No, el Parlamento Europeo no ha pedido medidas de “control de los alquileres” en la resolución de enero

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Nos preguntáis a través nuestro servicio de verificación por WhatsApp (+34 627 28 08 15), por una resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 21 de enero, con 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones, en la que la Eurocámara reconoce que “el acceso a una vivienda adecuada debería ser un derecho fundamental en la Unión Europea.” [texto completo]

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A raíz de esta resolución, varias noticias publicadas en diferentes medios aseguran que “la Eurocámara pide a los Estados que dispongan de mecanismos para controlar el precio del alquiler”. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha compartido en un tuit la noticia. 

El texto de la resolución aprobada por los parlamentarios europeos, que no es vinculante, aborda el mercado del alquiler desde diferentes áreas. En un punto afirma que «que no regular el mercado inmobiliario y a los agentes financieros que operan en ese mercado, a fin de garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada para todos, significaría el incumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda».

No obstante, en ningún momento se pide textualmente medidas para “controlar” los precios.  De la resolución aprobada en enero por la Eurocámara se eliminó este apartado que sí aparecía en la propuesta de resolución de diciembre.

Se eliminó del texto final la mención a “medidas de control de los alquileres”

Los diferentes titulares hacen referencia a una resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 21 de enero en la que reconoce que “el acceso a una vivienda adecuada debería ser un derecho fundamental en la Unión Europea” [texto completo]. 

Sin embargo, en esa resolución hubo un aspecto que no prosperó por el voto en contra de la Cámara y que se modifica, eliminando una frase concreta referida a las medidas de control de los alquileres. 

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En el punto 40 de la propuesta de resolución de diciembre, que no el texto finalmente aprobado enero, se decía que el Parlamento Europeo: “pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que garanticen la seguridad de la tenencia, favoreciendo los contratos de arrendamiento a largo plazo como opción por defecto, junto con la transparencia de los alquileres y las medidas de control de los alquileres, corrijan el alquiler cuando sea necesario para facilitar una vivienda asequible para todos, presten apoyo a organizaciones que trabajan en la protección de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas y establezcan procedimientos de resolución de litigios legales de umbral bajo. 

Pero este punto, que habla de “medidas de control” de los alquileres y de “corregir” cuando sea necesario, fue finalmente eliminado del texto aprobado. Esta frase se eliminó por el voto en contra de la mayoría de los eurodiputados, quedando solo la mención a la necesidad de transparencia en la legislación aplicable a los alquileres. Con dicha eliminación, el punto 40 de la resolución quedó así redactado y finalmente aprobado: 

Señala que el 25,1 % de los arrendatarios europeos que pagan alquileres a precios de mercado gastan más del 40 % de sus ingresos en alquileres y que, por término medio, los alquileres aumentan constantemente; pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que establezcan disposiciones legales, incluidas normativas de alquiler claras, que protejan los derechos de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas, que fomenten la seguridad tanto para los propietarios como para los inquilinos y eviten los desahucios, también después de medidas de renovación, y que incluyan a quienes viven en una vivienda enajenada al Estado en el marco de un proceso de restitución; pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que garanticen la transparencia de los alquileres y presten apoyo a organizaciones que trabajan en la protección de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas y establezcan procedimientos de resolución de litigios legales de umbral bajo

¿Quién votó a favor y en contra de eliminar el párrafo? 

En concreto, 358 eurodiputados votaron en contra de incluir esa frase en el punto 40, entre ellos los 7 diputados de Ciudadanos, uno del PNV, los 13 diputados del PP, los 4 de VOX y un independiente. 

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A favor de mantener la referencia a las “medidas de control de precios” votaron 316 parlamentarios, entre ellos los 21 eurodiputados del PSOE, dos de ERC, los 6 de Podemos, Izquierda Unida, Anticapis y EH Bildu (que pertenecen al mismo grupo) y uno de Catalunya en Comú. Hubo además 13 abstenciones entre las que no se encontraba ningún eurodiputado español. 

¿Qué dice el resto del texto? 

Al margen de ese párrafo, esta resolución hace hincapié en varios aspectos concretos sobre el mercado de la vivienda. 

El primero de ellos es la protección de los derechos de los inquilinos y propietarios frente a las ocupaciones de sus propias viviendas. El texto insta a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales “a adoptar disposiciones legales, incluidas normativas de alquiler claras”, para ello, como por ejemplo “apoyar a las organizaciones que trabajan en la protección de los inquilinos y establecer procedimientos de resolución de litigios legales de umbral bajo”. 

Por otro lado, también pone el foco en los desahucios, y más concretamente, en evitarlos. El Parlamento pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que “protejan mejor a los deudores hipotecarios contra los desahucios, que deben evitarse, también tras procesos de renovación”. 

También, otro de los aspectos es la erradicación del problema del sinhogarismo, por lo que se ha establecido un objetivo para toda la UE de solucionarlo antes de 2030. 

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Por otro lado, la oferta inmobiliaria también se contempla en la resolución. En su punto 43, la Cámara pide hacer “hincapié” en “unas políticas y medidas adecuadas” que apoyen “una oferta adecuada de vivienda”, lo que iría “en beneficio de toda la sociedad”. 

También, en su punto 45, asegurá que “observa con preocupación el aumento de la financiarización del mercado de la vivienda, en particular en las ciudades, al tratar los inversores la vivienda como un activo negociable y no como un derecho humano”, por lo que “pide a la Comisión que evalúe la contribución de las políticas y los reglamentos de la Unión a la financiarización del mercado de la vivienda y la capacidad de las autoridades nacionales y locales para garantizar el derecho a la vivienda”.

Termina todo ello pidiendo además a los Estados miembros y a las autoridades locales “que establezcan medidas adecuadas para contrarrestar las inversiones especulativas” y que “desarrollen unas políticas de planificación urbana y rural que favorezcan la vivienda asequible, la diversidad social y la cohesión social”. 

Fuentes

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