El hashtag #Juliosequeda comenzó a llenar las redes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) el pasado viernes 13 de noviembre, cuando se tenía que hacer efectivo el desahucio de Julio Díaz, con 83 años, cáncer y demencia senil, como recoge la delegación de la PAH en Palma de Mallorca.
Horas más tarde, el colectivo y otras plataformas celebraban que habían logrado frenar su lanzamiento y el hashtag se hizo realidad.
Pero el caso de Julio es uno de los pocos desahucios que no fue, frente a la media de 15 lanzamientos diarios entre abril y junio, en plena pandemia y pese a la orden del Gobierno de suspender los desahucios como parte de lo que ha llamado el ‘escudo social’.
¿Cómo es posible? El decreto no protegía a todos y los datos lo han demostrado. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) registra 1.383 lanzamientos en el segundo trimestre del año, mientras estaba vigente la orden que paraliza los desahucios.
Aunque la cifra es un 90% menor que la registrada el trimestre anterior, cuando hubo 9.659 lanzamientos, las plataformas sociales ponen en duda que este descenso se deba a las medidas del Gobierno, y apuntan a la paralización de la Justicia por el estado de alarma como la causa real.
“Se puede atribuir el mérito de una paralización relativa, bienvenida, pero los desahucios no están paralizados, sigue habiendo desahucios todas las semanas”, explica Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).
Una medida con letra pequeña
El martes 31 de marzo, el Consejo de Ministros anunció que había acordado suspender los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma. En ese momento parecía que la pandemia había logrado lo que los colectivos llevaban reclamando durante años, como señala Isaac Rosa en una columna en eldiario.es.
Pero en la publicación en el BOE de ese mismo día se explica que la medida solo protege a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad derivada de la pandemia, no a quienes ya estaban en esa coyuntura desde antes ni a quienes han visto empeorada su situación por el virus.
La norma aplica a casos “en los que la persona arrendataria acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional”, se puede leer en el BOE.
“Si no hay vulnerabilidad asociada al covid, si es anterior, como en la mayoría de los casos, porque los procedimientos judiciales tienen una duración, el decreto no sirve”, explica Rubio, que defiende que la medida se debe ampliar. “Entendemos que la vivienda es el primer refugio; necesitas una vivienda para la cuarentena y el derecho a la salud está por encima. Por eso venimos solicitando un decretado que paralice todos los desahucios”.
El CGPJ confirma a Newtral.es que “el Real Decreto no prohibía todos los lanzamientos, sino solo aquellos que afectaran a personas en situación de vulnerabilidad”. Además, precisa que “no todos los lanzamientos son desahucios, pues hay lanzamientos que afectan a otros bienes (plazas de garaje, fincas, locales comerciales, etc). Es decir, los órganos judiciales practicaron aquellos que no estaban sujetos a la prohibición”.
¿Se puede atribuir la bajada de las cifras a esta medida?
Tanto Amnistía Internacional, como el CAES y Provivienda consideran que la bajada en las cifras “no tiene que ver con las medidas del Gobierno, sino con la paralización de la Justicia”, que suspendió los plazos procesales hasta el 4 de junio, como explica Marta Mendiola, portavoz de Amnistía Internacional en España.
“Las medidas del Gobierno están bien, pero son medidas que afectan a personas a las que el covid haya influido en su situación económica. Es decir, si estabas mal económicamente de antes… no te cubre”, dice Mendiola.
Las organizaciones afirman que la medida ha ayudado, pero que también ha dejado a muchos atrás y exigen que se paralicen por completo los desahucios.
La PAH también ha denunciado que las medidas eran insuficientes. “No tiene sentido que Pedro Sánchez pida que nos quedemos en casa salvo que sea totalmente necesario salir y no se plantee acabar con los desahucios en pleno estado de alarma”, señalan en su web. “1.383 desahucios, en tan poco espacio de tiempo y en la situación de pandemia que sufrimos, sigue siendo una cifra escandalosa que reafirma la necesidad de un Real Decreto que sea una moratoria real para todo tipo de desahucios”, añaden en otro comunicado.
El escudo social no es para todos
“Se ha quedado mucha gente fuera”, dice Natalia Palomar, responsable de Incidencia jurídica de Provivienda. La especialista explica que lo habitual es que las personas afectadas por una ejecución hipotecaria u otro procedimiento de desahucio tengan una situación de vulnerabilidad previa.
Palomar considera que la incidencia de las medidas del Gobierno no se podrán valorar hasta que no estén los datos del tercer trimestre, pero añade que, “aún así, la sensación que tenemos es que no está siendo nada fácil que las personas que están en vulnerabilidad afectadas por el coronavirus puedan juntar documentación para demostrarlo” y tampoco que el juzgado paralice el lanzamiento.
Rubio también critica que la falta de datos impide conocer el perfil de los afectados por los lanzamientos, y no se sabe si se están desahuciando más a personas mayores, mujeres, niños o cuál es el perfil.
La versión del Ministerio de Derechos Sociales
Desde el Ministerio dirigido por Pablo Iglesias reconocen que se han producido desahucios. Señalan como causa la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE -su socio de Gobierno- para que se pudiera ampliar la prohibición de los lanzamientos a todos los ciudadanos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, con independencia de si esta hubiera sido o no provocada por el coronavirus.
En esta línea va la iniciativa presentada esta semana por Unidas Podemos, junto con ERC y EH Bildu, en el Congreso. Piden que se modifique el decreto ley del 31 de marzo y que se extienda la “suspensión extraordinaria” de los desahucios en cinco supuestos hasta, “al menos, el fin del estado de alarma”; y siempre que no se tenga alternativa habitacional.
Fuentes:
- Suspensión de desahucios y de lanzamientos
- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo
- Lanzamientos practicados en el segundo trimestre, CGPJ
- Plataforma de Afectados por la Hipoteca
- Instrucción de 4 de junio de 2020 sobre la suspensión de los plazos procesales
- Marta Mendiola, portavoz de Amnistía Internacional en España
- Natalia Palomar, responsable de Incidencia jurídica de Provivienda
- Javier Rubio, abogado del CAES
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