes de la delegación española del PP a Newtral.es, “el Partido Popular Europeo (PPE) apoyó desde un primer momento que la Comisión Europea presentase una propuesta en este ámbito de comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro mundiales”, pero justifican su voto negativo por considerar que “los términos en los que se ha adoptado no son los adecuados”.

Desde Newtral.es nos hemos puesto en contacto con Vox para conocer su razón para votar en contra de la nueva Directiva. Sin embargo, el partido se ha negado a compartir información con este medio.

El PPE español y Vox votan en contra de las enmiendas del Parlamento Europeo por considerar que la norma es inadecuada

La Comisión presentó un texto en 2022 al Parlamento, “una directiva para establecer obligaciones para las empresas grandes que operan en la UE a que cumplan determinados requisitos en materia de derechos humanos y de medio ambiente”, explica a Newtral.es Esther López, doctora en Derecho Internacional de la Universidad a Distancia (UDIMA). En este marco, por tanto, la normativa busca eliminar prácticas que promuevan el trabajo infantil, el trabajo forzoso o la pérdida de diversidad. 

A ese texto presentaron enmiendas las diferentes comisiones del Parlamento, que son las que se votaron el pasado 1 de junio. “Cuando el Parlamento hace enmiendas a los textos que le manda la Comisión, las votaciones suelen plantearse enmienda por enmienda a mano alzada y luego, se organiza una votación nominal sobre el global del texto”, indica López. Precisamente, lo que ha ocurrido con esta directiva. 

Así lo detallan fuentes de la Eurocámara a Newtral.es: “Se presentó un texto con enmiendas sobre las que votaron los eurodiputados, siguiendo un orden específico”. Primero, hubo una votación en bloque a mano alzada sobre varias partes de la propuesta modificada por la comisión, como primer punto de la lista de votación. Fue en ese momento cuando se aprobó el considerando 32 de la norma, el único punto que recoge limitar las prácticas del trabajo infantil. De esta votación a mano alzada “no se dispone de cifras exactas ni de votos por eurodiputado”, indican las fuentes del Parlamento. 

Sin embargo, la delegación española del PPE afirma que “dado que todos los grupos políticos afirman que estas prácticas deben ser prohibidas, ni el PPE ni el resto de grupos políticos lo sometieron a votación”. En cualquier caso indican a Newtral.es que comparten “plenamente el fondo de la directiva” y reafirman su “compromiso con los derechos humanos, contra la explotación laboral y el trabajo infantil en todo el mundo”.

Además, López también considera difícil que un partido se posicione en contra de erradicar el trabajo infantil, “simplemente por el hecho de que existen numerosas directivas europeas previas a esta en las que hay absoluto consenso para eliminar esta lacra”.

La directa queda aprobada en el Parlamento Europeo por 366 votos a favor, 225 votos en contra como los del PP y Vox y 38 abstenciones

Tras esta primera votación, se realizó una general sobre la propuesta de la comisión modificada por el Parlamento y la directiva resultó finalmente aprobada por 366 votos a favor, 225 votos en contra y 38 abstenciones. Después de conseguir el visto bueno de la Eurocámara, el texto definitivo tendrá ahora que negociarse entre el Parlamento y el Consejo. 

Entre los que avalaron la medida se encuentran 45 miembros del Partido Popular Europeo (PPE), el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), liberales (Renew), la izquierda y los verdes. 

En contra han votado casi un centenar de miembros del PPE, incluida la delegación española del partido, como los diputados José Manuel García-Margallo, Esteban González Pons o Dolors Montserrat, y su líder, Manfred Weber. Además del PP, también se ha posicionado en contra de las enmiendas del Parlamento Europeo el Grupo de los Conservadores y Reformistas donde se sitúa Vox, los euroescépticos de Identidad y Democracia, una pequeña parte de los liberales y una única diputada checa del grupo de socialistas y demócratas. 

Fuentes de la delegación española del PP en el Parlamento han lamentado la “falta de voluntad para alcanzar un consenso en una materia tan delicada como esta”. 

La normativa europea afecta a empresas a partir de los 250 empleados, no a PYMES como afirma el PP

Los eurodiputados conservadores de España argumentan su voto en contra en que “algunos de los compromisos alcanzados criminalizan a las empresas, y son demasiado gravosos, especialmente con las PYMES”. 

Sin embargo, las nuevas normas europeas afectarán a empresas de la Unión de cualquier ámbito, incluido el financiero, con más de 250 trabajadores y un volumen de negocio superior a 40 millones euros y no a PYMES. Y es que, según la definición recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, una PYME está constituida por las empresas que cuentan con menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros.

También a las compañías que sean la sociedad matriz de un grupo con más de 500 empleados y una facturación global mayor a 150 millones de euros. Las empresas de terceros países que operen en territorio europeo también se verán afectadas por la ley si generan un volumen de negocio en la UE de al menos 40 y que supere los 150 millones euros.

La nueva directiva europea: hacia una conducta empresarial responsable

La Directiva que ha aprobado el Parlamento sin los votos de Vox y del PP nace de observar el comportamiento de las empresas que operan en la Unión Europea. Como recoge el texto, “la actuación voluntaria” de las compañías no ha dado resultados y “se observan externalidades negativas de la producción y el consumo de la UE”. En particular, “cuestiones de derechos humanos, como el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la explotación de los trabajadores, y repercusiones medioambientales, como las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas”.

De esta forma, la norma establece obligaciones que deben cumplir las empresas que operen en el mercado único. En particular: deben adoptar un plan para asegurar que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con la transición a una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 grados centígrados, en consonancia con el Acuerdo de París.

Además, obliga a las empresas a comprometerse con las personas afectadas por sus acciones, introducir un mecanismo de reclamaciones y vigilar de manera regular que cumplen con sus políticas de respeto a los derechos humanos. 

El europarlamentario checo del PPE Jiri Pospisili, argumentó el voto en contra de su partido en que, a pesar de entender que los derechos humanos y medioambientales son importantes, la normativa “perjudicará a las empresas europeas y fortalecerá a las empresas en un contexto global que no son de Europa y que no tienen que cumplir tales normas y restricciones”.

“Desgraciadamente, me temo que la buena intención aquí es un camino al infierno y que, como resultado, esto reducirá la competitividad de las empresas europeas y, a su vez, ayudará a los competidores chinos”, indicó Pospisili.