Cómo funciona la Oficina para la Protección de la Constitución de Alemania que vigila al movimiento Reichsbürger

La Oficina Federal de Protección de la Constitución alemana, o Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) en alemán, lleva más de 70 años supervisando los movimientos extremistas y tratando de alertar de las amenazas que plantean contra el país. Ahora, después de seis años dando seguimiento al movimiento Reichsbürger, las alertas de la BfV han terminado con la detención de 25 personas en el marco de una operación que trataba de prevenir el golpe de estado que estas organizaciones estaban planeando.

La BfV es una de las tres patas de los servicios secretos alemanes, con oficinas en Colonia y Berlín, aunque se trata de una agencia atípica. Su misión es recoger y analizar información sobre estructuras extremistas para “detectar y prevenir el espionaje, el sabotaje y las actividades de influencia de los servicios de inteligencia extranjeros” que puedan atentar contra la democracia y las leyes alemanas.

Durante los últimos años, la Oficina Federal de Protección de la Constitución ha alertado sobre el peligro real que suponen los seguidores de la teoría de la conspiración Reichsbürger, que niega la legitimidad del Estado alemán, y el año pasado dedicó una parte de su Informe de Amparo Constitucional a analizar este movimiento, en el que advertía de su potencial violento.

Pero eso también ha traído consigo ciertas presiones para el organismo, como señalaba su presidente, Thomas Haldenwang, en la presentación de su informe anual. “En su historia, la BfV rara vez ha sido cuestionada con tanta intensidad como ahora”, advirtió, a la par que añadía que “el extremismo de derechas sigue siendo la mayor amenaza para nuestro orden básico libre y democrático en Alemania, tanto para la seguridad como, en particular, para la democracia”.

La Oficina Federal de Protección de la Constitución, un sistema de alerta temprana para lidiar con las amenazas

“¿Podemos dar por sentado hoy que todo el mundo puede expresar su opinión libremente? (…) ¿Que todo el mundo puede hablar abiertamente de su orientación sexual individual y vivir en consecuencia? ¿Que las elecciones son democráticas?”, plantea la BfV, que considera que el número de sociedades democráticas “verdaderamente libres” está cayendo. 

Para evitar que suceda en Alemania, la Oficina de Protección de la Constitución funciona como un sistema de alerta temprana de comportamientos extremistas con el que cuentan los servicios de inteligencia para proteger el Estado de derecho y la democracia. 

En la práctica, revisan, por ejemplo, si las actividades de las asociaciones o partidos políticos son compatibles con el orden democrático o si un individuo o un grupo extremista están a punto de cometer un atentado en suelo alemán.

Como en el caso de la formación de ultraderecha Alternative für Deutschland (AfD) y su organización juvenil Junge Alternative für Deutschland (JA), que fueron clasificadas como caso sospechoso y puestas bajo una vigilancia especial por ir en contra de la Constitución. Ahora, entre los 25 detenidos del entorno Reichsbürger se encuentra la dirigente de la AfD Birgit Malsack-Winkemann, según recogen medios alemanes.

Tras observar el aumento de este tipo de movimientos apoyados en teorías de la conspiración, este año la BfV incluyó una nueva preocupación a la que darle seguimiento: la deslegitimación del Estado con peligros para la seguridad y la democracia. En ella, se observa a grupos que buscan invalidar principios constitucionales, menoscabar el funcionamiento del Estado o cuestionar su monopolio en el uso de la fuerza, como explicó Haldenwang.

Explotar las fuentes de datos abiertos

La BfV utiliza fuentes de datos abiertos y las propias redes sociales para examinar discursos, declaraciones o eventos, además de asistir a actos públicos o revisar programas electorales, entre otros medios. Aunque también recurre a técnicas de vigilancia encubiertas, como interceptar correos y telecomunicaciones o emplear agentes secretos.

A raíz de estos análisis, la Oficina Federal de Protección de la Constitución ha detectado un aumento de los delitos, en especial los de la extrema derecha, que han aumentado cerca de un 10%, aunque son menos violentos que en años anteriores. Entre ellos figuran los del grupo Reichsbürger y Selbstverwalter, que sienten que no forman parte de ningún Estado y rechazan el ordenamiento jurídico. Por su parte, los delitos con un trasfondo de la extrema izquierda cayeron un 7,4% en 2021, según el informe.

Siguiendo esas líneas, la BfV cuenta con departamentos especializados en los distintos tipos de extremismos, de izquierdas, derechas, internacionales e islamistas, además de unidades específicas encargadas de contrainteligencia y la ciberdefensa.

El origen de este organismo arranca en 1949, cuando se decidió que la ley fundamental debía incluir garantías para la lucha contra el extremismo político mediante una oficina dedicada «a recoger y difundir información sobre actividades subversivas dirigidas contra el Gobierno Federal», y un año después comenzó a funcionar.Desde entonces, la Oficina de Protección de la Constitución ha hecho frente a distintos grupos, como el movimiento neonazi de extrema derecha Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), cuyos miembros mataron a nueve migrantes y a un agente de policía, además de registrar 43 tentativas de asesinato y tres atentados con bomba.