Consultas en Europa y autodeterminación: los casos de Escocia y Groenlandia 

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, insistió en autodeterminación de los países durante el debate de investidura del candidato y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Estados como Dinamarca, como Reino Unido, incluso Francia, contemplan la acción de que las sociedades de las naciones que en sus Estados se integran puedan decidir su futuro mediante la palabra y las urnas” aseguró la portavoz (min. 1:33:38) en referencia a la posibilidad que existe en estos países a celebrar un referéndum (pactado) para escindir una parte del territorio.

Antes de entrar en los detalles de la cuestión territorial, es importante diferenciar entre la secesión y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Así lo explica a Newtral.es el profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, José Ángel López:

• Derecho de autodeterminación de los pueblos. Recogido en la Carta de Naciones Unidas de 1945 (artículo 1.2) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 1). Determina que los pueblos tienen derecho a establecer libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural. Este derecho está ligado a los pueblos subyugados por potencias extranjeras, como las colonias. Y tiene limitaciones, como establece la Asamblea General de la ONU en la resolución 1514 de 1960 sobre la descolonización: la libre autodeterminación de los pueblos no puede usarse como pretexto para “quebrantar” la unidad de un Estado.
• La secesión. Es una cuestión del derecho interno de cada país y, actualmente, casi “ningún texto constitucional avala la secesión”, indica López. Con tres excepciones: el país caribeño formado por las islas de San Cristóbal y Nevis, Etiopía y Liechtenstein. En cualquier caso, la independencia de un territorio dentro de un Estado ya constituido libremente no puede hacerse de forma unilateral, exige un amplio respaldo parlamentario y negociar las condiciones con el “país matriz”, según el experto. 

Repasamos cómo se encajan los movimientos independentistas en las leyes de cada país:

El país danés aprobó por referéndum la reforma del estatuto de autonomía de Groenlandia para concederles la autodeterminación

En 2008 el 75,5% de los habitantes de Groenlandia votaron sí en el referéndum convocado para aprobar la ampliación de su estatuto de autonomía. De esta forma, se adoptó la Ley de Autogobierno de Groenlandia que reconoce en este país que “según el derecho internacional, el pueblo groenlandés es un pueblo con derecho a la autodeterminación”. Entre otros puntos, la norma establece en su artículo 21 que “las decisiones sobre la independencia de Groenlandia serán tomadas por el pueblo groenlandés”. 

Como explica a Newtral.es el investigador de la Universidad de Aarhus en Copenhague, Jens Wendel-Hansen, la ley groenlandesa de autodeterminación es, desde un punto de vista histórico, una delegación de poderes como la que se hace a los gobiernos locales, pero en el caso groenlandés es muy amplia: “Groenlandia puede hacerse cargo de todos los recursos políticos, excluyendo únicamente la Constitución, los asuntos exteriores, la defensa, el Tribunal Supremo, el sistema monetario y la nacionalidad”. 

• Pero ¿cómo convive esta ley con la Constitución de Dinamarca? Según el artículo 19 de la carta magna danesa, el Gobierno danés puede firmar tratados que reduzcan el territorio del Reino siempre que el Parlamento dé su consentimiento. De esta forma, como indica el trabajo de investigación de Katja Göcke, si Groenlandia optara por la independencia no sería necesario modificar la Constitución danesa (pág. 117). 

No obstante, esta ley ha resultado ser poco más de un postulado político ya que, en la práctica, “las autoridades danesas administran bastante más que lo que permite la norma en lo que respecta a Groenlandia”, explica Wendel-Hansen. ¿La razón? La economía. Las autoridades groenlandesas no pueden permitirse hacerse cargo de tanta autonomía. “Es el elemento económico lo que frena a Groenlandia a celebrar el referéndum sobre la independencia previsto en la Ley de Autonomía”, argumenta el experto. 

A pesar de que el artículo no se ha utilizado, la política groenlandesa lo utiliza como objetivo a largo plazo “por el que trabaja toda la administración groenlandesa”.

El Parlamento del país permitió el referéndum de autodeterminación de Escocia en 2014 

Como indica el profesor de la Universidad de Comillas, Reino Unido no tiene una Constitución escrita o codificada. El país se rige por tratados, decisiones judiciales, estatutos y convenciones parlamentarias. Y la jurisprudencia de estos textos equivale a una Constitución. “Esta particularidad de Reino Unido permite mayor margen de actuación: el país consintió la celebración del referéndum de autodeterminación de Escocia en 2014”, puntualiza López.

