Cuando en enero de 2020 se secuenció en China el genoma de las 30.000 letras que conforman el coronavirus, en una remota oficina de Massachusetts (EE.UU.) se pusieron a hacer una sopa de letras, conforme a aquella recera viral que llegó de Asia. Aquel caldo alfabético terminó embotellado bajo la etiqueta de ‘Moderna‘, nueve meses antes de iniciarse la vacunación.
Algo parecido sucedió en la ciudad de Maguncia, en Alemania, donde BioNTech se puso a armar su particular rompecabezas de ARNm del que, meses después, nacería la conocida como ‘vacuna de Pfizer‘. Pero la tecnología que hay tras esta revolución vacunal tiene décadas de investigación a sus espaldas. Y la plataforma ‘No es sano’ recuerda que ha sido posible gracias en grandes inversiones de dinero público.
ONG y sociedades médicas han presentado el informe La vacuna: un bien público global para afrontar una pandemia en que calculan que desde que comenzó la pandemia, la inversión pública y filantrópica suma casi 5.000 millones de euros. La mayor parte de esa inversión pública —más de un 98%— procede de los Gobiernos y está liderada por Estados Unidos y Alemania, según el informe.
Lluvia de dinero público para acelerar las vacunas entre países ricos
Entre las compañías que más dinero público han recibido se encuentran Moderna, J&J-Janssen (EE.UU), CureVac (Alemania) y la alianza germanoamericana Pfizer-BioNTech. Juntas acaparan más de la mitad de esa financiación pública. Los cálculos son complejísimos, como se demostró un estudio preliminar de la Alianza de Universidades por las Medicinas Esenciales en el Reino Unido para la más barata de las vacunas, AstraZeneca.
Un estudio británico concluyó que el 97% de la financiación de la vacuna de Oxford-AstraZeneca fue público.
Tras meses investigando, el equipo llegó a la conclusión de que la vacuna británica fue, ensencialmente “de Oxford”: el 97% de la inversión para su desarrollo fue pública, del gobierno de Boris Johnson y de la Comisión Europea, sobre todo.
Un comunicado del Departamento de Salud Estados Unidos reconoció el pasado diciembre que la administración había destinado más de 4.100 millones de dólares para el “desarrollo, ensayos clínicos y producción” de la vacuna de Moderna. Dado que el pequeño laboratorio contaba en 2019 con un presupuesto en inversión y desarrollo (I+D) de cerca de 500 millones de dólares, la vacuna se podría considerar prácticamente ‘pública’.
La socióloga y politóloga Irene Bernal, coautora del estudio, lo ejemplifica para Newtral.es desde Salud por Derecho: “Estos son los cálculos a los que me dedico a diario y reconozco que es verdaderamente difícil, porque la falta de transparencia es un problema que arrastra la política farmacéutica. Los ejercicios de trazabilidad de precio o de I+D son enormemente complicados”. Más, con el actual sistema de protección de la propiedad intelectual.
El director general de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (IFPMA), Thomas Cueni, respondió la semana pasada en Financial Times al activismo por la liberación de las patentes. Según esta patronal, “crearía incertidumbre y enviaría un mensaje equivocado a las compañías farmacéuticas que se han arriesgado en grandes inversiones para reutilizar medicamentos para el tratamiento de pacientes con COVID-19 y ampliar la fabricación”.
Cueni, que plantó cara a Donald Trump cuando pidió a la industria celeridad en las vacunas, reconoce el papel de las administraciones públicas (sus principales clientes), en su negocio “no hay garantía de éxito, ya que pocos tratamientos –e incluso menos relacionados con vacunas– resultan finalmente seguros y efectivos”, y por tanto, comercializables, tras años de inversión e investigación.
El 53% de las dosis, reservadas para países ricos
Son necesarias casi 12.000 millones de dosis para cubrir al 75% de la población mundial. Más de 8.870 millones de dosis se han comprometido en precompras a nivel global. Unos 7.750 millones a través de acuerdos bilaterales y 1.120 millones a través de la iniciativa de compra conjunta COVAX (que termina en venta o donación a países de renta media o baja).
Del total, el 53% —más de 4.700 millones— han sido reservadas por los países ricos. Mientras, los países de rentas medias y bajas solo tienen aseguradas apenas un 17% del total. Y dentro de las economías ricas se ha producido un fenómeno de acaparamiento. Países como Reino Unido o Canadá podrían llegar a vacunar más de tres veces y casi cuatro veces a toda su población, respectivamente.
A pesar de que, en los inicios de la pandemia, muchos Gobiernos insistieron en que las vacunas debían considerarse bienes públicos, “ni los Estados ni las agencias de financiación han hecho valer este esfuerzo”, señalan desde Salud por Derecho. Los contratos de financiación, afirma el documento de No es Sano, “no incluyen condiciones que garanticen aspectos tan relevantes como que las vacunas producto de esa inversión pública tengan un precio justo o que esté asegurado el acceso completo a los datos”.
El panel independiente de evaluadores de la respuesta a la pandemia ponía hace unas semanas sobre la mesa que si no somos capaces de llegar a los objetivos de producción antes de tres meses tendríamos que pensar en la suspensión de pantentes.
Hacia una suspensión de las patentes de vacunas
En el informe se destaca que “La falta de acceso a las vacunas para la COVID-19 evidencia un modelo de innovación y desarrollo de medicamentos roto, ineficaz y cuyas disfunciones no deberían ser una barrera en un contexto de pandemia como el actual”.
Las organizaciones firmantes hablan de un “sistema opaco, basado en los monopolios y dirigido por los intereses del mercado”. A su juicio, el I+D sólo se asienta en las patentes y en la exclusividad de mercado como incentivos a la innovación.
El informe cree que la escasez de vacunas es artificial y apuesta por el mecanismo de la OMS para compartir propiedad intelectual
“Hay muchas fábricas que quieren producir pero por ahora no están llegando a esos acuerdos bilaterales con los grandes compañías de laboratorios de laboratorio”, indica Bernal. Por eso piden que se sumen al mecanismo C-TAP, creado por la OMS para compartir voluntariamente los datos y la propiedad intelectual con otras empresas.
Impulsar licencias a nivel global y no exclusivas, reforzadas a través de una transferencia de tecnología organizada y bajo el paraguas de la OMS. “Una gran oportunidad para cambiar el curso de la historia actual. La escasez de vacunas es artificial y a través de mecanismos como este se multiplicaría exponencialmente su producción”, concluye el informe.
Es absolutamente necesario que las vacunas lleguen a todos. ELIMINACIÓN DE PATENTES YA!