En su último informe,el Consejo de Transparencia ha pedido al Gobierno que aporte información que, por distintos motivos, se ha negado a dar a los ciudadanos. Entre ellas se encuentran las acciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendría en acciones o los motivos registrados de las personas que han rechazado la vacuna de la COVI-19D.
El informe, que se ha actualizado con los datos del mes de mayo, recoge que el Consejo ha dado la razón a los ciudadanos en 61 reclamaciones que estos han interpuesto contra el Gobierno por no facilitar la información requerida a través del Portal de Transparencia.
Este organismo se encarga de instar a la administración pública a cumplir con sus obligaciones en un plazo máximo de 10 días hábiles. Así, el órgano público al que afecta puede haber subsanado las quejas en el plazo previsto enviando la información oportuna, aunque en el informe del CTBG del mes de mayo consten como incumplidas.
El Consejo de Transparencia publica el grado del cumplimiento del Gobierno respecto a sus resoluciones. El último dato anual disponible es de 2021, año en que cumplió el 80% de las veces frente al 11,8% en las que no consta cumplimiento y el 2,8% que terminaron en el contencioso-administrativo. Hay, además, un 5,4% que se encuentra pendiente de tramitarse.
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En Newtral.es analizamos algunas de las reclamaciones de información que el Gobierno ha denegado a los ciudadanos y que el Consejo de Transparencia ha dictaminado que debe ser pública.
Motivos de las personas que han rechazado vacunarse contra la Covid-19
¿Qué información se pide? Detalles sobre las personas que forman parte del Registro de Vacunación Frente a la Covid-19 (REGVACU). En concreto, el usuario reclama que se indique su municipio de residencia, qué vacunas le han inoculado y las fechas en las que se han puesto las dosis, por un lado. Por el otro, en el caso de los no vacunados, solicitó el motivo que dieron para no querer vacunarse.
Quién no da acceso. Ministerio de Sanidad
Excusa utilizada. Dan una información que según el reclamante no tiene que ver con lo solicitado. Por su parte el ministerio alega para no otorgar el acceso a los datos que el REGVACU es un registro de nueva creación en el que las distintas administraciones han ido volcando los datos y que, por el momento, están en proceso de verificación.
Qué dice el Consejo. Considera que respecto al motivo de la no vacunación, si es información que obra en poder de la Administración, debe ser entregado, ya que ha dispuesto de tiempo suficiente para la verificación de estos datos. De manera que no hay causas de inadmisión en la normativa que impidan su entrega.
Empresas en las que tiene acciones Pedro Sánchez
¿Qué información se pide? El desglose del patrimonio financiero del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la relación de empresas en las que tiene acciones.
Quién no da acceso. Ministerio de Hacienda y Función Pública
Excusa utilizada. Que las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración se publican en el BOE de forma anual y que, en ellas, se incluyen los datos de quienes fueron nombrados o cesaron en el año anterior.
Además, añaden que estas declaraciones omiten “aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares”.
Qué dice el Consejo. Que en este caso no se aprecia que exista algún límite que restrinja el acceso a la información sobre las empresas en cuyo capital social tienen participaciones altos cargos de la Administración General del Estado.
Salarios de los presentadores de La 1
¿Qué información se pide? Salarios que perciben los presentadores de La 1 por la emisión de sus respectivos programas.
Quién no da acceso. Radio Televisión Española (RTVE)
Excusa utilizada. La divulgación del dato solicitado -asegura el ente público- podría provocar un daño a los intereses comerciales de la Corporación RTVE. También alegan protección de datos personales para no dar acceso a la información.
Qué dice el Consejo. Tanto el Consejo como los Tribunales de Justicia se han pronunciado en varias ocasiones en cuestiones relativas a costes de producción y han concluído que tiene un mayor peso el interés público conocer el uso de los fondos públicos frente a la protección de datos y los intereses comerciales.
Fosas comunes halladas y víctimas del franquismo exhumadas
¿Qué información se pide? Número de fosas comunes halladas durante los proyectos subvencionados para realizar actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo por el Ministerio de la Presidencia entre 2006 y 2011.
