El PSOE es el único partido que prohíbe en su Código Ético apoyar un indulto por corrupción

Cuando se abre la puerta a un posible indulto ya sea por corrupción o de otra índole, los partidos políticos suelen tener diferentes puntos de vista. Esto ha vuelto a suceder tras conocerse que la familia de José Antonio Griñán (PSOE), expresidente de la Junta de Andalucía, presentará una petición de indulto parcial para el socialista por el ‘caso ERE’. La pena impuesta a Griñán es de seis años de prisión por prevaricación y malversación de fondos públicos en dicha trama.

[El indulto, una medida de gracia que ya se ha concedido a 18 condenados en lo que va de 2022]

Ante esta situación, algunos políticos de diferentes partidos se han pronunciado al respecto. Sin embargo, en el caso del PSOE, su Código Ético impide a sus cargos públicos apoyar un indulto de condenados por delitos de corrupción, pero ¿y los demás principales partidos políticos?

Qué contemplan los principales partidos políticos ante un indulto relacionado con la corrupción

El PSOE establece directa y textualmente que sus cargos públicos no pueden “proponer ni apoyar” un indulto relacionado con la corrupción, mientras que los demás partidos políticos no recogen esta posibilidad. No obstante, sí hay medidas para hacer frente a esta conducta. Por su parte, Vox es la única formación de las analizadas que no hace referencia a la corrupción en su código ético, pero en sus estatutos es considerada como infracción muy grave.

PSOE

Ni propuesta ni apoyo. El Código Ético de los socialistas señala directamente que los cargos públicos del PSOE se comprometen a “no proponer ni apoyar el indulto” de condenados por corrupción. Esta máxima también se extiende a los siguientes casos: violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, y “hechos constitutivos de delitos graves”.

Un indulto propio. Además, los cargos públicos y orgánicos del PSOE no pueden solicitar su propio indulto si son condenados por los delitos mencionados anteriormente.

Partido Popular

Infracción. El PP es uno de los partidos políticos que considera infracción muy grave cuando alguien incurra “en cualquier forma de corrupción” en el ejercicio de cargos públicos, según recoge en sus estatutos.

Expediente sancionador. El Comité Nacional de Derechos y Garantías acordará “de manera automática” la suspensión provisional de afiliación cuando un afiliado se encuentre acusado por un delito relacionado con la corrupción en un proceso penal en el que se “haya dictado auto de apertura de juicio oral”. Además, este quedará expulsado cuando se dicte sentencia firme por corrupción.

Aforamiento. Si el afiliado está aforado o pertenece a un órgano nacional del PP, el Comité Nacional de Derechos y Garantías puede adoptar la medida cautelar “por decisión propia o a propuesta del presidente nacional o del Comité Ejecutivo Nacional”.

Por otra parte, la formación popular apuesta en su Código Ético y de Conducta por la cultura de cumplimiento de la legalidad y de la tolerancia cero hacia la corrupción como un “principio rector y valor esencial” de la actividad del PP.

Tráfico de influencias. Se prohíbe solicitar a cualquier tercero, en nombre propio o del partido, un pago o una recompensa de “cualquier género e importe a cambio de influir indebidamente en un funcionario público”.

Vox

Infracción. La formación liderada por Santiago Abascal considera, en sus estatutos, como infracción muy grave la condena por “sentencia penal firme” por un delito vinculado con la corrupción. Este hecho conlleva la expulsión del partido.

Unidas Podemos

Infracción. La formación morada es otro de los partidos políticos que contempla como infracción muy grave incurrir “en cualquier forma de corrupción” en el ejercicio de cargos públicos, de acuerdo con sus estatutos. Sobre todo, hace hincapié en aquella que consista en la administración de los fondos públicos para “cualquier forma de beneficio personal”.

Sanción. Si existe información pública contrastable de haber cometido “delitos de gravedad o corrupción política”, o se está siendo investigado por ellos, cualquier persona afiliada a Unidas Podemos podrá ser “suspendida cautelarmente”. También aplica esta sanción si alguien está acusado en un proceso penal en el que se “haya dictado un auto de apertura de juicio oral” por un delito de corrupción política y delitos socioeconómicos.

Mientras tanto, el Documento Ético de esta formación ensalza a Unidas Podemos como una plataforma para garantizar que la política “deje de ser una actividad al servicio de intereses privados”. De esta manera, todos los cargos electos y los cargos internos del partido aceptan renunciar al cargo público en el caso de ser procesados o condenados por delitos de corrupción.

Asimismo, los morados también incluyen los delitos económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil. Aparte de los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos.

Ciudadanos

Incompatibilidad. Los estatutos de Ciudadanos recogen que no podrán ser elegidos los afiliados que hubiesen sido acusados judicialmente “por resolución firme” por los delitos de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Infracción. La formación naranja considera como infracción muy grave el incurrir “en cualquier forma” de corrupción en el ejercicio de responsabilidades institucionales o cargos orgánicos. Esto puede conllevar la suspensión de la condición de afiliado de dos hasta cuatro años o la expulsión.

Compromiso. Ciudadanos es uno de los partidos políticos que se compromete a “separar de inmediato” de cualquier cargo -público o de partido- a acusados por corrupción política, según se desprende en su Código Ético y de Conducta. Esto se realizará hasta la resolución del procedimiento judicial o la suspensión de la causa.

Poner el cargo a disposición del Comité Ejecutivo. Cualquier colaborador que sea objeto de investigación judicial, “aún sin acusación formal”, por su posible responsabilidad en un delito de corrupción, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos debe poner su cargo y el acta a disposición del Comité Ejecutivo.

Colaboración. El colaborador de Ciudadanos que tenga conocimiento o información de cualquier delito deberá colaborar con la Administración de Justicia para, así, poder esclarecer los hechos.