La nueva ley para la transformación digital del sistema financiero, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado 14 de noviembre, regula los mecanismos para que el sistema financiero pueda desarrollar proyectos tecnológicos de innovación y adaptarse al entorno digital de manera segura para el usuario.
Esta legislación, según explica la exposición de motivos del texto, refuerza el sistema de rendición de cuentas y la colaboración con las autoridades. En especial, para asegurar que la transformación digital en el sistema financiero no vulnera la estabilidad financiera y protege a la clientela.
De esta forma, la ley busca incorporar los avances en nuevas tecnologías y conceptos cada vez más habituales, como fintech, insurtech o regtech, que suponen cambios importantes en los modelos de negocio tradicionales del sistema financiero y, sobre todo, en la relación con los clientes.
¿Cuáles son los objetivos?
En el preámbulo de la nueva ley se explica que «se trata de facilitar el acceso a la financiación como motor de la economía, asegurando que la transformación digital no afecte en modo alguno al nivel de protección al consumidor de servicios financieros, a la estabilidad financiera y a la integridad en los mercados, ni permita la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».
Para ello, la ley establece varias medidas que permitan dos objetivos: que las autoridades financieras puedan seguir cumpliendo con sus funciones de vigilancia y control en el contexto digital; y que el nuevo entorno democratice el acceso a la financiación.
¿Cuál es la principal innovación?
La ley establece las condiciones para un espacio controlado de pruebas o regulatory sandbox donde se examinen innovaciones financieras tecnológicas que generen «nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con incidencia sobre los mercados financieros».
Se trata de un entorno seguro en el que probar los avances tecnológicos en el sector financiero que aún no están regulados y analizar el impacto que pueden tener en el sistema financiero para poder elaborar un marco normativo adecuado. Los nuevos sandbox funcionarán bajo tres principios establecidos en la ley: “Se trata de un espacio controlado; es un instrumento supervisor; y se rige por un esquema ley-protocolo”.
Las empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación o cualquier otro promotor pueden presentar sus proyectos, que serán aprobados “si se encuentran suficientemente avanzados y si pueden aportar valor añadido en aspectos que van desde la mejora del cumplimiento normativo o de los instrumentos de protección a la clientela, hasta el aumento de la eficiencia y la mejora de la prestación de los servicios financieros”.
Euskadi aumenta el límite de endeudamiento
El BOE también recoge la una modificación a los presupuestos de Euskadi para aumentar el límite máximo de endeudamiento previsto para 2020, debido a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia internacional ocasionada por el coronavirus.
La medida responde, según se explica, a la necesidad de ajustar el endeudamiento para paliar «un mayor gasto en servicios especialmente afectados por la pandemia, así como una menor recaudación por tributos concertados y la consiguiente reducción de las aportaciones estimadas en los ingresos del presupuesto para el presente ejercicio».
De esta forma, el techo de endeudamiento pasa de un tope de 171.640.354 euros, como recogía el presupuesto inicial el 27 de diciembre de 2019 (art. 10), a un máximo de 1.546.237.355 euros.
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