El PP denuncia que el uso de lenguas cooficiales antes de la aprobación en el pleno fue “irregular” pese a que la Mesa dio luz verde

El pasado martes 19 de septiembre, varios diputados del Congreso de los Diputados utilizaron por primera vez lenguas cooficiales en sus intervenciones, algo que suscitó reproches en las filas del PP, como las del coordinador general del partido, Elías Bendodo: “Se aplicó la norma antes del debate y de su votación. Esa es la irregularidad que el Partido Popular denunció ayer”, criticó (min 0:03).

Contexto. El popular denuncia que durante la sesión del día 19 de septiembre algunos diputados hablaron en catalán, euskera y gallego pese a que la norma sobre el uso de lenguas cooficiales en el Congreso todavía no se había aprobado ni estaba en vigor.

El día 21 de septiembre, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se expresó en la misma línea sobre el uso de lenguas cooficiales, y afirmó en unas declaraciones recogidas en El País que “se ha aplicado una ley antes de aprobarla, eso no sucede en un régimen democrático, será en otro tipo de régimen”.

Sin embargo, la Mesa del Congreso adoptó un acuerdo el día 13 de septiembre para permitir las intervenciones parlamentarias en lenguas cooficiales “en tanto no se apruebe” la modificación reglamentaria. Por lo tanto, no se produjo ninguna irregularidad como afirman desde el PP. 

Desde Newtral.es hemos preguntado al equipo de prensa del PP por la afirmación de Elías Bendodo sobre las lenguas cooficiales. Por el momento no hemos recibido respuesta. 

La Mesa del Congreso permite el uso de las lenguas cooficiales desde el 13 de septiembre

En virtud del artículo 32.1 del Reglamento del Congreso, que confiere a la Presidencia de la Cámara la potestad de “dirigir los debates”, la Mesa adoptó el 13 de septiembre un acuerdo mediante el cual permitió “la realización de intervenciones en las lenguas que, junto con el castellano, son oficiales en las comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía”. 

Esta resolución se tomó “habiéndose constatado un parecer ampliamente favorable” y se aplica “en tanto no se desarrollen los mecanismos previstos en la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados”. Es decir, la utilización de las lenguas cooficiales está permitida desde la publicación en el BOCG del acuerdo de la Mesa el día 14 de septiembre (el día posterior a su aprobación).  

Así lo explica a Newtral.es Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, que señala que las intervenciones parlamentarias en lenguas cooficiales no suponen una irregularidad como denuncian desde el PP, puesto que aunque la norma no hubiera entrado aún en vigor, sí había entrado el acuerdo de la Mesa que las permite. La adopción de este acuerdo, según el experto, se enmarca dentro de la autonomía reglamentaria del Congreso y, en especial, de la Mesa, su órgano rector.

Como indica Arbós, el cambio en el reglamento “dota de mayor seguridad jurídica al uso de las lenguas cooficiales”, pero el acuerdo de la Mesa es “válido en sí mismo” y permite a los parlamentarios intervenir en idiomas distintos del castellano.

La iniciativa de reforma reglamentaria fue aprobada definitivamente el pasado 21 de septiembre con 180 votos a favor y 170 en contra. El recorrido parlamentario de esta iniciativa se ha hecho en lectura única, es decir, solo ha bastado la luz verde del Hemiciclo para aprobarla, sin necesidad de que pase por comisión.

El acuerdo de la Mesa también implanta los sistemas de traducción 

El acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso no solo permite el uso de las lenguas cooficiales en la sede parlamentaria, también encomienda a la Secretaría del Congreso “las actuaciones necesarias para permitir la traducción simultánea de las lenguas cooficiales al castellano en las sesiones plenarias”. Por este motivo, los sistemas de traducción de las lenguas cooficiales ya estuvieron presentes en la sesión que provocó la denuncia del PP. 

Como indica Arbós, de no existir estos sistemas de traducción, el uso parlamentario de lenguas distintas del castellano podría entrar en conflicto con el artículo 23 de la Constitución, al vulnerar el derecho a la participación política. Sin embargo, este escollo se salva al estar disponibles las intervenciones en castellano, tanto para los diputados como para el público en general.