También solicita detalles sobre el número de víctimas exhumadas que han sido entregadas a sus familiares y aquellas que no, por desconocimiento de su identidad.
Quién no da acceso. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Excusa utilizada. La Administración no da una respuesta y por tanto el afectado reclama por silencio administrativo. El organismo competente no da una respuesta y, por tanto, la solicitud se concluye como que ha sido rechazada. Posteriormente, el ministerio responde que la solicitud tardó en asignarse y que no tuvieron capacidad suficiente de reacción para ampliar el plazo de respuesta.
Con el fin de la financiación a partir del año 2011 y el cierre de la oficina de víctimas, argumenta el Gobierno, se produjo una interrupción en el seguimiento y análisis posterior de algunos de estos proyectos porque, o bien se paralizaron o bien los promotores buscaron otras vías de continuación; además, adicionalmente, la base de datos dejó de tener un mantenimiento y actualización sostenida.
Qué dice el Consejo. Finalmente, durante la fase de reclamación, el ministerio entregó al interesado una “muy importante cantidad de información”, en opinión del Consejo de Transparencia. Pero recuerda el derecho del interesado a obtener la información solicitada en plazo.
Empresas sancionadas por ERTE irregular
¿Qué información se pide? Relación de empresas que han sido sancionadas por haber cometido fraude o irregularidad con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la multa impuesta.
Quién no da acceso. Ministerio de Trabajo y Economía Social
Excusa utilizada. Que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha puesto en marcha una campaña para detectar posibles situaciones fraudulentas en el desarrollo de los ERTE pero, como no está finalizada, le dan solo parte la información, como el importe provisional de las sanciones por comunidades autónomas.
Entre los datos aportados, Trabajo no identifica las empresas sancionadas.Sostiene que no dar acceso a ello se ajusta al límite del derecho de acceso a la información pública recogido en el artículo 14.1 e) Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
Qué dice el Consejo. Que si dar acceso a la información puede afectar a derechos o intereses de terceros identificados, la administración puede abrir una audiencia para recibir alegaciones de los afectados y realizar la oportuna ponderación entre los derechos e intereses concurrentes.
¿Qué hace el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?
- Primero, reclamar. Si tras realizar una solicitud de acceso a la información a través del Portal de Transparencia, el acceso a dicha información ha sido denegado o la respuesta no es satisfactoria puedes reclamarlo ante el CTBG.
- Fase de evaluación. Este organismo revisa la decisión de la Administración sobre la petición presentada en un plazo máximo de tres meses.
- Resolución final. Y finalmente resuelve si da la razón al reclamante (resolución estimada) e insta a la administración a facilitar la información que se pide, o por el contrario, justifica la decisión de la administración (resolución desestimada) en su negativa de dar acceso a la información solicitada.
- La administración debe acatar. Según recogen en su portal, la decisión del Consejo es “de obligado cumplimiento para la Administración”.
Aquí puedes leer más detalles acerca de cómo ejercer tu derecho de acceso a la información pública.
¿Cómo son las resoluciones del CTBG?
Para resolver las reclamaciones presentadas por los ciudadanos, el CTBG emite resoluciones en las que establece si la información solicitada tiene que ser facilitada o no.
Estas pueden ser:
- Estimadas: da la razón al ciudadano e insta a que la Administración facilite la información solicitada.
- Desestimadas: no se acepta la pretensión del ciudadano de conocer la información, algo que también se entenderá si no se resuelve la reclamación en el plazo máximo de tres meses.
- Suspendidas: hay pendiente un procedimiento judicial en una reclamación de idénticas características, por lo que la solicitud se suspende hasta que haya una sentencia en firme.
- Archivadas: el procedimiento termina normalmente porque la persona que ha reclamado renuncia a seguir con la reclamación. Algunos casos son porque en periodo de alegaciones el Ministerio competente le da una contestación.
- Inadmitidas: aquellas que no se procede a tramitar
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