El Boletín Oficial del Estado publica hoy la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de admitir a trámite dos recursos de inconstitucionalidad promovidos por «más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista».
El primer recurso va contra el Decreto-ley 6/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, aprobado por la Junta de Andalucía. El segundo recurso es contra el Decreto-ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, aprobado por la Junta de Castilla y León. Ambas decisiones del Tribunal están fechadas el 20 de octubre.
Por otra parte, el BOE recoge hoy la creación de una Unidad Administrativa en la Administración de Justicia como medida urgente complementaria para hacer frente al COVID-19. La unidad es de naturaleza temporal y, salvo necesidad adicional, dejará de existir el 31 de diciembre de 2021. Contará con 19 puestos que se cubrirán entre los funcionarios de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y Administrativa.
Cinco indultos más
El boletín publica cuatro indultos propuestos por el Ministerio de Justicia y aprobados en el Consejo de Ministros.
Patricia Cuendías Fernández y Lorena Rodríguez Fernández fueron condenadas en 2017 a dos años, seis meses y un día de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secreto. Hoy cada una de ellas ve conmutada su «pena privativa de libertad por otras de dos años de prisión», lo que permite que su ingreso en la cárcel quede en suspenso. Los dos reales decretos de indulto mantienen «los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia en cuanto a la inhabilitación y multa, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto».
Lo mismo ocurre con el caso de José Ángel Osuna Martínez, condenado en 2016 por un delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes. Su pena de cárcel de dos años, seis meses y un día también se reduce a dos años gracias a un real decreto.
Manuel Revelles Carrasco, condenado a dos años, seis meses y un día de prisión en 2016 como autor de un delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes, es el cuarto al que se le reduce la pena a dos años.
Y el último indulto del día es para Jorge Pérez Pérez, condenado por el Juzgado, condenado en 2014 a nueve meses de prisión como autor de un delito continuado de hurto. En este caso, la cárcel se conmuta por nueve meses de trabajo en beneficio de la comunidad.
En todos los casos «concurren razones de justicia y equidad».
Cese quíntuple y nombramiento en embajadas
El BOE también publica hoy algunos cambios en las embajadas, aprobados en el Consejo de Ministros de ayer.
Por un lado está el cese de José Ramón Barañano Fernández, que dejará su residencia en la embajada de España en Nueva Delhi. Desde allí ejercía como embajador en India, Bután, las Maldivas, Sri Lanka y Nepal.
Por otra parte, un nombramiento: el de Carlos de la Morena Casado como embajador de España en El Salvador.
Asimismo, el boletín recoge el cese de la hasta ahora secretaria general para el Reto Demográfico, Elena Cebrián Calvo. Y el nombramiento de su sucesor, el ex senador socialista Francisco Boya Alós.
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