El proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid tropieza con una nueva piedra en forma de supuesta falta de calidad arquitectónica. El Colegio Oficial de Arquitectos de la capital (COAM) ha presentado un recurso a la licitación de construcción que el gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid aprobó este mes de julio. Este macroproyecto, con el que el Gobierno madrileño pretende unificar las sedes judiciales de la región en un mismo campus, se ha paralizado varias veces desde que se concibió en 2003.
“No es un recurso contra la Ciudad de la Justicia ni contra nada. Nuestro departamento jurídico actúa, y se recurren los concursos que se considera que no se ajustan a la ley o la normativa”, aclara a este medio Pablo Olalquiaga, vicedecano del COAM. “Solo estamos en desacuerdo con el procedimiento de adjudicación, que nos parece que no va de acuerdo a la ley de la Arquitectura”.
El Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid será el encargado de tramitar el recurso y resolverá si dicha ley se ha infringido. Si falla en favor del COAM, se suspenderá el proceso de licitación como pide el propio recurso. Además, habrá que ajustar el plan a la legislación vigente y abrir una nueva convocatoria de concurso público.
- En Newtral.es hemos preguntado al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid sobre el procedimiento. Desde allí nos han remitido a la ley de Contratos del Sector Público. En el preámbulo IV y el artículo 53 se especifica que la actividad del proyecto no tendría que suspenderse en lo que dure la resolución del recurso especial.
- Se suspendería en caso de ser un acto de adjudicación, pero no lo es ya que el recurso se refiere a los pliegos y al anuncio de licitación. Tampoco se han pedido medidas cautelares para frenar su actividad.
¿Qué principios arquitectónicos vulnera supuestamente la planificación de la Ciudad de la Justicia de Madrid según el COAM?
En el documento del recurso, al que ha tenido acceso Newtral.es, el COAM considera que la licitación presuntamente no respeta la Ley 9/2022, de Calidad de la Arquitectura aprobada en junio de este año. Se verían afectados especialmente los artículos 1 y 3 de esta ley. Estos buscan proteger la calidad de la arquitectura como bien de interés general “por su contribución a la creación de la identidad cultural, a la calidad de vida y al bienestar”, entre otros aspectos.
El segundo alegato del recurso explica que este tipo de convocatorias tan grandes en las que se combinan proyectos de arquitectura y concesión de obras solo deberían darse en casos excepcionales. Un ejemplo es la pandemia, donde se necesitaba más inmediatez en algunos planes de construcción. En este caso, aseguran desde el COAM, no estaría justificado que haya una sola convocatoria en un proyecto de tal magnitud.
El tercer punto del recurso pide que se abra un concurso público de arquitectura. Así, el plan no se basaría solo en la solvencia económica. También respetaría los principios arquitectónicos para optimizar el diseño, las necesidades y características de los inmuebles y la parcela. Asimismo, señalan entre los motivos del recurso que, en teoría, los criterios de adjudicación sobre calidad no superan el 51%, como viene estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público.
El proyecto de la Ciudad de la Justicia “podría sufrir un freno, pero no muy significativo”
Existen otros parámetros como servicios de limpieza, certificación energética o rebaja económica, pero, según indica Olalquiaga, “nos hemos encontrado con un pliego en el que la puntuación referente a la calidad de la arquitectura es nula”.
Respecto a los plazos, el vicedecano explica que si el tribunal falla en favor del COAM, el proyecto podría sufrir un freno, pero no muy significativo. Solo sería hasta que se cambiaran los criterios para que hubiese “una buena calidad arquitectónica” y se volviera a convocar a concurso público abierto.
“Queremos hacer ver a la ciudadanía y a la Administración que no es una cuestión caprichosa ni opinable, sino que está reflejada en las leyes. El recurso defiende la profesión y la Ley de la Calidad de la Arquitectura. No queremos entrometernos en cómo se gestiona la explotación por parte de la Administración, sino en cómo se trata la arquitectura”.
La Ciudad de la Justicia de Madrid: el plan de hace 18 años que Ayuso pretende resucitar
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció el 17 de noviembre de 2021 que relanzaría el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid. Una semana antes se analizó el estudio de viabilidad elaborado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Eguesan. El presupuesto total de la obra sería de 500 millones de euros (pág. 70 del estudio).
En el documento se calculaba que poner en marcha la Ciudad de la Justicia ahorraría más de 20 millones de euros a la comunidad. A día de hoy, según informó el Gobierno madrileño, se invierten 72 millones en las distintas administraciones judiciales de la región.
Ocho meses después, en julio de 2022, el mismo Ejecutivo autonómico aprobó la licitación para alzar el complejo. Los 356 órganos judiciales de Madrid pasarían a estar concentrados en 28 grandes inmuebles en una enorme parcela de Valdebebas.
Aun así, el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia se topó con otro imprevisto a principios de julio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a varias de las grandes constructoras españolas que participaban en él por alterar los procesos competitivos de algunos de sus contratos.
No obstante, el plan ha seguido avanzando. Así se puede comprobar en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. El 27 de julio se abrió una convocatoria para la “concesión de obras para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia”.
Como se puede ver en la oferta, el valor estimado del contrato sería de 2.847 millones de euros sin impuestos. Tendría una duración de 40 años.
La megaconstrucción que no consigue levantarse: el freno a los proyectos de 2003, 2012 y 2015
La Ciudad de la Justicia de Madrid que quiere alzar Ayuso tiene unos antecedentes poco halagüeños. La concepción de este proyecto se remonta al año 2003, como refleja este artículo de El País.
No obstante, la crisis económica hizo que el proyecto se abandonase por primera vez en 2009. De acuerdo con lo publicado entonces por el diario El Mundo, la inversión en el proyecto era demasiado sustanciosa para lo que podía abarcar el Gobierno regional en el momento. Por ello, los fondos se desviaron a Sanidad, Educación, y Servicios Sociales porque en esas áreas “se necesitaban más”, según el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior en aquel momento, Francisco Granados.
La segunda vez que intentó avivarse el proyecto fue en 2012. Esperanza Aguirre trató de sacar adelante una versión ‘low cost’ del plan inicial con un coste de 33 millones de euros anuales. De nuevo, se rechazó la idea al no estar prevista en los presupuestos de la comunidad, como indicó el entonces consejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria a Europa Press.
Finalmente, la última vez que se quiso resucitar la idea del Campus de la Justicia la responsabilidad recayó sobre Ignacio González, ahora exvicepresidente de la Comunidad de Madrid. El Boletín Oficial de la región publicó el 16 de febrero de 2015 la convocatoria del contrato de concesión de obra pública, cuyo valor estimado fue de 771.720.924,84 euros.
No obstante, la entonces presidenta madrileña Cristina Cifuentes lo paralizó definitivamente. La causa fue un contrato sin resolver en el anterior concurso de adjudicación, como contó El Mundo.
- Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
- Boletín Oficial del Estado
- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 16/02/2015
- Notas de prensa de la Comunidad de Madrid
- Declaraciones de Pablo Olalquiaga, vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
- Documento del recurso interpuesto por el COAM.
- El Mundo.
- El País.
- Europa Press.
- Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid.
Ya se ha resuelto y como era de esperar nos han dado una palmadita en el lomo y a llorar a la llorería. Y el Decano del COAM “valora positivamente” el fallo desestimando el recurso. Pero vamos a ver…si el Decano ha sido un político del PP toda su vida. Esto ha sido un paripé para blanquear el concurso, que es una vergüenza para nuestra profesión de arquitectos. Si para esto va a servir la Ley de la calidad de la Arquitectura, yo me voy a urgencias.