De la nacionalización de Franco a la privatización de González y Aznar: entradas y salidas del Estado en Telefónica 

A la entrada de capital extranjero procedente de Arabia Saudí en el accionariado de la empresa de telecomunicaciones le siguió el interés del Gobierno, a través de la SEPI, de recuperar un porcentaje de participación estatal en Telefónica. Según adelantó El Confidencial, una de las operaciones en las que se está trabajando es la toma de una participación próxima al 5% liderada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en coordinación con otros inversores nacionales. La entidad confirmó posteriormente este interés a través de un comunicado remitido a la CNMV. 

El Estado no tiene ninguna participación en Telefónica desde que en 1997 el gobierno de José María Aznar completó su privatización, iniciada dos años antes por el Ejecutivo socialista de Felipe González. 

• Qué es privatizar: Según el glosario financiero de la CNMV se considera privatizar la “Venta total o parcial de una empresa pública (propiedad del Estado) a inversores privados, a través de una oferta pública. De esta forma, tanto la responsabilidad como los beneficios derivados de la evolución de la sociedad pasan a manos de sus accionistas.”

Ahora, la posible entrada de la SEPI en el accionariado de la multinacional española no supondría la primera vez que Telefónica tiene participación estatal: en 1945, la dictadura franquista nacionalizó el 79,6% de la compañía, hasta entonces propiedad de la compañía estadounidense ITT. El Estado conservó un porcentaje de participación hasta 1997.

La Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) se fundó en 1924, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, para unificar todas las empresas del sector y formar un monopolio de las telecomunicaciones. Ese mismo año la multinacional estadounidense ITT se hizo con una participación de la recién fundada Telefónica tras cubrir una ampliación de capital de 115 millones de pesetas (menos de 700.000 euros al cambio actual) y se encargó de expandir la infraestructura, como recoge Cinco Días y la propia página oficial de Telefónica. 

En 1945, el Estado compró a CTNE sus acciones por 600 millones de pesetas (unos 3.600.000 euros), y Telefónica fue nacionalizada, quedando el 79,6% de la empresa bajo titularidad pública, y el porcentaje restante en manos de pequeños accionistas. 

En 1967, la empresa se abrió a los pequeños accionistas mediante la primera ampliación de capital. Las acciones de la compañía se popularizaron con el nombre de “matildes” debido a una campaña publicitaria, como recogía Cinco Días en 2005. El porcentaje de titularidad pública en Telefónica se fue diluyendo debido a esta ampliación y a otras sucesivas, que hicieron que entre 1965 y 1973 el capital de la empresa pasara de 20.000 millones de pesetas a 85.000 millones de pesetas.

Al término de la dictadura, en 1978, la participación estatal representaba el 35,34% del accionariado de Telefónica, como refleja el Informe de Accionistas de 1982, año en el que ya se había reducido al 33,83%. 

En 1993, la Comisión Europea acordó la liberalización del sector de las telecomunicaciones en los Estados de la UE. En consecuencia, el Gobierno de Felipe González decidió en 1995 vender en bolsa la mitad del 30% de titularidad pública que el Estado conservaba en Telefónica, como informó entonces El País, aunque finalmente el porcentaje vendido se quedó en el 10,7%, conservando el Estado un 21,3%. 

• Como explica a Newtral.es Joaquim Vergés, catedrático de Economía Financiera en la Universidad Autónoma de Barcelona, el porcentaje retenido por el Estado era suficiente para que Telefónica siguiera funcionando como una empresa pública a efectos de nombramientos y directrices, entre otros. 

La salida total de la participación estatal en el accionariado de Telefónica llegó en 1997, tras la victoria electoral del PP. Aznar culminó el proceso de privatización iniciado por González, como recoge el Informe Anual de la compañía. Al igual que en el caso de la primera privatización de González, las acciones se vendieron en bolsa mediante una oferta pública de venta (OPV). En 2003, los principales accionistas de la compañía ya eran bancos: BBVA, con un 6% de la empresa, y La Caixa, con un 3,5%, como se recoge en el Informe anual de Telefónica de 2003. 

Hasta 2006, el Gobierno conservó un derecho especial conocido como “acción de oro”, que otorgaba al Estado la capacidad de veto sobre las decisiones estratégicas que afectaban a empresas privatizadas. En el caso de Telefónica, el derecho expiraba en 2007 pero fue derogado un año antes.