En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado 2 de octubre se publica la derogación del Real Decreto que regulaba el funcionamiento de las VTC (las licencias de vehículos que utilizan muchos de los conductores de aplicaciones como Cabify o Uber) y, simultáneamente, el régimen sancionador que impondrá multas a los conductores que acepten pasajeros sin reserva previa o realicen trayectos incumpliendo las limitaciones territoriales del servicio.
Así, queda derogado el Real Decreto 1076/2017 por el que se establecían normas complementarias al reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (VTC) tras ser declarado nulo por el Tribunal Supremo en 2017. Concretamente, el Supremo anuló la norma que obligaba a esperar dos años para poder vender una licencia y a comunicar los datos de los pasajeros previamente a la realización del viaje.
Esta sentencia considera dichas normas “desproporcionadas y contrarias a derecho” dado que incluyen los datos personales de los usuarios. Según recoge el BOE, el Tribunal considera que esta información “resulta irrelevante para el fin que se persigue, creándose una base de datos que permite establecer patrones de conducta en relación con la movilidad y la utilización del servicio de este transporte urbano de personas físicas perfectamente identificadas”.
Multas a VTC por recoger pasajeros sin reserva
Los titulares de las licencias sí deberán proporcionar a la Administración nombre y número de identificación fiscal; lugar, fecha y hora de celebración del contrato; y del fin e inicio del servicio y matrícula del vehículo. Esto estará regulado por el Real Decreto 785/2021, que también se ha publicado este sábado y que recuerda que la posibilidad de contratar servicios de transporte en vehículos de turismo en la vía pública está legalmente reservada a los taxis.
Si los vehículos VTC recogen a pasajeros sin reserva, puede acarrear multas, según queda estipulado en la Ley 13/2021 publicada en el BOE, que establece el régimen sancionador para estos supuestos.
Convenio entre Hacienda y Ceuta para financiar las actuaciones en el Tarajal
El BOE también incluye un convenio de colaboración con Ceuta para cofinanciar los servicios públicos prestados y las actuaciones soportadas por la ciudad autónoma en la zona fronteriza de El Tarajal.
El convenio, firmado por la Secretaria de Estado de Hacienda -en representación del Ministerio de Hacienda y Función Pública– y la consejería de Hacienda, Economía y Función Pública de Ceuta, reconoce que la ciudad “por su especial situación geográfica, está obligada a asumir unos costes de funcionamiento asociados a la gestión de la zona fronteriza de El Tarajal”.
“El hecho fronterizo supone unos costes extraordinarios, lo que perjudica la prestación de servicios que le son propios a la Ciudad de Ceuta”, añade. Entre estos se destacan la regulación del tráfico de personas y vehículos, la seguridad privada del paso fronterizo, la recogida de residuos y limpieza de esta zona, la lucha contra el fraude en las importaciones de mercancías y las actuaciones sociales.
Así pues, el convenio firmado ayudará a financiar “actuaciones de gasto corriente” para la gestión de la zona fronteriza. La vigencia del mismo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021 y tendrá un importe máximo de 3.250.000 euros.
Contratos del Ministerio de Interior: radares de vigilancia marítima y 10.000 porras extensibles
El BOE también incluye varios contratos y anuncios de licitación para el Ministerio de Interior.
Entre ellos destacan el anuncio de formalización de un contrato de adquisición de 10.000 porras extensibles para el Cuerpo Nacional de Policía por valor estimado de 65,95 euros cada una. También el anuncio de licitación para la contratación de un suministro de sensores radar de vigilancia marítima para la Guardia Civil (por valor estimado de 1.285.000 euros) y de un servicio de comunicaciones de banda ancha satelital para 20 embarcaciones del mismo cuerpo de seguridad (por valor estimado de 1.440.000 euros).
