Las claves de la nueva ley de ciencia: blindar presupuestos, nuevos contratos para investigadores y tasa de reposición

El Gobierno ha aprobado este viernes 18 de febrero en Consejo de Ministros extraordinario la nueva ley de ciencia. Esta normativa, que modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación​​​​​​​, tiene como objetivo acabar con la precariedad laboral de los investigadores en España a través de una reforma de la carrera científica “para dotar de más estabilidad al personal investigador”, ha anunciado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. 

“Es un texto transformador que cumple con dos demandas unánimes de la comunidad científica y la sociedad: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores de nuestro país y garantizar una financiación pública, creciente y estable en I+D+i alineada con los requisitos de la UE”, ha añadido.

En concreto, la ley blinda el presupuesto en ciencia hasta llegar a los objetivos recomendados por la Unión Europea del 1,25% del PIB en inversión pública en 2030 e introduce medidas para reducir las cargas administrativas, combatir la brecha de género y atajar la temporalidad y el envejecimiento del personal.

La nueva ley de ciencia blinda los presupuestos hasta cumplir los objetivos de la UE

Entre la medidas que recoge la nueva ley de ciencia está ​​blindar un aumento continuado de la inversión pública en investigación hasta que España alcance en 2030 los objetivos recomendados por la Unión Europea y “garantizar una financiación pública en I+D+i creciente y estable que no esté sometida a vaivenes políticos”, según las afirmaciones de Morant. 

El porcentaje de inversión marcado por la Comisión Europea como meta para 2030 en el Pacto por la Ciencia y la Innovación establece que los Estados Miembros inviertan en total, entre público y privado, el 3% del Producto Interior Bruto.

De esto, la parte pública está fijada en un 1,25% del PIB y, según el INE, “en 2020 la inversión pública supuso el 0,58% del PIB”, como cita la propia ministra en una entrevista en El País.

Nuevos contratos para investigadores: atajar la temporalidad y reconocer la experiencia

Según explica el Ministerio de Ciencia e Innovación en su web, en la ley se diseña un nuevo itinerario posdoctoral “que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable”. “La idea es mejorar la predictibilidad de la carrera científica en sus fases iniciales”, añade. 

Además, se introduce una nueva modalidad contractual laboral indefinida vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas, según recogen en la web y en el anteproyecto de ley. En enero el Gobierno abrió el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto que ya se ha cerrado. 

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“La ley recoge la creación de un nuevo contrato indefinido en línea con la nueva reforma laboral para dar estabilidad al personal de investigación técnico y a los grupos de investigación”, ha anunciado Morant.

Hasta ahora, el contrato más utilizado en el sector era el de obra y servicio, como recuerda la ministra, y que desaparece con la nueva reforma laboral. La investigación se lleva a cabo a través de fondos externos que se ganan por concurrencia competitiva asociados a proyectos con una duración de unos cuatro años. “Cada cuatro años se destruían los grupos de investigación. Los científicos quedaban en el aire y tenían que buscar un nuevo proyecto donde trabajar”, ha explicado Morant.

Ahora, con la nueva ley de ciencia se introduce un contrato indefinido específico denominado de actividades científico-técnicas que no consume tasa de reposición. Es decir, se contrata de manera indefinida a este personal investigador dentro de los grupos de investigación. “Tendrán una duración indefinida y podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación de ayudas públicas”, recoge el anteproyecto. 

Con este cambio, el personal contratado tendrá derecho a una indemnización tras la finalización de la relación laboral, tanto ​​para contratos postdoctorales como predoctorales.

Reconocimiento de la experiencia en el extranjero y acceso a una plaza pública

Por otra parte, para los investigadores en camino de acceder a una plaza pública se establece un nuevo contrato de seis años –de tres más tres– con una evaluación intermedia que llevará a la promoción y la posibilidad de que los investigadores pasen de formar parte de un grupo de investigación a liderarlo. 

Se hace, además, una reserva para esos investigadores de itinerario estable de un 25% de las plazas en los organismos públicos de investigación y de un 15% en las universidades. 

Con la nueva ley, el quinquenio –una de las medidas que reconoce la actividad de los investigadores​​ y de la que depende parte de su retribución– reconocerá la experiencia en investigación en todo el sector público español. Ya no es exclusivamente en los Organismos Públicos de Investigación, sino también la experiencia adquirida en una universidad o en una fundación tanto en España como en el extranjero. 

Lo mismo ocurre con el certificado R3 –necesario para el acceso a una plaza pública– que lo podrán solicitar también las personas que están en el extranjero, como adelantó Morant en una entrevista en la Noche en 24H: “si teníamos un investigador en el extranjero no podía utilizar su experiencia fuera para su acceso a una plaza pública en España”. También se añade un nuevo sexenio de transferencia de conocimiento.

La nueva ley de ciencia reconoce al personal técnico como investigadores

Entre otras medidas que recoge la ley está el reconocimiento del personal técnico en la misma categoría que los investigadores. “Ya no hablaremos de investigadores y técnicos sino de personal investigador. Eso se reconoce por ley por primera vez”, especifica Morant, que ha comentado que se introduce recoge como tal la figura del tecnólogo.

También incluye al personal sanitario investigador como personal del sistema público de I+D+i. “Si un investigador sanitario dedica más del 50% de su tiempo a la investigación, desde la ley mandatamos a las comunidades autónomas que tienen las competencias de salud para que reconozcan categorías específicas para estos investigadores”.

La ministra ha defendido que con la definición de una carrera científica más clara y más estable “se pone fin a la precariedad endémica en el sector público de la I+D+i”. 

[Ocho de cada 10 empresas obligadas a tener un plan de igualdad no cumplen todavía con la norma]

La ley, además, añade la seguridad jurídica a la igualdad de género en el I+D+i y recoge la obligatoriedad de tener planes de igualdad de género, como ya ocurre con las empresas de más de 50 empleados. Tampoco penalizará el tiempo de excedencias para evaluar los méritos de las carreras científicas.

Recuperar una tasa de reposición que permita el relevo entre investigadores

Con la nueva ley de ciencia uno de los temas que se quieren cubrir es el de la tasa de reposición, es decir, el número de funcionarios que ingresan en la Administración frente al que salen. Este punto es importante porque el Ejecutivo calcula que hay 5.000 puestos que se han perdido porque cuando un científico se jubilaba su plaza se amortizaba y desaparecía. 

Ahora, según ha asegurado la ministra, por cada 10 jubilaciones se repondrán 12 profesionales: es decir, habrá una tasa de reposición del 120%. “Con la nueva tasa de reposición más los contratos estables vamos a reponer en tres años 12.000 investigadores”, ha señalado. El Ministerio calcula que en 10 años van a jubilarse 25.000 investigadores. 

La ley de ciencia también considera al personal científico como esencial a efectos de tasa de reposición, en la misma categoría que el personal sanitario, educativo o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La creación de la Agencia Espacial Española se concretará en un año

En el texto también se recoge la creación de la Agencia Espacial Española, adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación para fomentar y desarrollar la investigación e innovación en el ámbito del espacio con plena coordinación con la Agencia Espacial Europea.

Su creación se concretará en un año, como ha afirmado la ministra en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y sin aumento de gasto público “y no se financiará con créditos del presupuesto financiero del Estado, salvo en los casos y con los límites que se establezcan mediante Ley de presupuestos generales del Estado”, según recoge el anteproyecto de ley.