Qué opciones tiene Biden para garantizar el acceso al aborto en EEUU

El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó este viernes una orden ejecutiva sobre el aborto. Pese al bombo mediático, no está claro que el mandatario vaya a lograr demasiado en un momento trascendental para millones de mujeres en todo el país. Aunque tampoco es que Biden y los demócratas tengan muchas opciones para garantizar el acceso al aborto en EEUU.

• La orden de Biden llega dos semanas después de que el Tribunal Supremo pusiera fin al derecho constitucional al aborto.
• Seis de los nueve jueces de la Corte anularon el precedente Roe vs. Wade que lo había reconocido desde los años 70.
• Ahora, más de una veintena de estados de los 50 que forman el país tienen previsto prohibir el aborto por completo de forma inminente. Al menos diez ya lo han hecho.

Biden tiene dos impedimentos. El primero es judicial:

• Una decisión del Supremo limita las opciones del presidente estadounidense para legislar sobre el aborto en EEUU. Los juzgados bloquearían sus iniciativas proabortistas.
• Y tampoco parece que puedan cambiar el perfil de la Corte en un futuro próximo. Dos jueces conservadores deberían dimitir o morir para que Biden pueda llenar sus vacantes con jueces progresistas dispuestos a volver a reconocer el aborto como derecho.

El segundo es político:

• Biden carece de los votos necesarios para tipificar el acceso al aborto en las Cámaras legislativas del país. No existen ahora mismo 60 senadores dispuestos a legalizar el aborto a nivel federal.
• Y en el caso de querer dinamitar las normas del Senado y permitir que solo 50 votos sean necesarios para proteger el acceso al aborto a nivel federal, al menos dos senadores demócratas se oponen a tomar esa ruta.
• Además, cualquier mayoría republicana futura en la Cámara Alta, ayudada de un presidente republicano, podría destruir esos logros.

La orden ejecutiva de Biden sobre el aborto

Con esas limitaciones, Biden y sus consejeros llevan semanas valorando alternativas. El poder de la Casa Blanca y las administraciones federales ofrecen una baraja repleta de opciones. Pero:

• Con suma probabilidad, ninguna sea la «bala mágica» que querrían muchos activistas proaborto.
• Tampoco existe ninguna que no implique riesgos judiciales para la Administración de Biden.

Es en ese contexto en el que nace la orden ejecutiva que Biden firmó este pasado viernes. A grandes rasgos, el presidente estadounidense dirige a varios de sus departamentos a que tomen medidas o exploren rutas de acción a seguir en los próximos meses. Según la Casa Blanca, sus cuatro focos principales son:

• Salvaguardar el acceso a servicios de sanidad reproductiva, incluidos el aborto y anticonceptivos.
• Proteger la privacidad de los pacientes.
• Promover la seguridad de pacientes y clínicas.
• Coordinar la implementación de las iniciativas federales para proteger los derechos reproductivos y el acceso sanitario de los pacientes.

Pese a la contundencia de los puntos, la realidad es que la orden de Biden es tremendamente ambigua. Por ejemplo, no especifica las acciones que debe llevar a cabo su Departamento de Salud y Servicios Humanos, aunque sí que su secretario informe a Biden sobre qué medidas llevar a cabo para proteger el acceso al aborto desde la Casa Blanca.

Entonces, ¿cuáles son esas acciones no concretadas por Biden que su Administración podría llevar a cabo? Hay cuatro vías que han recibido la mayor atención mediática:

• Promocionar y financiar con dinero público el acceso a anticonceptivos como la píldora del día después o dispositivos intrauterinos (DIU), sobre los que no ahondaré.
• Usar terrenos federales para clínicas abortivas.
• Proteger (e incluso ayudar) a aquellas mujeres que viajen entre estados para abortar.
• Contrarrestar a los estados con el poder de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Terrenos federales: ¿nuevos ‘oasis’ abortivos?

Una de las ideas propuestas por figuras progresistas como la senadora demócrata Elizabeth Warren es la de permitir que las clínicas abortivas operen en terreno federal.

• En Estados Unidos, existen bases militares, zonas forestales o parques nacionales que están bajo control del gobierno federal.
• Los estados carecen de jurisdicción dentro de esas fronteras y las leyes estatales más estrictas contra el aborto en principio serían nulas allí.

