Radiografía de los pactos entre PP y Vox: las grandes diferencias (y similitudes) entre comunidades

Tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, PP y Vox han firmado hasta la fecha pactos programáticos en tres comunidades: Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Extremadura. El resultado ha sido diferente no solo a nivel del reparto de cargos a la ultraderecha en los gobiernos regionales, también en el contenido de lo pactado. Porque, aunque hay rasgos comunes entre los tres documentos, también hay una serie de diferencias y matices.

La disparidad empieza en la extensión del acuerdo sellado y la concreción de las medidas: los compromisos en Baleares (110) duplican los de la Comunidad Valenciana (50) y distan de los de Extremadura (60), siendo en el territorio que gobernará el popular Carlos Mazón donde más indeterminadas son las propuestas. A su vez, Baleares es la única región donde, junto a este pacto, se ha sellado el compromiso de crear una comisión para dar seguimiento al cumplimiento de lo acordado. 

Tres conceptos distintos para no hablar de “violencia de género”

El concepto de “violencia de género” no aparece en ninguno de los tres documentos, pero PP y Vox no han empleado las mismas formas para, precisamente, esquivarlo. 

El primer acuerdo que firmaron ambas formaciones fue el de la Comunidad Valenciana de la mano de Carlos Mazón (PP) y Carlos Flores (Vox). En él, se limitan a hablar de “violencia intrafamiliar” y en un sentido muy concreto: “Defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”. 

A continuación llegó el acuerdo en Baleares, donde se mantiene el concepto de violencia intrafamiliar al tiempo que se incorporan dos nuevas expresiones: “violencia contra las mujeres” y “discursos machistas”. Sus promesas concretas son: 

• “Se garantizará toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores”.
• “Se trabajará para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”. 
• “Se apoyará y asistirá a las víctimas de violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres, a la que sufren los niños y a la que sufren los ancianos, así como la creciente violencia filioparental”. 

Y hace apenas unos días le tocó el turno a Extremadura. Allí, María Guardiola (PP) y Ángel Pelayo (Vox) dejaron públicamente sus diferencias a un lado y sellaron un tercer pacto programático en el que, a diferencia de los demás, no aparece el término “violencia intrafamiliar”. En cambio, consta el compromiso de “erradicar (…)  los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”.

Educación: diferencias respecto al ‘pin parental’ y la ley Celaá

PP y Vox inician la sección de sus pactos dedicada a la Educación garantizando la libertad de los progenitores para elegir el centro para sus hijos, algo que no se explica cómo se hará. A continuación, en la Comunidad Valenciana se incluye el siguiente compromiso: “Los padres elegirán libremente, y en su caso autorizarán, el contenido de las actividades extracurriculares”, lo que en la práctica supondría aplicar el conocido como ‘pin parental’. 

En Baleares, ambas formaciones han prometido “implementar los mecanismos necesarios para garantizar el conocimiento y la aprobación previa de materias extracurriculares, así como su voluntariedad”. Por el contrario, las menciones de este tipo en el documento pactado en Extremadura brillan por su ausencia. 

Tampoco en esta comunidad se incluye el refuerzo de la inspección educativa para “sacar la ideología de las aulas” que sí incluyen los otros dos territorios. Comunidad Valenciana y Baleares también coinciden en su promesa de garantizar la gratuidad de la educación desde los 0 años, precepto que en Extremadura se incluye con un matiz: hablan de “avanzar de forma decidida” hacia ese objetivo, pero sin darlo por hecho. 

Por su parte, el acuerdo que ha facilitado el Gobierno de Marga Prohens en las islas es el único que incluye “suspender la actual aplicación de la LOMLOE”, conocida como ley Celáa. 

Bajadas de impuestos cambiantes: IRPF, Sucesiones, Patrimonio… 

En sus pactos, PP y Vox han incluido rebajas en los impuestos en las tres autonomías en las que han cerrado un acuerdo, sin embargo, esta no será igual en todas ellas. Respecto al Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), Baleares y Comunidad Valenciana especifican que será en “todos los tramos”, mientras que en Extremadura se limitan a decir que lo reducirán “drásticamente”. Si bien todos coinciden en que lo harán especialmente a los salarios medios y bajos, ningún documento concreta estos porcentajes. 

En las propuestas sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones sucede algo parecido. El documento extremeño asegura que lo eliminarán para “la mayoría de los contribuyentes” y en el valenciano, no se concreta. En este punto, el documento más exhaustivo es el de Baleares porque especifica que se suprimirá para las herencias entre padres e hijos, abuelos y nietos y entre cónyuges; y que lo rebajarán al 50% entre hermanos, tíos y sobrinos. 

