El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles 9 de diciembre la formalización del contrato adjudicado por la Secretaría General de Administración Digital a Indra para el servicio de mantenimiento, soporte y evolución del sistema de rastreo de contactos Radar COVID’por 1,4 millones de euros.
El contrato ha sido negociado sin publicidad y tramitado mediante procedimiento de de emergencia. La explicación en el propio anuncio de formalización explica que «se hace necesario abordar de manera inmediata, la continuidad del apoyo a los rastreos de contactos y la evolución del piloto existente, para que pueda ser usado de forma satisfactoria y masiva por toda la población y ayudar así a minimizar y controlar la expansión de la COVID-19 en España».
Los pliegos no están disponibles en el Portal de Contratación del Estado, por lo que no es posible tener información más detallada sobre este segundo contrato del Gobierno con Indra en torno a ‘Radar COVID’. Lo mismo ocurre aún con el primer contrato, para el diseño y desarrollo de la app, cuyos detalles no están publicados en el Portal de Contratación y cuya petición a través del Portal de Transparencia ha sido denegada.
Medidas urgentes en Cataluña
El BOE de hoy también recoge tres decretos-ley promulgados en Cataluña.
Con las medidas urgentes en el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la Generalitat pospone el la entrada en vigor del incremento de las tarifas del impuesto y la aplicación del recargo en la ciudad de Barcelona. Y además, crea una nueva deducción en la cuota del IRPF aplicable por obligación de presentar la declaración del impuesto como consecuencia de tener dos o más pagadores.
Las medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 incluyen un pago único de 2.000 euros para favorecer el mantenimiento de la actividad económica de las personas trabajadoras autónomas; una ayuda extraordinaria de 750 euros a personas profesionales y técnicas de las artes escénicas, artes visuales, música y audiovisual, y de otras actividades culturales suspendidas por la crisis sanitaria en Cataluña, para favorecer la sostenibilidad económica del sector cultural; y una revisión de los precios en los servicios sociales.
El tercer decreto-ley de Cataluña publicado hoy en el BOE, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19, pretende garantizar que las personas en «situación de riesgo de exclusión residencial» puedan permanecer en su domicilio mientras no tengan una propuesta de alquiler social.
Asimismo, el texto añade una disposición para la «suspensión excepcional y transitoria por motivos sanitarios de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos que afecten hogares vulnerables sin alternativa habitacional» a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
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