Desde la Casa Blanca aseguran que una iniciativa así tendría «ramificaciones peligrosas» para mujeres y empleados médicos. Una medida semejante también abriría la puerta a desafíos legales problemáticos para la Administración. Entre los riesgos potenciales, destacan dos:

• En los estados con leyes restrictivas del aborto podrían procesar a médicos que hayan ayudado a una mujer a abortar en terrenos federales en el momento en el que entren en su jurisdicción. Lo mismo podría aplicarse a las mujeres, aunque por ahora hay pocos estados que estén considerando perseguir a aquellas que busquen o lleven a cabo abortos.
• En 2024, la victoria de un presidente republicano podría hacer que el Departamento de Justicia pusiera como prioridades procesar a médicos y organizaciones que hayan operado en clínicas abortivas en terrenos federales acorde a los estados en los que estén afincados esos terrenos.

Protección de los viajes interestatales

En realidad, el uso de terrenos federales podría abrir la puerta a otro problema: entrar en conflicto con la llamada enmienda Hyde. Es algo que también ocurre con una de las opciones que tiene Biden para facilitar el acceso al aborto en EEUU, la de proteger e incluso financiar los viajes interestatales para abortar.

• Ahora mismo, decenas de millones de mujeres solo tienen como opción abortar si viajan a un estado en el que el procedimiento no esté prohibido. En principio, ningún estado procesa a las mujeres que lo hacen.
• Además, el juez conservador del Supremo Brett Kavanaugh ya escribió en la decisión de la Corte sobre el aborto que esos viajes estarían protegidos por la Constitución.
• El Departamento de Justicia puede establecer mejores guardarraíles para proteger a mujeres, médicos y organizaciones que pudieran verse en problemas legales en ese contexto.
• Por ejemplo, para proteger legalmente a médicos que lleven a cabo abortos o a grupos que financien los viajes interestatales de mujeres que quieran tener un aborto.

Una medida de esas características ayudaría especialmente a las mujeres con menos recursos, incapaces de desplazarse cientos de kilómetros para abortar.

La enmienda Hyde

La Administración de Biden tiene las manos atadas a la hora de financiar o ayudar a las mujeres que quieran abortar fuera de sus estados con restricciones. La enmienda Hyde prohíbe que el gobierno federal use dinero público para abortos salvo en caso de violación, incesto o emergencia médica que ponga en riesgo la vida de la mujer.

• De hecho, una de las protecciones que sí podría asegurar el gobierno federal es que aquellos centros médicos y hospitales que reciban cualquier tipo de financiación pública (y hay muchos de ellos) se vean obligados a llevar a cabo abortos cuando una mujer esté sufriendo una emergencia.
• En ese caso, la enmienda Hyde no tendría ningún poder y los doctores que lleven a cabo el aborto correrán menos riesgos, porque no llevar a cabo el aborto para salvar la vida de la mujer también podría ser un crimen. Y además sabrían que el gobierno federal les protegería.

La FDA de Biden y las pastillas de aborto

Pero sin duda una de las opciones más interesantes que tiene Biden para facilitar el acceso al aborto en EEUU tiene que ver con la FDA. La Administración de Medicamentos y Alimentos es la agencia federal que se encarga de regular y aprobar el uso de medicamentos a lo largo de todo el país. Y ahí entran en juego las píldoras abortivas.

• Las píldoras abortivas son dos medicamentos diferentes que la FDA autorizó hace años para usar durante las 10 primeras semanas de embarazo.
• El pasado diciembre, la FDA aprobó una regulación para que los médicos pudieran recetar píldoras abortivas por telemedicina y luego fueran distribuidas por correo.

La teoría de cómo usar esa regulación tiene que ver con el derecho preferente que la FDA tendría sobre las leyes estatales. El fiscal general Merrick Garland, nominado por Biden, tiene una teoría sobre cómo eso podría tener sentido legal y constitucional:

• La FDA tiene la autoridad de regular la seguridad de los medicamentos porque así lo dijeron en su momento las Cámaras legislativas.
• Al ser una agencia federal, la Cláusula de Supremacía de la Constitución estipula que la ley federal tiene prioridad sobre las leyes estatales.
• Es decir, que retirar un medicamento del mercado cuando la FDA ya ha autorizado su uso seguro contradiría la capacidad de decisión de la agencia federal y, por tanto, sería anticonstitucional.

Es evidente que una estrategia de esas características pondría al Departamento de Justicia de Garland en contra de los estados conservadores antiabortistas. El conflicto daría inicio a una dura batalla judicial. Y quizá el Supremo se vuelva a poner a favor de los antiabortistas.

Así que sí, pese a todo, puede que Biden tenga pocas opciones para garantizar el acceso al aborto que tantos estados están quitando en EEUU. Pero demócratas y activistas proaborto quieren que el mandatario al menos lo luche. Pedir el voto para el mes de noviembre no es suficiente. Muchos votantes quieren prestar batalla cuanto antes y que su presidente lidere la contienda.