Baleares, con todo, es la única de las tres que no se compromete a derogar por completo el Impuesto de Patrimonio, pues habla de una reducción progresiva supeditada a “la derogación del Impuesto estatal de Solidaridad de las grandes fortunas aprobado por el Estado”. 

La ocupación, en el centro de los pactos entre PP y Vox 

En Baleares, la Comunidad Valenciana y Extremadura PP y Vox aseguran que, si se produce una ocupación ilegal, “los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado”. En este compromiso, no obstante, es la comunidad que gobernará Guardiola la única en la que se añade un matiz: el de que lo harán “dentro de sus competencias”. 

Y es que, como se reconoce de forma indirecta en el documento balear, en estas actuaciones es el Gobierno central el que juega un papel clave. Por ello, en el documento se exige a este “que plantee las modificaciones normativas que posibiliten el desalojo exprés en 24 horas de quiénes ocupen ilegalmente una vivienda”. 

Extremadura también se muestra menos tajante a la hora de poner en marcha una oficina específica centrada en “asesoramiento y acompañamiento” de las víctimas de la ocupación ilegal, como sí aparece en los otros documentos (en Baleares, además, pretende crear un teléfono de atención permanente y otorgar ayudas económicas). En su caso, rebajan la propuesta a que “estudiarán” si lo hacen o no.

Propuestas sobre migrantes en situación irregular

“Un plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal, la ocupación y la creciente inseguridad” que -aseguran- garantizará la atención a las víctimas de las mafias y buscará la identificación de personas en situación irregular para repatrialas. Esta es la estrategia que plantean PP y Vox en Baleares, donde además quieren cambiar los criterios para acceder a subvenciones y ayudas: no bastará con estar empadronado sino que habrá que acreditar tener la residencia legal en la comunidad. De igual modo, anuncian que van a suprimir “cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos», sin especificar bajo qué criterios juzgan ellos que lo hacen.

Comparten esta última medida con la Comunidad Valenciana, donde Mazón y Flores también acordaron un punto específico sobre los migrantes en situación irregular, algo que no ocurre respecto a Extremadura. En el pacto de esta comunidad autónoma, dicha cuestión no aparece. 

Medidas específicas sobre los toros o la ley trans

En paralelo a los temas que comparten, llama la atención cuestiones o compromisos específicos que solo se abordan en algunos documentos. En la Comunidad Valenciana, Mazón y Flores firmaron la aprobación de una “Ley de Señas de Identidad”, la supresión de la tasa turística y cuantificaron en un 30% el aumento del presupuesto en Sanidad. 

Extremadura, por su parte, es el único caso en el que se nombran específicamente el problema de las “listas de espera”, proponiendo la creación de una lista “única y voluntaria”. En materia de energía, pretenden que se revierta el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz. Y en el mundo rural -área en la que Vox tendrá competencias-, se comprometen a acometer las reformas necesarias para “contrarrestar los perjuicios de la Ley de bienestar animal” y a recuperar las actividades humanas que consideran que ayudan a prevenir incendios pero han sido vetadas por “limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales”.

Finalmente, y aunque se escapan del ámbito autonómico, el acuerdo de PP y Vox en Baleares incluye menciones a la ley trans y a la ley del ‘solo sí es sí’ para exigir su derogación. Como parte de sus competencias, reformarán la ley LGTBI con un fin concreto: “garantizar que las mujeres estén y se sientan protegidas en espacios de intimidad, como vestuarios o baños, así como en el ámbito del deporte”.

De igual manera, plantean reservar viviendas en alquiler a empleados públicos en áreas con más plazas vacantes y dificultades para cubrirlas y elaborar una nueva norma de vivienda autonómica. En materia legislativa, planean modificar la ley que regula las corridas de toros para habilitar el acceso a menores de edad a estos eventos. 

Medidas calcadas en los tres documentos: de la ley de familias a la salud mental

En los diferentes pactos entre PP y Vox también hay puntos idénticos, compromisos desarrollados con las mismas palabras con independencia del territorio. Todos ellos, caracterizados por la ambigüedad de lo que proponen. Es el caso de las referencia a la salud mental: “Será uno de los pilares del sistema sanitario público con atención especial a la lacra del suicidio y a la soledad no deseada. Reforzaremos las medidas de prevención para concienciar sobre esta cuestión”, se puede leer. 

O también el del incentivo de la actividad empresarial: “Protegeremos a las pequeñas y medianas empresas, así como a las micropymes, con especial atención al comercio local y artesano y a las empresas de gran arraigo, favoreciendo su desarrollo y colaborando con la creación y fijación del empleo”. 

O también el relativo al mundo rural, donde lo único que varía es la mención al territorio en cuestión: “Defenderemos al mundo rural, sus tradiciones, fiestas, modo de vida y actividad económica, esencial para el desarrollo de Extremadura y de toda España”.