La Oficina de Conflictos e Intereses (OCI) ha denegado a 15 ex altos cargos distintas solicitudes para comenzar a trabajar en la actividad privada, tras su cese en la administración pública, por encontrar incompatibilidades con sus funciones anteriores con las empresas a las que aspiraban a incorporarse. Se trata del 3,6% de solicitudes totales, desde 2008. Así lo refleja una respuesta a Newtral.es tras una petición de transparencia al Ministerio de Hacienda.
Como recoge el Portal de Transparencia, casi 400 autorizaciones han sido favorables. Aunque no equivalen a personas porque un ex alto cargo puede tener varias resoluciones positivas. Una de ellas fue el visto bueno al ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre Martínez, para trabajar en SENER Aeroespacial como consultor estratégico.
Qué dice la ley
La normativa reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado en su artículo 15 recoge que “los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.
Cuando un alto cargo cesa su actividad en la Administración General del Estado, como un ministro o un director general, tiene la obligación de solicitar la autorización de la OCI para incorporarse al sector privado. Este período dura dos años, después no tiene que dirigirse a este organismo.
Quince denegaciones en catorce años
Alfonso Martinell Sempere fue cesado en enero de 2008 como Director General de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional y posteriormente acudió a la OCI para que le permitieran trabajar en una fundación cultural y educativa. La oficina le negó el trasvase.
Esta es la primera de las quince denegaciones efectuadas por la Oficina en 14 años, según la información facilitada a Newtral.es
Otro caso es el de Alberto Pons Fernández, que fue presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares entre 2013 y 2015. Tras dejar su cargo solicitó poder trabajar en una empresa de servicios portuarios. La OCI le dijo que no porque esa empresa ha resultado afectada por decisiones en las que participó como presidente.
Asimismo, Ignacio Azqueta Ortiz, fue director general del ‘Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas’ y pretendió que su siguiente cargo estuviese en una empresa del sector aeroespacial. La respuesta de la OCI, la misma que a Pons.
A los que les han dicho que sí
Por otro lado, si consultamos las autorizaciones vemos situaciones como la de Fernando Alejandre Martínez, quien fue Jefe de Estado Mayor de la Defensa y al que la OCI sí le dio el visto bueno para ser consultor estratégico en SENER Aeroespacial. Esta empresa ofrece servicios en materia de comunicación espacial y de defensa.
En concreto, la OCI concluyó que “no existen objeciones que formular al desarrollo de dicha actividad”, tras recibir un escrito de la Subsecretaría de Defensa donde se indica que Alejandre Martínez “no se tiene constancia que durante el tiempo que desempeñó el cargo del JEMAD tuviera relación” con la compañía. Newtral.es ha tenido acceso a ambos informes [1,2] mediante una respuesta por transparencia.
Se repite este movimiento en otro ex alto cargo de la Defensa. El ex jefe de Apoyo Logístico de la Armada, Salvador Delgado, requirió incorporarse como asesor en la compañía Advisory Experts, que como se puede ver en su portal web tiene relación con la industria aeroespacial y de defensa. Las respuestas también fueron favorables: el sí de la OCI y el “no ha tenido relación directa con la entidad” mientras desempeñó el cargo público de la Subsecretaría de Defensa.
Todos los ex ministros que lo han solicitado han recibido la aprobación
Además de la defensa, los que no conocen un no como respuesta son los ex ministros del Gobierno. Entre los casi 400 expedientes favorables vemos un total de 17 exministros con más de 42 vistos buenos a sus peticiones de trabajar en el sector privado.
En este listado hay ejemplos como el de José Guirao, ministro de Cultura y Deporte entre 2018 y 2020 durante el gobierno de Pedro Sánchez. Fue autorizado a unirse a la Fundación Sandretto Re Rebaudengo, cuya misión es apoyar a jóvenes artistas italianos y extranjeros, promover el arte contemporáneo y la producción de nuevas obras.
Del equipo de gobierno de Mariano Rajoy, se le dio vía libre a la ex ministra de empleo y seguridad social, Fátima Báñez, a participar laboralmente con la fundación CEOE para canalizar aportaciones de empresa, pymes y autónomos con el “objetivo de enviarlas a la administración pública y entidades sociales para luchas contra la COVID-19”.
Por su parte, Carmen Montón dirigió la cartera de Sanidad durante tres meses y posteriormente se le permitió trabajar en la Fundación Fundamed, una fundación de ciencias del medicamento y productos sanitarios.
Otro caso autorizado por la OCI es dejar que Rafael Catalá, ex ministro de Justicia, formase parte del patronato de la Fundación Legalitas.
Los últimos en sumarse a esta extensa lista son dos ex miembros del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Los ex vicepresidentes del Gobierno, Pablo Iglesias y Carmen Calvo. Ambos pidieron permiso a la OCI para ejercer como tertulianos en la Cadena SER.
Iglesias se dirigió a este organismo en cinco ocasiones más para que le dieran vía libre fuera de la vida política en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y en otros medios como Rac1 y los periódicos Contexto, Ara y Gara.
Fuentes
- Portal de Transparencia
- Oficina de Conflicto de Intereses
Que basura es esta?