En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes 5 de febrero se publica una resolución de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional que modifica una anterior. Concretamente, actualiza los tipos de interés fijos y diferenciales del coste de financiación del Estado.
Todo ello se realiza a efectos de cumplimiento del apartado tercero de la Resolución de 4 de julio de 2017, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Es decir, el límite de endeudamiento de dichas corporaciones.
De este modo, las comunidades autónomas y las entidades locales solo pueden realizar operaciones de endeudamiento y de derivados financieros en los términos establecidos en dicha resolución. No obstante, las operaciones de endeudamiento concertadas con organismos multilaterales de financiación quedarán sujetas únicamente al cumplimiento de la condición de coste máximo.
Teniendo en cuenta los costes de financiación actualizados, si el coste total máximo de los préstamos fuera negativo en virtud de lo establecido en la resolución de 2017, podrán formalizarse préstamos a un tipo del 0%.
Apoyo contra la COVID-19
El boletín recoge también una Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En ella, se publica el convenio de contribución de la Unión Europea para financiar la acción de apoyo al Plan de Contingencia COVID-19 de la región SICA (Sistema de la Integración Centroamericana).
Este plan fue aprobado en 2020 durante una reunión extraordinaria de los Ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Entre sus objetivos se encuentran algunos como “complementar los esfuerzos nacionales, contribuir a mitigar los impactos socioeconómicos de la pandemia y definir las acciones que permitirán la pronta recuperación económica y social de los países de la región”.
El coste total de la acción se estima en 4.500.000 euros, y la Unión Europea como órgano de contratación se compromete a aportar una contribución de hasta un máximo de 4.000.000 euros.
