Las claves del pacto para evitar tránsfugas: Preguntas y respuestas

La desobediencia a la disciplina de los dos diputados de UPN que votaron en contra de la decisión de la dirección de su partido para intentar impedir la convalidación de la reforma laboral en el Congreso ha traído a colación el debate sobre el Pacto Antitransfuguismo.

[Más de 20 años después del primer pacto, los partidos buscan evitar tránsfugas en el Congreso y el Senado]

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, acusó de transfuguismo a Sergio Sayas y a Carlos García Adanero, los dos diputados que decidieron incumplir la disciplina de voto de su partido. “No porque lo diga la señora Lastra, que también, sino porque así lo dice el Pacto Antitransfuguismo”, insistió la diputada. Aunque UPN ha ratificado el proceso de expulsión de los diputados díscolos, Unión del Pueblo Navarro no se encuentra entre los once partidos que firmaron la última actualización del Pacto Antitransfuguismo.

En cualquier caso, Sayas y García Adanero afirman que mantendrán sus actas a pesar de que el Comité de Garantías y Disciplinas de UPN ha propuesto suspender de militancia durante dos años y medio a los parlamentarios por no haber acatado la directriz del partido de apoyar la reforma laboral. 

A partir de ahora, Sayas y García Adanero disponen de cinco días para presentar alegaciones. Según ha confirmado el propio García Adanero en declaraciones a Europa Press, los diputados reclamarán al Comité su decisión.

¿A quién considera tránsfuga el Pacto Antitransfuguismo?

La última actualización del Pacto Antitransfuguismo del 2020 considera tránsfuga “a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.

Además, el texto detalla que en caso de dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, “será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”.

El pacto para impedir que haya tránsfugas compromete a las “fuerzas políticas firmantes a estudiar y en su caso impulsar una iniciativa legislativa que, respetando y teniendo presente la doctrina del Tribunal Constitucional pueda promover la destitución de aquellos cargos públicos tránsfugas que no han sido electos por sufragio directo por el cuerpo electoral sino que han sido designados por mecanismos indirectos a través de las asambleas legislativas autonómicas o por los concejales de su fuerza política en el partido judicial, así como los designados en aquellos otros ámbitos de representación en otras instituciones y organismos”.

¿Cómo ha evolucionado el Pacto Antitransfuguismo desde que se acordó hace 24 años?

El Pacto para evitar tránsfugas se firmó por primera vez entre los doce partidos que contaban con representación parlamentaria en julio de 1998. Entonces, las formaciones de todo el espectro político encabezadas por el PSOE y el PP suscribieron el Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, más conocido como Pacto Antitransfuguismo.

Al acuerdo se añadieron dos actualizaciones, en septiembre del año 2000 y en mayo del 2006. En la primera, los partidos firmantes se aseguraban que lo acordado en 1998 se estaba cumpliendo sin añadir ninguna otra indicación. En 2006, las formaciones ampliaron el concepto de tránsfuga, incluyendo no solo a los que cambiaban de formación sino, también, a los que se beneficiaban de ello en las corporaciones locales.

El pacto para evitar tránsfugas se actualizó por última vez en 2020 y fue suscrito por once formaciones: PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSC, PNV, Izquierda Unida, BNG, PAR, Foro Asturias y Galicia en Común.

¿Cómo han afectado los últimos acontecimientos políticos al Pacto Antitransfuguismo?

El voto de los tránsfugas de Ciudadanos que permitió derrotar la moción de censura presentada por PSOE y Cs contra el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), a cambio de cargos en su Ejecutivo instó al Pacto Antitransfuguismo a constituir una Comisión de Expertos.

Su dictamen final determinó que tanto el presidente López Miras como los cuatro diputados de Cs que hicieron fracasar en el último momento la moción de censura eran considerados tránsfugas. En concreto, la resolución de los expertos determinó la actuación del presidente murciano como “transfuguismo” y le atribuyó un papel de “inductor y beneficiario”.

La misma etiqueta colocó a su vicepresidenta, Isabel Franco, y a los otros tres diputados naranjas: Francisco Álvarez, María del Valle Miguélez y Alberto Castillo responsables de la derrota y a los que acusó de «traición» por negociar con el PP a espaldas de su formación. El grupo de expertos, sin embargo, rechazó las alegaciones del PP, que no lo considera un caso de transfuguismo asumible al pacto antitransfuguismo al estimar que los cuatro diputados de Cs se mantuvieron “fieles” al acuerdo de gobierno alcanzado en julio de 2019 entre populares y naranjas.

