El Gobierno ha aprobado esta semana el V Plan de Gobierno Abierto, una hoja de ruta que pretende reforzar la transparencia, participación ciudadana y la rendición de cuentas por parte de las administraciones públicas, y que ha sido criticada por organizaciones especializadas como Civio o Access Info Europe por la ausencia de reformas que consideran clave.
- Contexto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de este plan durante la inauguración de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto celebrada este martes en Vitoria.
- Fuera de plazos. La entrada en vigor del plan (que abarca hasta 2029) estaba prevista para inicios de 2025, algo para lo que tendría que haber sido aprobado a finales de 2024, según su calendario inicial.
El plan consta de diez puntos, algunos de los cuales son, según las organizaciones especializadas, “una modificación cosmética de última hora”. Es el caso del punto que contempla “impulsar la participación ciudadana” o “crear redes de innovación pública” pero sin especificar cómo.
En cuanto a los cambios normativos que contempla el Plan de Gobierno Abierto se incluye un batiburrillo de modificaciones normativas, algunas de las cuales ya estaban comprometidas y otras que están ya en proceso legislativo.
Ley de Administración Abierta. La ley de Administración Abierta, anunciada por el Consejo de Ministros, es una norma que depende a su vez de otro plan diferente; el Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Gobierno en septiembre del año pasado y que por el momento todavía no se ha materializado.
- Según explica Civio, se trata de una “ley para todo” que mezcla asuntos que consideran “cruciales” pero de distinta índole. Además, creen que al crear una nueva Ley se “bloquea” la posibilidad de tramitar una nueva Ley de Transparencia (que tiene rango de ley orgánica) como reclaman las organizaciones.
Cambios ya en proceso. Además, el plan contempla la reforma de la ley de secretos oficiales, actualmente en fase de enmiendas en el Congreso o impulsar una reforma para modificar la actual ley de archivos. También se prevé regular los grupos de interés o lobbies, una norma que también está en trámite desde junio. Otro de los anuncios “reciclados” que incluye el plan es hacer obligatorio publicar los microdatos de las encuestas electorales, una reforma ya en trámite a través de la modificación de la ley orgánica del régimen electoral general.
Por otro lado, el Plan contempla impulsar un portal único en el que se pueda consultar la información relativa a la ejecución presupuestaria de las administraciones central, regional y local y facilitar el acceso a los datos sobre inversión publicitaria de la administración. Esto último a través de una modificación de la ley de publicidad institucional.
- La reforma de esta ley estaba incluida en otros planes y programas como el Plan de Acción por la Democracia o el Plan Anual Normativo de 2025.
Algoritmos, desinformación y gobernanza digital
Otra de las principales críticas de los expertos es que la versión final del plan omite la creación de un “Registro de sistemas de IA” con el fin de impulsar la transparencia algorítmica en la administración.
- El plan se limita a promover la “sensibilización” en el ámbito de la gobernanza digital.
En el área de la lucha contra la desinformación se propone una ley que ya estaba comprometida: impulsar la ley del secreto profesional de los periodistas para la defensa de las fuentes de información, una norma actualmente en trámites.
Y además…
- Propone reformar la ley de publicidad y comunicación institucional para evitar prácticas poco transparentes (como no facilitar los datos sobre inversión publicitaria de la administración)
- Aprobar la normativa anti slapp, una directiva europea pendiente de transponer por España relativa a proteger a las personas que se implican en la participación pública frente a acciones judiciales, un texto que también influye en la protección a los profesionales de la información.
Otras medidas. El Plan de Gobierno Abierto anunciado por Sánchez incluye también otras medidas como:
- Desarrollar un nuevo portal de transparencia de la Administración General del Estado para clarificar el acceso a la información de este.
- Impulsar un “mapa de rendición de cuentas” en el que se pueda consultar los objetivos de la Administración General del Estado.
- Hacer visible el cumplimiento de la Agenda 2030.
- Crear un observatorio que controle el fraude y la corrupción en el ámbito sanitario.
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