Trabajar a más de 30 ºC en el monte con un contrato temporal: así actúan los operativos contra incendios forestales

El domingo 17 Daniel Gullón falleció durante la extinción del incendio forestal en Losacio (Zamora), como confirmó la Consejería de Medio Ambiente en un comunicado. Era peón manguerista de una autobomba del operativo y tenía 62 años.

Una semana antes, CCOO Castilla y León había denunciado ante la Inspección de Trabajo las condiciones laborales de las cuadrillas forestales, que trabajan a más de 30 ºC en el monte y están expuestas a agentes químicos, precisan en un comunicado.

En Castilla y León hay 4.500 personas trabajando en la prevención y extinción de incendios en verano, de los que 1.250 forman parte de las cuadrillas de tierra, según cálculos del sindicato. Te explicamos cómo se organizan los trabajadores de estos operativos de lucha contra los incendios forestales y a qué problemas se enfrentan.

Quiénes componen los operativos antiincendios en Castilla y León

Dentro de los operativos de lucha contra incendios forestales están las cuadrillas terrestres, de las que forman parte los peones como Daniel. Son las que hacen trabajos de limpieza en los montes y participan en la extinción de incendios. Suelen hacer podas o desbroces, por ejemplo, pero también combaten las llamas cuando hay un incendio, como explican en la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.

Para poder formar parte de estos operativos “hay que tener una formación mínima de 16 horas”, como cuentan desde la Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galicia (Atrifoga). Son cursos que incluyen una base teórica y práctica.

Además de estos efectivos autonómicos, el Estado manda ayuda a los territorios a través de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y la Unidad Militar de Emergencia (UME), como especifican en el Ministerio de Transición Ecológica.

Las condiciones de trabajo en la extinción de incendios: temporalidad y falta de prevención en invierno

Muchos de estos puestos de peones los cubren jóvenes que aprovechan los meses de verano para entrar a trabajar en los incendios. El problema es que no se les ofrece una continuidad, como denuncian desde Atrifoga: “Los chavales entran a trabajar en verano, pero se acaban yendo porque necesitan estabilidad laboral. Cada trabajador que entra nuevo parte de cero y, así, nunca vas a tener a gente con cierta experiencia a la hora de apagar fuegos”.

La propuesta de las asociaciones es ofrecer puestos de trabajo durante todo el año para poder hacer labores de limpieza: “La prevención no te quita los incendios, los va a haber igual, pero te puede ayudar a minimizar los daños”, cuentan en Atrifoga. 

En muchos casos, también se enfrentan a problemas técnicos que van desde monos que van perdiendo propiedades con los lavados, la falta de centros operativos adecuados o la peligrosidad de las sustancias químicas que introducen los trabajadores en sus casas tras los incendios, según la asociación.

Quién gestiona estos efectivos y qué tipos de contratos ofrecen

Estos trabajos de prevención y extinción de incendios son competencia de las comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León, se organizan de tres formas, como explica Juan Manuel Ramos, responsable del sector forestal de CCOO Industria: “Está el [operativo] público, compuesto por el personal que depende de la Junta, que tiene contratos fijos o fijos discontinuos regulados por convenio colectivo. Después, está el de Tragsa, que es una empresa semipública y tiene un convenio colectivo propio. Luego, están las 30 empresas privadas concesionarias del servicio que consiguen las licitaciones de la Junta”.

En el ámbito privado, “antes de la reforma laboral, se contrataba a los trabajadores por obra o servicio y trabajaban los tres meses de verano en la prevención y la extinción. Lo que pasa es que a la mayoría los despiden el 30 de septiembre y queda un operativo residual durante todo el invierno con cuadrillas que se ven reducidas a la mitad del personal”, según Ramos.

Otros sindicatos como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya llevan tiempo alertando de la “privatización” del servicio. La organización denunció a finales de 2020 en un comunicado que, “del incremento de tres millones de euros [ese año] para el Operativo de Prevención y Extinción contra Incendios Forestales (OPEIF) de la Junta de Castilla y León, solo el 13% vayan al personal público de la administración autonómica”.

Las reivindicaciones de los sindicatos: la equiparación con los bomberos forestales y la mejora en las condiciones

La figura del peón también está regulada de manera distinta en función de las comunidades autónomas. En algunas como Galicia, están reconocidos como bomberos forestales “desde el jefe de cuadrilla hasta el peón”, como explica CCOO Galicia a Newtral.es. Allí, “el grueso del operativo de extinción es público y lo gestiona la Xunta”.

Es una categoría de trabajo distinta y, gracias a ella, reciben más formación y acceden a contratos mejores, muchos de ellos fijos discontinuos. Esto también puede ser positivo para ellos a la hora de conseguir ciertos beneficios, como por ejemplo, trabajar durante más meses al año para labores de prevención o acceder a coeficientes reductores en sus jubilaciones, como explica José P. Hernández, secretario de la Asociación de Trabajadores de las BRIF (Atbrif)

En Castilla y León no tienen ese reconocimiento. Lo explica Ramos: “Aquí solo hay trabajadores que gestionan el monte y la mayor parte son peones que manejan motodesbrozadoras o conducen un 4×4, por ejemplo. Son considerados peones forestales o peones especialistas”.

En ese sentido, una de las reivindicaciones de los sindicatos es la de aplicar el Estatuto Básico del Bombero Forestal en casos como el de Daniel, como pide CCOO. Esto supondría “homogeneizarlos a todos” y permitiría que, en épocas de muchos incendios, no tuvieran que hacer de “trabajadores dos por uno” manejando herramientas pesadas a 30ºC e ir a los incendios ya cansados de trabajar durante toda la mañana, comenta Ramos.