Joe Biden y sus aliados demócratas se anotaron esta semana una contundente victoria legislativa en uno de los frentes que el presidente estadounidense abanderó en campaña: aprobar medidas ambiciosas para luchar contra el cambio climático. Tras la aprobación del Senado, este viernes es la Cámara de Representantes la que tiene previsto dar el visto bueno a la legislación.
Tras unas negociaciones que parecían muertas hace solo unas semanas, los 50 demócratas del Senado se pusieron de acuerdo este pasado domingo en un paquete de medidas.
- En total, 437.000 millones de dólares en nuevos gastos a lo largo de la próxima década, además de otros 300.000 millones para renovar otras inversiones.
- El objetivo, reducir el impacto de Estados Unidos en el calentamiento global, aunque con unos cuantos peros que han sido necesarios para alcanzar el consenso de los 50 legisladores.
El paquete es conocido como «Ley de Reducción de la Inflación 2022». En realidad, no tiene mucho que ver con la subida de precios salvo por algunos detalles, pero sigue siendo una victoria para Biden. Entre las medidas se encuentran:
- Iniciativas para promocionar la transición a energías limpias.
- Provisiones para hacer más asequible el acceso sanitario.
- Subidas de impuestos a las grandes corporaciones.
¿Pero cómo de lejos van esas iniciativas de Biden y los demócratas contra el cambio climático? ¿Cuáles son los peros de la legislación? Y sobre todo, ¿qué compromisos han tenido que alcanzar con algunos senadores demócratas para que el paquete haya llegado a buen puerto?
Las nuevas medidas de Biden contra el cambio climático
El paquete de Biden y los demócratas incluye la mayor inversión de la historia del gobierno federal estadounidense para luchar contra el cambio climático. Las medidas ayudarían al país a reducir sus emisiones de gases invernadero en un 40 por ciento antes de 2030, según los expertos. Esa cifra está un poco por debajo del objetivo que se había marcado el presidente en campaña.
La nueva ley se queda corta de prioridades progresistas como impuestos directos sobre emisiones. En cambio, apuesta 370 millones de dólares en forma de:
- Créditos fiscales para tecnologías de energía limpia como la solar o la eólica, pero también investigación y desarrollo en nuevas formas de energía nuclear o de hidrógeno verde.
- Créditos fiscales para acelerar la producción de paneles solares, turbinas eólicas, coches eléctricos, baterías y procesamiento de minerales clave para esas energías.
- Créditos fiscales de entre 4.000 y 7.500 dólares para que consumidores de rentas bajas y medias compren vehículos eléctricos.
El paquete de Biden y los demócratas también aparta dinero para aquellas comunidades que se han visto y se verán más afectadas por las consecuencias del cambio climático.
- Eso incluye 27.000 millones de dólares para crear un ‘banco verde’ que ayude a invertir en proyectos de energías limpias. La medida incentivará esas inversiones entre particulares y especialmente en comunidades con menos recursos.
- Es decir, que los consumidores podrán conseguir créditos fiscales si añaden sistemas de energía renovable en sus casas. Por ejemplo, paneles solares, bombas de calor o sistemas de aire y ventilación eléctricos.
Los ‘peros’ de Joe Manchin
Para asegurar los 50 votos necesarios para aprobar la ley, Biden y los líderes demócratas tuvieron que negociar con un obstáculo habitual en sus proyectos más ambiciosos contra el cambio climático y otras prioridades progresistas: Joe Manchin.
- El senador demócrata moderado de West Virginia suele ser la voz más reticente a dar el «sí, quiero» a las leyes más progresistas.
- West Virginia es un estado profundamente conservador cuyos votantes reeligieron a Manchin en 2018 por su perfil independiente —y defender los intereses del estado.
- Intereses que en gran parte se centran en minas de carbón o en proyectos de exploración de gas natural. Ambas son energías en las que West Virginia es uno de los líderes nacionales.
Manchin es la principal razón por la que la ley de Biden y los demócratas contra el cambio climático ha reducido su escala desde los 2.2 billones de dólares previstos a los poco más de 700.000 actuales. Y entre algunas de las concesiones que ha logrado se encuentran:
- Incentivos fiscales para que las compañías construyan granjas solares y eólicas en áreas donde han cerrado recientemente minas y plantas de carbón.
- Créditos fiscales para tecnologías apoyadas por la industria de combustibles fósiles como la captura y el almacenamiento de carbono.
- Requerimientos para que el gobierno federal subaste más aguas y terrenos públicos para la extracción de petróleo y gas natural.
- Y el compromiso de los líderes demócratas a votar a favor de otra ley que acelerará los permisos para proyectos de energía como gaseoductos, potencialmente importante en West Virginia.
Un primer paso importante
Pese a las quejas de los activistas más progresistas, multitud de grupos medioambientales han mostrado su optimismo con la nueva legislación. Y más sabiendo que la ley estaba muerta hace apenas unas semanas cuando Manchin anunció el final abrupto de las negociaciones solo para retractarse poco después.
- Los expertos creen que las medidas que incentivan la transición ecológica son varias veces más importantes que las que ayudan a la industria de combustibles fósiles.
- Y que aunque haya inversión en tecnologías como la captura de carbono, la legislación posiblemente acelerará la muerte de las minas y plantas de carbón.
En ese frente, Biden, Manchin y los demócratas han logrado medidas que luchan contra el cambio climático al tiempo que piensan en los trabajadores que se están quedando detrás. La ley también incluye recursos para los mineros con problemas pulmonares y proyectos renovables que crearán empleos allá donde el carbón ha pasado a mejor vida. Ahora solo falta que las cifras, tanto de trabajos como de reducción de emisiones, sean las que prometen.