En este caso, los gobiernos escocés y británico (liderado entonces por el conservador David Cameron) acordaron aprobar la Orden Sección 30 de la Ley de Escocia. Como indica el parlamento británico, se trata de un permiso que puede utilizarse para aumentar o restringir —temporal o permanentemente— la autoridad legislativa del Parlamento escocés. Según explica a Newtral.es Ian McLean, doctor e investigador en Nuffield College de la Universidad de Oxford, en este caso la ley se utilizó para permitir la celebración del referéndum de independencia el 18 de septiembre de 2014.

• Como contamos en Newtral.es, votó el 84,6% de la población con derecho a voto, y el 55% apoyó permanecer en Reino Unido. 

Pero entonces llegó el Brexit. El año del referéndum, la salida del Reino Unido de la UE era aún una opción difusa. Sin embargo, desde la salida del país del club de los Veintisiete en 2016, el Gobierno escocés —controlado por los partidos nacionalistas— pide que se repita la consulta y que se celebre de la misma forma que en 2014: legal y acordada con el parlamento británico. 

Sin embargo, el acuerdo político de entonces no se ha vuelto a repetir ahora. El actual Gobierno de Rishi Sunak —también conservador— ha rechazado permitir la celebración de una segunda consulta de secesión. Así, el ejecutivo de Edimburgo decidió acudir al Tribunal Supremo para que los jueces resolvieran si Escocia puede convocar un referéndum por su cuenta o si necesita la luz verde del parlamento británico. La sentencia del Supremo, publicada en noviembre del año pasado, fue unánime: “El Parlamento escocés no tiene el poder de legislar para un referéndum sobre la independencia de Escocia” si el Gobierno de Reino Unido no modifica la ley como ocurrió en 2014.

Francia no reconoce la secesión en su Constitución

Según indica a Newtral.es Guillaume Tusseau, profesor de derecho constitucional en el Instituto de Ciencias Políticas de París (Science Po), la posibilidad de una secesión en Francia atacaría directamente al artículo 1 de la Constitución que establece el principio de indivisibilidad de la República. 

Francia prohíbe incluso la posibilidad de modificar su carta magna para permitir una secesión, como indica en su artículo 89. “No puede iniciarse ni proseguirse ningún procedimiento de revisión [de la Constitución] cuando se vea afectada la integridad del territorio”. Como comenta Tusseau, “si una región francesa iniciara un proceso secesionista, ello podría representar un ataque a la integridad del territorio que impediría una revisión constitucional”.

No obstante, ha habido movimientos de regiones concretas que demandan mayor autonomía a París. En concreto, la isla de Córcega que ha sufrido décadas de violencia y terrorismo. Los gobernantes corsos piden más competencias al Estado central que se ha mostrado abierto a debatir, incluso, una revisión constitucional que permita una mayor autonomía de la isla. 

“Entre los temas importantes que reclama el ejecutivo de Córcega figuran el derecho urbanístico y el uso de la lengua corsa. También podría contemplarse un derecho de experimentación, que permitiría a Córcega apartarse de la ley aplicable en el resto del territorio”, indica Tusseau.

En cualquier caso, el profesor de derecho constitucional recuerda que, aunque existen partidos políticos independentistas, hasta la fecha no ha habido ningún intento de independencia. “El proceso político iniciado recientemente no va tan lejos, sino que sólo prevé una mayor autonomía y, simbólicamente, la consagración en la Constitución”, aclara

El hito independentista de Canadá

Otra región que ha tratado de conseguir la independencia de un territorio mediante un referéndum legal ha sido Quebec, en Canadá. Como explicamos en Newtral.es, el Tribunal Supremo del país determinó las condiciones por las que un territorio en un Estado democrático puede conseguir la autodeterminación. 

• Se puede celebrar una consulta en el territorio, pero la pregunta debe estar claramente formulada, que no dé pie a malinterpretaciones. 
• Si se obtiene una mayoría a favor de la separación debe ser clara y contundente. 

Tras ello, y si se cumplen los requisitos, la Corte permite la posibilidad de que la región de Quebec establezca los términos de su separación. Algo que no ha sucedido, hasta el momento.