Poco a poco la legislatura se va agotando y enfrenta su recta final con cuestiones como la ley de vivienda, pieza clave del Gobierno de coalición, en el tintero. Una ley que comenzó su tramitación parlamentaria en febrero de 2022, pero que sigue bloqueada en el Congreso de los Diputados, lo que obliga a los partidos políticos a seguir posicionándose sobre ella. Algo que también genera fricciones entre las formaciones.
Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno planteó la ley de vivienda como una solución a las crecientes subidas de los alquileres en España, y más concretamente en ciudades con alta densidad de población, como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o Bilbao, aquellas con zonas tensionadas.
No obstante, en los últimos meses con la ley de vivienda estancada y a las puertas de unas elecciones, las posiciones de los partidos políticos vuelven a resurgir. Mientras que Unidas Podemos busca aprobar el texto cuanto antes con medidas que incluyen el tope a las subidas de los alquileres por ley en un 3%. El PSOE, por el contrario, mantiene la postura del texto original que se remitió al Congreso el año pasado que no incluye esta limitación. Por su parte, la oposición en bloque continúa sin apoyar esta norma, ya que consideran que entra en conflicto con el mercado inmobiliario.
Los vaivenes del Gobierno con la ley de vivienda: unidos en su presentación, separados en el Congreso
La ley de vivienda y las medidas relacionadas con ella, como poner un tope a los precios del alquiler o declarar zonas residenciales como tensionadas por sus altos precios, fueron algunas de las recogidas en el acuerdo del Gobierno de coalición. En un principio, tanto Unidas Podemos como el PSOE estaban a favor de ellas, y así se demostró cuando presentaron de forma conjunta el anteproyecto de la ley de vivienda tras una reunión del Consejo de Ministros en octubre de 2021.
No obstante, el 12 de abril de este año, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, pedía en el podcast La Base a sus socios del Gobierno del PSOE que desbloquearan la norma en el Congreso. También lo hacía en un tuit del 12 de marzo de este año. “Si no han aprobado la ley de vivienda en estos últimos tres años por compromiso con los derechos sociales como tiene esta fuerza política (Unidas Podemos) por lo menos que lo hagan por electoralismo”, dijo en un mitin Belarra. La ministra ha ido repitiendo este tipo de mensajes en varias ocasiones el mes pasado, como aquí o aquí.
En contraposición, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez no ha respondido a través de sus redes sociales a Belarra, ni a las presiones del partido morado: sus últimas referencias a la ley de vivienda fueron en 2022. Aun así, seguía defendiendo la norma en octubre de ese año: “Estamos trabajando por la ley de vivienda, creamos el bono de alquiler joven, desarrollamos el plan de rehabilitación e incrementamos el parque de alquiler asequible”.
Los partidos políticos en contra de la ley de vivienda como PP y Vox la califican de “intervencionista” o “profundo desprecio a la propiedad privada”
Desde que se presentó la ley de vivienda, tanto el Partido Popular (PP) como Vox han sido de los partidos políticos que más la han criticado. Incluso antes de que se remitiera su texto al Congreso.
Por ejemplo, la portavoz del grupo parlamentario del PP, Cuca Gamarra, ha calificado la ley de vivienda como una “intervención” y un “ataque” a la propiedad privada en su cuenta de Twitter en varias ocasiones, como aquí en 2021 o aquí, ya en 2022. Incluso el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando todavía era presidente de la Xunta de Galicia, aseguró, tras una reunión en enero de 2022 con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que habían reiterado “su cautela sobre la ley de vivienda a la espera de posibles cambios en el texto”.
De hecho, antes de que Feijóo estuviera a la cabeza del PP, su anterior líder, Pablo Casado, aseguraba que su partido recurriría “la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional” y que “las comunidades autónomas y ayuntamientos liderados por el PP no la aplicarían”. Además de mencionar que la norma atacaba la libertad privada.
Vox es otro de los partidos políticos contrarios a la ley de vivienda, como han dejado claro en sus redes sociales en multitud de ocasiones, al igual que sus líderes. Por ejemplo, su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró en los medios de comunicación que la norma era “un profundo desprecio a la propiedad privada” cuando el Gobierno publicó en octubre de 2021 el anteproyecto de la ley.
No obstante, a pesar de criticarla como el PP, Vox no se unió al resto de grupos parlamentarios que presentaron enmiendas a la devolución de la ley al Gobierno en marzo de 2022, como recoge la página web del Congreso de los Diputados. Estas enmiendas presentadas por PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT y JxCat no salieron adelante ya que no contaron con los apoyos suficientes. A pesar de no participar en su presentación, Vox votó a favor de ellas.
La enmienda a la devolución de la ley de vivienda que unió a cinco partidos
La ley de vivienda siguió su tramitación parlamentaria después de que en marzo de 2022 decayeran las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos, PNV, PDeCat y JxCat, tal y como explicamos en Newtral.es. Desde entonces, la ley sigue en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana esperando que el texto final llegue al Senado.
En su momento, los partidos en contra de la ley de vivienda presentada por el Gobierno de coalición en el Congreso, tenían diferentes argumentos. Por ejemplo, para Ciudadanos la iniciativa era “incoherente para guiar las políticas públicas de vivienda y garantizar el acceso a la misma para todos los ciudadanos”.
Por otro lado, el resto de partidos ponían el foco en las competencias de vivienda de las comunidades autónomas, ya que estas son responsables de su gestión. Por ejemplo, desde el PNV la rechazaban por “incurrir en evidentes excesos”, pues “la vivienda es una materia de titularidad autonómica”. El PDeCat, además de considerarla una “invasión competencial”, como JxCat, aseguraron que esta tendría un impacto negativo para la oferta de vivienda de alquiler.
- Página web del Congreso de los Diputados
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