Tras esta resolución, el PP decidió abandonar el Pacto Antitransfuguismo del que formó parte de manera ininterrumpida como miembro fundador desde su constitución en 1998. Los populares rompieron con el pacto el 8 de abril de 2021 por considerar que se utiliza de manera “partidista” y “torticera”. De esta forma, según sostuvieron, los informes, acuerdos y resoluciones del pacto “carecen de validez” tras su marcha “al no estar suscrito por una mayoría cualificada del Congreso”

¿Qué importancia tiene el Pacto Antitransfuguismo en una democracia parlamentaria?

En conversación con Newtral.es, Pablo Simón, politólogo y profesor de ciencias políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, afirma que el pacto para evitar tránsfugas es irrelevante y rebunda en lo que tendría que ser la normalidad democrática. “Que esté escrito o no en un acuerdo, es indiferente. Lo que tiene que haber son unas reglas no escritas sobre cuáles son procedimientos legítimos para ganar mayorías en el Parlamento”, sostiene Simón y aclara con un ejemplo: “Aunque no existiera Pacto Antitransfuguismo, lo de Murcia y lo de UPN ha sido un escándalo”. 

Tal y como argumenta el experto, la forma de gobierno en España es un sistema parlamentario donde la disciplina de partido es un elemento que se reproduce en todos los parlamentos del mundo, “tengan o no tengan Pacto Antitransfuguismo”. 

“El Gobierno depende de disponer de la mayoría en la cámara para poder sobrevivir. Por ello, la disciplina de partido es superior al 90% en Dinamarca, en Alemania, en España, en Portugal o en Italia. Es la norma común dominante. Haya o no pacto, la disciplina ocurre”, sostiene Simón. 

¿Qué diferencias existen entre los sistemas parlamentarios en Europa?

A pesar de la alta cohesión dentro de los partidos que conforman los sistemas parlamentarios europeos, hay elementos que matizan esta estructura. “No en todos los parlamentos la disciplina es igual: en España es mayor y en Reino Unido, siendo alta, es menor”, afirma el politólogo. 

La explicación radica en que la disciplina de partido está determinada, también, por los sistemas electorales de cada país. Según explica Simón, en un modelo de listas cerradas y bloqueadas como el español “es muy fácil disciplinar a los diputados: si no cumple, no repite en la lista”. La consecuencia es, por tanto, inmediata. “Además, el ciudadano vota a un partido, el depositario legítimo del escaño es, por tanto, el partido, no el diputado”, prosigue el experto. 

Pero existen otros sistemas electorales, como ocurre en Bélgica. “En el sistema belga las listas están desbloqueadas, por lo que el votante puede marcar dentro de la lista que presenta el partido a la persona que prefiera”. En este caso, el diputado goza de mayor autonomía y tiene mayor legitimidad para contradecir la opinión de su partido, ya que los ciudadanos le han votado de manera directa. 

En el caso de Reino Unido, los diputados se presentan por circunscripción territorial. “Como solo hay un escaño en juego, el diputado se debe únicamente a los votantes de ese distrito”. Forma parte de un partido político concreto, pero está legitimado para votar en contra si valora que el resultado perjudicará a los ciudadanos de la región que le han elegido.

¿Por qué son peligrosos los tránsfugas?

En un contexto tan fragmentado como el actual, en el que hay diferentes y pluralidad de opiniones se producen “dinámicas de intercambio de pactos políticos a cambio de votos en el Congreso”.

El peligro llega cuando los diputados deciden votar y actuar según sus propios beneficios, que es la raíz de la creación del pacto antitransfuguismo. “No representan los intereses de una comunidad autónoma o de un país porque no tienen legitimidad, nadie les ha elegido a ellos en concreto para estar sentados en esa silla, ni a Sayas ni a García Adanero”, añade Simón que insiste: “Si normalizamos este comportamiento abriremos un camino muy peligroso tamizado de corrupción que terminará generando compras de voluntades individuales para conseguir aprobar leyes en el Congreso“.

La disciplina de partido es importante, además, para rendir cuentas. “Si cada diputado hace lo que quiere según sus propios beneficios, ¿cómo logrará el partido cumplir con sus promesas electorales?”, se pregunta Simón.