En tres años y medio, el Congreso ha aprobado la ley trans y LGTBI, la ley de libertad sexual —con su correspondiente reforma tras unos meses en vigor— y la reforma de la ley del aborto. Sin embargo, quedaban tareas pendientes: una ley contra la trata, la ley de familias, la ley de paridad, la ley contra el proxenetismo o la ley contra el racismo. Ninguna de estas políticas de igualdad verá la luz tras las elecciones convocadas para el domingo 23 de julio. Con la disolución de las Cortes, decaen proyectos y proposiciones de ley en tramitación, así como anteproyectos que estaban tomando forma en manos del gobierno. También queda en un limbo la renovación del dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Leyes de igualdad y elecciones: qué se ha aprobado
Desde la constitución del Gobierno de coalición, el Congreso ha aprobado la ley trans y LGTBI, la ley de igualdad de trato (o ley Zerolo), la ley de libertad sexual (o del ‘solo sí es sí’)y la reforma de la ley del aborto.
Además, se ha puesto en marcha el teléfono 021 para atender a víctimas de discriminación racista o xenófoba, se han comenzado a contabilizar los feminicidios fuera del ámbito de la pareja o expareja, se ha firmado un acuerdo para crear comités de crisis cuando haya una concatenación de asesinatos machistas, se ha puesto en marcha el Plan Corresponsables y se ha adjudicado el contrato para crear una app sobre el reparto de tareas del hogar. Sin embargo, no ha llegado a tiempo la renovación del dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Qué políticas de igualdad están pendientes antes de las elecciones
Aunque se hayan aprobado, algunas cuestiones relevantes de estas políticas de igualdad deben ser implementadas por las CCAA. Hace tan solo unos días, el Ministerio de Igualdad hacía llegar una carta a todas las comunidades autónomas “para que estas garanticen que se lleven a cabo urgentemente todas las medidas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo con las que cuenta” la reforma de la ley del aborto, tal y como detallaban fuentes de esta cartera.
Según Igualdad, deben darse los pasos necesarios “para garantizar que haya médicos y médicas no objetores en todos los hospitales públicos, incluyendo si es necesario la contratación de médicos y médicas”.
Por otro lado, también está pendiente el cumplimiento de la creación de centros de crisis 24h para atender a víctimas de violencia sexual que estipula la ley de libertad sexual. A finales de 2023, todas las CCAA deben haber puesto en marcha al menos uno de estos centros en cada provincia.
Aunque no son políticas de igualdad que decaen con las elecciones, ya que están aprobadas, el calendario de implementación puede no coincidir con el tiempo que tenían previsto permanecer en el Gobierno, dado que las elecciones se iban a celebrar a final de año y ahora serán en julio.
Ley de familias
En relación a las leyes de igualdad y las elecciones anticipadas, uno de los proyectos de ley que decae es el de familias. Impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el proyecto de ley de familias seguía hace unos días atascado en el Congreso en la etapa de ampliación de enmiendas, a pesar de haberse aprobado que se desarrollara por el procedimiento de urgencia. Con el adelanto electoral, el proyecto legislativo decae, por lo que habría que comenzar de nuevo en la próxima legislatura si se estima oportuno.
Entre los aspectos clave de la ley de familias se encontraba la equiparación de familia numerosa con las familias monoparentales de dos hijos, recogía tres tipos de permiso para cuidar de familiares o de convivientes, equiparaba los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios y una renta de crianza de 100 euros mensuales 100 euros por cada criatura menor de tres años.
Ley contra la trata y ley contra el proxenetismo
Como con la ley de familias, la ley contra el proxenetismo, impulsada por los socialistas, estaba atascada en su tramitación. En este caso, en la Comisión de Igualdad ante la falta de apoyos parlamentarios para sacarla adelante. Es otra de las políticas de igualdad que con las elecciones decae. En este caso, la proposición de ley incorporaba la tercería locativa, es decir, el castigo penal a los propietarios de locales dedicados a la prostitución. Además, ampliaba el tipo penal que criminaliza el proxenetismo.
Por otro lado, uno de los compromisos del Gobierno de coalición era sacar adelante una ley contra la trata. En principio sería el Ministerio de Igualdad quien la impulsaría, pero finalmente pasó a manos de Justicia. No es una de las políticas de igualdad que caducan al disolverse las Cortes, ni siquiera se estaba tramitando aún. Pero su elaboración, bastante avanzada, sí queda paralizada.
El anteproyecto de ley de trata había sido aprobado en el Consejo de Ministros en noviembre de 2022 y había recabado ya los informes preceptivos. Por tanto, su aprobación en segunda vuelta en el Consejo de Ministros, para remitirlo a las Cortes, era el próximo paso.
El anteproyecto de ley de trata proponía, entre otras cuestiones, otorgar la acreditación de víctima —y, por tanto, los derechos vinculados a ese estatus administrativo— sin necesidad de que la persona interponga una denuncia ni de que participe en la investigación penal para perseguir a los tratantes. Además, entre los derechos que preveía para las víctimas, estaba el acceso gratuito a asistencia jurídica y gratuita, solución habitacional y poder percibir el ingreso mínimo vital.
Ley de paridad
Otra de las políticas de igualdad pendientes por las elecciones es la ley de paridad, que tampoco había pasado a tramitación pero el Gobierno ya había aprobado el texto del anteproyecto, por lo que estaba a la espera de recabar los informes preceptivos de los órganos correspondientes (CGPJ y otros). Como con la ley de trata, su elaboración, en manos del Ministerio de Presidencia en este caso, queda paralizada antes siquiera de que llegase a ser tramitada.
Una de las principales iniciativas del anteproyecto pasaba por establecer la obligatoriedad de las ‘listas cremallera’ y cuotas del 40% de mujeres en los principales órganos de decisión, tanto políticos como económicos.
Ley contra el racismo
“Necesitamos tramitar ya la ley contra el racismo. Solo con más educación, formación y cambiando la política de extranjería avanzaremos hacia un país mejor”, declaraba hace tan solo unos días la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sin embargo, es otra de las políticas de igualdad que las elecciones anticipadas van a frenar.
En este caso, el texto normativo era, hasta el momento, un borrador que no había sido aprobado todavía por el Consejo de Ministros. Según Igualdad, la ley contra el racismo pretendía “establecer la elaboración de protocolos contra el acoso racista en los centros educativos, que las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras deban elaborar planes contra el racismo y la discriminación racial, y que los poderes públicos promuevan la erradicación de cualquier posible manifestación de racismo en el deporte, así como la elaboración de protocolos para acabar con el racismo en los clubes, agrupaciones y federaciones”.
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