Las claves de la PNL contra el veto del Gobierno a no dar información por «seguridad nacional»

Este lunes 25 de abril el director del gabinete del presidente del Gobierno, Óscar López, ha presentado la nueva Estrategia y el Informe Anual de Seguridad Nacional 2021 en la Comisión Mixta específica de esta materia.

Esta comparecencia tiene lugar en medio de la polémica sobre el espionaje de políticos y activistas catalanes a través del programa informático Pegasus, una información que, según calificó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, entra en “un contexto de seguridad nacional”. Después, añadía que estos temas “están protegidos por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos”.

Con el fin de evitar estas situaciones, en mayo de 2021 el Partido Popular presentó una proposición no de ley (PNL) para que cada vez que el Gobierno alegue motivos de seguridad nacional para denegar información a los grupos parlamentarios, comparezca un representante ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional que rinda cuentas y explique los motivos por los que esta se vería afectada. Sin embargo, al tratarse de una iniciativa de carácter no vinculante, el Ejecutivo no está obligado a materializarla. 

Casi un año después de que se presentara, esta proposición no de ley quedó aprobada con 17 votos a favor y 15 en contra.

Las claves de la PNL en materia de seguridad nacional

La base de esta propuesta se fundamenta en la Ley de Seguridad Nacional. En concreto, en el documento firmado por Cuca Gamarra junto al senador Fernando de Rosa y el diputado Juan Antonio Callejas, se hace referencia al artículo 13.

En él se establece que “con independencia de las funciones que la Constitución y las demás disposiciones legales asignan a las Cortes Generales, les corresponde debatir las líneas generales de la política de Seguridad Nacional, a cuyos efectos el Gobierno presentará a las mismas, para su conocimiento y debate, la Estrategia de Seguridad Nacional, así como las iniciativas y planes correspondientes”.

De este modo, consideran que la Comisión Mixta específica para estas cuestiones debe tener una participación en el ámbito de la seguridad nacional y “disponer de la más amplia información” sobre estas iniciativas. “Por la relevancia de la Comisión Mixta, el Gobierno debe dar explicaciones ante dicho órgano de las Cortes Generales cuando se niega a dar información alegando motivos que afectan a la Seguridad Nacional”, sostienen.

Ejemplos. En la exposición de motivos que recoge esta PNL, el PP señala el uso del avión Falcon o las reuniones de Ábalos con la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, como casos en los que el Gobierno se ha escudado en razones de seguridad nacional para no proporcionar la información solicitada.

“Se niega la información sobre costes, medios materiales y personales movilizados, y la identidad de los ocupantes alegando la Ley franquista de Secretos Oficiales. Es una gran desfachatez clasificar como secreto oficial la identidad de los acompañantes del presidente Sánchez cuando viaja en Falcon”, señalaba el senador Fernando de Rosa en el debate el día de su votación. 

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¿Qué implica la aprobación de una PNL?

Entre las iniciativas que los distintos grupos parlamentarios pueden presentar en el Congreso se encuentran las proposiciones no de ley, una herramienta que tiene como objetivo orientar la acción del Ejecutivo.

El principal motivo por el que se presentan estas iniciativas es obligar al resto de partidos a posicionarse respecto al tema en cuestión. Si la PNL finalmente sale adelante, se entiende que esa es la línea política que respalda la mayoría del Congreso y, por lo tanto, la que debería seguir el Gobierno. 

No vinculantes. Ninguna ley establece que las PNL que se votan tanto en el pleno como en alguna comisión sean vinculantes. Es decir, el Consejo de Ministros no tiene la obligación de materializar estas iniciativas. 

Por tanto, aunque la PNL aprobada tiene como objetivo instar al Gobierno a comparecer en aquellos casos en los que deniegue información solicitada por los grupos parlamentarios escudándose en motivos de seguridad nacional, no tiene la obligación de hacerlo. 

Límites en el acceso a la información pública con motivo de la seguridad nacional 

Desde Newtral.es, en nuestro ejercicio de acceso a la información pública, también nos hemos topado con los límites de la seguridad nacional. Es el caso de la petición de información sobre la seguridad de la princesa Leonor durante sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales, realizada por Newtral.es abril de 2021.

Tanto la Casa Real como el Ministerio del Interior se negaron a facilitar la información del número de agentes asignados y el coste de este servicio al considerar “necesario restringir su divulgación a personas no autorizadas” por si pudiera “generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado”.

En su respuesta, Interior apeló a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 como instrumento utilizado para denegar el acceso a la información. Esta norma preconstitucional de 1968 es una de las leyes franquistas que, aunque modificada parcialmente por la Ley 48/1978 de 7 de octubre, sigue vigente en la actualidad. El texto declara como materias clasificadas “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.

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Lo mismo ocurrió con la información sobre el coste de los viajes a Estados Unidos en 2021 del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los datos solicitados fueron denegados por el mismo motivo: considerar que la divulgación de información sobre estas cuestiones a personas no autorizadas puede generar riesgos graves para la seguridad y defensa del Estado, la seguridad de las personas objeto de protección y la de los agentes encargados de la misma.