Una delegación del Parlamento Europeo aterriza en España para indagar sobre los crímenes de ETA sin resolver

Una delegación del Parlamento Europeo evalúa la situación en la que están los crímenes de ETA sin resolver en España, como una forma de cuestionar al Estado ante una falta de respuesta. Un grupo de ocho europarlamentarios tratarán de resolver esta incógnita pendiente de nuestro país. Entre los integrantes de la delegación están los españoles Dolors Montserrat del Partido Popular, Jorge Buxadé de Vox, Cristina Maestre del PSOE y Maite Pagazaurtundúa de Ciudadanos. 

El resto de la comitiva está integrada por Agnès Evren del PP francés, Alex Agius Saliba del PSOE de Malta, Vlad Gheorghe del Ciudadanos rumano y Kosma Złotowski del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos de Polonia.

La delegación justifica el desplazamiento a raíz de una petición de un ciudadano respaldado por la asociación Dignidad y Justicia en 2017 a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la que pedía que se investigaran “los 379 casos sin resolver de crímenes cometidos por el grupo terrorista ETA”. 

El grupo de eurodiputados e integrantes de la Comisión de Peticiones planean tres días de visitas junto con víctimas del terrorismo, representantes políticos y asociaciones. Pero ¿de dónde viene esta iniciativa? ¿Cuáles son los datos que se manejan? ¿Qué dicen las partes implicadas? Te lo explicamos.

¿Por qué la delegación del Parlamento Europeo viaja ahora?

La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia presentó su solicitud ante la Comisión de Peticiones del Parlamento (PETI), que la admitió a trámite en 2017. En ella hablaba, según sus cálculos, de que en ese momento había 379 casos sin resolver de crímenes cometidos por la banda terrorista ETA y que se estaba incumpliendo el deber de España de llevar a cabo una “investigación oficial, eficaz e independiente sin poder procesar a los autores e indemnizar a las familias de las víctimas”.

En su petición, la entidad denunciante pedía al Parlamento Europeo y al PETI que llevaran a cabo una investigación con una posible visita a España y que pidieran al Gobierno español una explicación de por qué quedaban todavía tantos casos sin resolver. Según las cifras que especificaron serían casi la mitad de los crímenes de ETA. 

No obstante, la Comisión de Peticiones respondió ese mismo año que no tenía competencias para intervenir en la gestión cotidiana del sistema penal de ningún Estado miembro.

Algo que especificaron en la tramitación de la petición: “La cuestión de si una persona es culpable o inocente de un delito penal es un asunto del que únicamente son responsables los Estados miembros, en este caso, España.

Esto se deriva del artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prevé que los Estados miembros son responsables del mantenimiento del orden público y de la salvaguardia de la seguridad interior. En consecuencia, la Unión Europea no tiene competencias para intervenir en la gestión cotidiana del sistema de justicia penal de ningún Estado miembro”.

La eurodiputada del bloque de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, explica a Newtral.es que el proceso de la petición quedó abierto y en 2019 la nueva presidenta de la Comisión de Peticiones propuso una misión a España en búsqueda de datos para dar un cuadro completo de lo que había pasado. “Esto se acordó así en la Comisión y se pospuso por el covid”. Según la eurodiputada, los miembros de la misión emitirán un informe tras la visita de los eurodiputados.

¿Cuántos crímenes de ETA están sin resolver?

La asociación Dignidad y Justicia especificó en su petición del Parlamento de 2017 que quedan 379 casos de crímenes sin resolver, un 44% de los registrados por el Ministerio del Interior, que contabiliza 853 víctimas sobre las que se ha pedido una indemnización, como confirman a Newtral.es. No obstante, desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) manejan otros datos.

La AVT cifra los crímenes sin resolver en 315, ya que excluye los 66 asesinatos de ETA que quedaron impunes por la Ley de Amnistía de 1977, año en que se constituyó la Audiencia Nacional que posteriormente llevaría los casos de terrorismo. Esta exclusión la hacen ya que la naturaleza jurídica de la entidad es diferente y porque en algunos casos sí se encontró al autor material. De cualquier forma, la AVT calcula que más del 40% de los crímenes sigue sin un culpable condenado.

En Newtral.es hemos preguntado a la Audiencia Nacional sobre estas cifras, pero no hemos obtenido respuesta.

¿Tiene consecuencias jurídicas la acción del Parlamento Europeo sobre ETA?

El Parlamento Europeo ya dejó claro al resolver la petición que no podían intervenir jurídicamente o iniciar una investigación, ya que eso es competencia de los Estados miembros de la Unión Europea.

Por ello, la AVT critica esta acción de la delegación enviada a España. Según la asociación, esto puede generar falsas expectativas en las víctimas del terrorismo “como si esa delegación viniera a España a resolver los casos pendientes de esclarecer cuando no es cierto”.

Y añaden que “no tienen competencias para investigar nada ni potestad para reclamar ningún tipo de información a las instituciones con las que se van a reunir”.

Además, la AVT considera que esto traslada una imagen de España y del trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “como si no hubieran cumplido con su trabajo y necesitáramos que vengan de fuera a resolver lo que no hemos hecho”.

¿A qué se refieren con casos de crímenes sin resolver?

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo explican a Newtral.es que “un caso sin resolver no es necesariamente un error del sistema o un incumplimiento de la obligación del Estado de investigar los crímenes. Llegar a esta conclusión es simplificar la cuestión. Las causas son complejas y diversas. Para analizar si ha existido una investigación efectiva hay que tener en cuenta los medios y los protocolos vigentes en el momento de la comisión del atentado”.

El catedrático de derecho penal de la Universidad del País Vasco, Norberto Javier de la Mata explica a Newtral.es el proceso de investigación judicial. 

“Siempre que hay un delito se produce la noticia del hecho criminal. En el caso de los crímenes de ETA puede ser o porque alguien lo ha visto, o porque lo reivindican, y hay un acontecimiento público. En otros casos la noticia criminal llega por un particular, porque lo presenta la policía. Después se inicia la instrucción del procedimiento y se empiezan a recabar pruebas de todo tipo, testificales, materiales… Llega un momento en que hay dos opciones: o bien el juez instructor cree que está todo practicado y hay indicios de delito, o, por el contrario, considera que no queda crédito de la autoridad del delito o que hay que seguir investigando. En este último caso puede decretar el archivo o el sobreseimiento provisional a la espera de conseguir más pruebas que acrediten el hecho o el autor”, resume el catedrático.

Además, desde la Fiscalía General del Estado, dicen a Newtral.es que estos crímenes “son procedimientos abiertos en los que se investiga la autoría de atentados que han causado daños contra personas o contra bienes materiales”.